No importa que el Consejo Nacional Electoral convocase a elecciones legislativas para el 6 de diciembre de este año. Hoy en día las formas para derrocar gobiernos constitucionales y democráticos es transformarlos en dictaduras. En la república bolivariana de Venezuela el itinerario ha sido transparente. Primero se busca descalificar el proyecto globalmente, adjetivándolo de populista, negando el valor jurídico del proceso constituyente y rechazando la Constitución. Se infravaloran las nuevas instituciones, a los procesos electorales se les considera un fraude, se deslegitima a los representantes electos y se levanta un relato en el cual los partidos opositores y los medios de comunicación son perseguidos por hordas marxistas totalitarias.
Para que la historia tenga credibilidad, se tensa la gobernabilidad democrática y se juega en el filo de la conspiración y el golpismo. El objetivo, colmar la paciencia del gobierno y obligar a las autoridades a tomar medidas represivas. En este plan hay quienes asumen el papel de mártires que serán paseados por el mundo como víctimas de la dictadura bolivariana. Son dirigentes que llaman a la sedición, a romper la legalidad vigente y a conspirar contra el Estado. El fin, deslegitimar al gobierno bajo la acusación de situarse fuera de la ley y la Constitución. Los mismos opositores que la tildaron de totalitaria, excéntrica y ajena a la tradición constitucionalista, se trasforman en sus guardianes. Y desde sus cargos de representantes electos democráticamente hacen un llamado a la desobediencia civil, a tomar las calles, a ejercer la violencia. Leopoldo López, encarcelado por sedición, ha sido trasformado en preso político por sus acólitos. Ya tienen su ícono. La siguiente escala, subrayar que el país está en manos de un gobierno corrupto e ilegítimo. Democracia versus dictadura. Ellos se autodenominan demócratas y descalifican a la ciudadanía que no comparte su criterio. Para completar el cuadro de ser Venezuela y su gobierno un régimen dictatorial, falta acoplar el frente exterior, promoviendo sanciones internacionales y declaraciones tendentes a demostrar que con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro se vive una cruenta dictadura donde los derechos humanos no son respetados.
Curiosamente, quienes hacen estas declaraciones pueden transitar libremente, conceder entrevistas, recibir apoyos económicos, convocar a mítines, conferencias y ser aclamados en cualquier espacio público sin sufrir represión alguna. Al contrario, cuentan con protección gubernamental para que se expresen libremente ¿Qué dictadura permitiría tal acción?
El juego se traslada de escenario. Ya no se trata de provocar la actuación de las fuerzas armadas, más bien dividirlas, romper su disciplina y compromiso con la revolución bolivariana. Igualmente, definir el régimen como una dictadura se ajusta al itinerario, estrategias y argumentos recurrentes propios de la guerra fría, aunque los tiempos y la realidad no guarden parangón. Tras la II Guerra Mundial, el anticomunismo y la necesidad de bloquear una revolución socialista llevaron a las burguesías latinoamericanas a mostrar su lado oscuro. Ningún proceso de cambio social, cuyo liderazgo no ejercieren, tendría éxito. Lo abortarían de cualquier manera. Si el conflicto se les escapaba de las manos y perdían el control político, podían optar por incluir las clases trabajadoras, concediendo derechos sociales, económicos y políticos, siempre bajo su tutela; también podían cooptar a los dirigentes políticos y sindicales de los partidos obreros y populares, frenando las reivindicaciones democráticas a cambio de un trozo del pastel y una economía saneada en lo personal. Sindicatos corruptos, vinculados a los partidos dominantes fueron la mejor arma para diluir las demandas de las clases trabajadoras. También lo fue crear partidos políticos ad-hoc para legitimar una oposición sumisa y dar la imagen de vivir en una democracia; por último, practicaron una política represiva consistente en la exclusión. Las tres vías son reconocibles en las historias políticas de los países latinoamericanos.
Mientras tanto, Estados Unidos se trasformaba en gendarme político de la región. Así, propondrá a las burguesías locales vincular el cambio social a tres conceptos irrenunciables. Condición sine qua non para disfrutar de las ayudas económicas y ser socios subordinados del proyecto estadunidense. Seguridad, desarrollo y democracia fueron los ejes sobre los cuales se levantó la dominación imperial en la región. Su agenda no tuvo fisuras. Bajo el manto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se planificó la seguridad frente al enemigo exterior e interno y la subversión. La Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de escaparate para el nuevo panamericanismo y promover acuerdos económicos de cooperación. La modernización política consistió en brindar el apoyo a las élites del pacto anticomunista. Democratacristianos, socialdemócratas, liberales, progresistas y nueva derecha.
No hubo muchos argumentos para derrocar gobiernos democráticos y antiimperialistas. Si una coalición o partido político ganaba unas elecciones libres, poniendo en marcha la reforma agraria, un plan de nacionalizaciones y fomentando la participación de las clases populares, caía en desgracia. Las fuerzas armadas, en nombre de la patria ultrajada, actuaban contra la implantación de ideologías foráneas disolutivas de la nación, y en defensa de los valores de la cultura occidental, católica, apostólica y romana. En definitiva se alzaban contra el totalitarismo marxista. Hoy, para romper la institucionalidad democrática, las burguesías locales y el imperialismo estadunidense sólo tienen "una salida", ante el descrédito de los golpes de Estado, mejor deslegitimar la democracia, promoviendo dictaduras blandas. Y en eso andan.
Publicado en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/28/opinion/013a1pol
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