Imagen: Sandra Cartasso
La iniciativa es una respuesta al freno a la venta de terrenos en Costa Salguero
Unos 17 jueces del fuero y cinco camaristas enviaron una carta a la Legislatura donde decían que "así redactado, el proyecto en cuestión podría implicar una complejización y desnaturalización de los procesos".
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró que la Legislatura apruebe el proyecto que reforma la ley de amparo y el código del fuero contencioso (que implica las causas contra el Gobierno porteño). La iniciativa introduce la intervención obligatoria de los fiscales, comandados por Juan Mahiques, en muchas instancias del proceso, lo que tiene como efecto evidente la demora de las causas y los amparos. Ante el avance del proyecto, 17 jueces (de los 21) y cinco camaristas habían enviado una carta al presidente de la Comisión de Justicia, Martin Ocampo, donde le manifestaron su preocupación. Organizaciones como el CELS indicaron que la reforma es "improcedente e inconstitucional". No hubo caso y JxC que tiene mayoría dentro del cuerpo legislativo impuso su iniciativa con 36 votos contra 17 por la negativa.
Larreta viene de sufrir varias derrotas en el fuero judicial, como el fallo que frenó la venta de los terrenos del Costa Salguero. La reforma de la ley de amparo es leída en el Poder Judicial como una respuesta a estos fallos. El autor de la propuesta es el radical Martín Ocampo, exjefe de los fiscales con Mauricio Macri y exministro de Justicia de Larreta. El proyecto plantea que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir de manera obligatoria "de forma especial" y "bajo sanción de nulidad" en las causas que involucren obra pública, servicios públicos o bien en las que "a criterio del Ministerio Público Fiscal esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad”. Y podrá intervenir no en una sino en múltiples oportunidades.
Ante de que el proyecto se debata en el recinto porteño, 17 jueces del fuero y cinco camaristas enviaron una carta a Ocampo en la que dijeron que "así redactado, el proyecto en cuestión podría implicar una complejización y desnaturalización de los procesos alcanzados en la propuesta e incluso llegar a afectar garantías constitucionales de los justiciables y la independencia en el ejercicio de la judicatura". "Quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad", advirtieron. Lo firmaron los jueces Elena Liberatori, Andrés Gallardo, Fabiana Schafrik, Patricia López Vergara, Guillermo Schaibler, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín y Carlos Balbín, entre otros.
En tanto, las ONG Observatorio de Derecho a la Ciudad, FARN, INECIP, ACIJ y CELS enviaron otra carta a Ocampo en la que directamente le plantearon que la propuesta es "improcedente e inconstitucional". Advirtieron que desequilibra la intervención de los fiscales con respecto a los defensores y los asesores tutelares. Y que el proyecto terminará por volver más lentas las causas judiciales. "Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas", remarcaron.
La legisladora del Frente de Todos Claudia Neira consideró que "este proyecto que se trata es una gravedad inusitada" porque "la reforma modifica el rol del Ministerio Público Fiscal y lo convierte en un auxiliar del Poder Ejecutivo".
Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda, sumó su crítica al indicar que "esto es muy grave y una barbaridad porque afecta al interés general y concentra el poder en el Fiscal General".
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