Arriba: Krugman y Kicillof, dos economistas con K
Durante la semana, el Premio Nobel Paul Krugman y el ministro Axel Kicillof expusieron diferentes visiones sobre la política económica heterodoxa aplicada en nuestro país. La discusión por el Impuesto a las Ganancias remite también a dos visiones sobre el rol del Estado. Brasil y Argentina, con caminos diferentes.
El paro de tres horas desarrollado el jueves por los gremios
del transporte en reclamo por una rebaja al Impuesto a las Ganancias
Cuarta Categoría, se sumó a las demandas que, contra este mismo
impuesto, realizaron los bancarios, un sector de los petroleros, los
pilotos de Aerolíneas Argentinas, la CTA opositora y el gremio de
Camioneros, que amenazó además con un paro de 24 o 48 horas si el
Gobierno no modificaba este tributo.
Según consignó Miradas al Sur, en rigor, las críticas al impuesto provienen de prácticamente la totalidad del arco laboral, pero mientras que unos discuten su forma, otros cuestionan su fondo. Entre los primeros, se encuentran quienes plantean errores en su aplicación, pero no su imposición ni la necesidad por parte del Estado de seguir contando con estos recursos, provenientes de los trabajadores mejores pagos de la Argentina, es decir el 10% del total de toda la fuerza laboral. Aquí se encuentran las centrales sindicales alineadas con el gobierno, quienes plantean, en el caso de la CTA, una modificación en las alícuotas (las cuotas relativas a cada una de las distintas categorías) debido a la desactualización de las mismas a causa de la inflación y suba salarial, o la CGT, que reclamó puntualmente que el medio aguinaldo de diciembre quede exento de Ganancias.
En cambio, desde otros espacios sindicales, políticos y mediáticos enfrentados al Gobierno, se sostiene que se trata de un “impuesto al trabajo” y que “el salario no es ganancia”, una descripción que intenta rechazar su aplicación lisa y llana, ocultando incluso que se trata de un impuesto extendido en los países desarrollados, bajo el nombre de “Impuesto a los Ingresos”. Se trata, en muchos de estos casos, de un reclamo que tiene como telón de fondo la concepción de que el Estado debe tener la menor incidencia posible en la economía, tal como lo sostuvieron los gobiernos de la dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).
Una dirección opuesta, de hecho, a la que tiene la política económica del actual gobierno, que por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posibilidad de modificar este tributo, sosteniendo que “el Gobierno ha hecho el esfuerzo, pero todo no se puede y es necesario que lo comprendan los trabajadores”.
En efecto, en la medida que se profundizó la desaceleración económica y la caída en el nivel de empleo e ingresos, el Gobierno apeló a la continuidad de su política económica heterodoxa para incrementar la presencia del Estado en la economía. No es casualidad en este sentido que no se advierta una disminución en la presión impositiva, que de acuerdo a cifras del Indec y la AFIP fue del 29% sobre el PBI en 2013, es decir algo por debajo del promedio del 34,6% de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”) para ese mismo año.
A esta recaudación impositiva se sumaron los aportes de la Anses y el Banco Central, así como la emisión de bonos públicos del Tesoro por cerca de 20.000 millones de pesos, en un año donde, además, el Ejecutivo emitió diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizaron en más de 200.000 millones de pesos de gasto por encima del Presupuesto.
Todo ello con el objetivo de fortalecer el gasto del Estado para revertir la desaceleración económica, provocada por diversas causas entre las que se cuentan la devaluación de enero –que redujo el poder adquisitivo de los salarios y encareció los insumos industriales–, el accionar del tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre contra nuestro país, y el complejo panorama externo, en donde los principales socios comerciales de la Argentina (Europa, China y Brasil) redujeron su crecimiento, produciéndose además una caída en los precios internacionales de las materias primas (la soja, el principal producto de exportación argentino descendió de su pico de 600 dólares la tonelada a menos de 400 en la actualidad). De hecho, de acuerdo con el Indec, la balanza comercial (diferencia entre ventas y compras al mundo) se redujo en un 14,5% en relación con el año pasado, aunque manteniendo su saldo positivo (6.151 millones de dólares). Puntualmente, en octubre descendió un 39,2% con respecto a igual mes del año anterior, y su superávit fue de sólo 361 millones de dólares.
Diferentes respuestas. La opción del Gobierno por mantener políticas heterodoxas de mayor gasto público (aunque por el momento sin endeudar al país con el exterior) tuvo en la semana una llamativa oposición. Se trató del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien juntó a otro Premio Nobel, el también norteamericano Joseph Stiglitz, defendió ampliamente las políticas económicas implementadas por el gobierno durante los últimos años.
Invitado al Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina, y poco antes de recibir un título de Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, señaló que “Argentina tiene el problema del déficit, que es demasiado grande, y sería un país menos vulnerable si su política fiscal estuviera mejor controlada”. Incluso, señaló que “es bueno preocuparse por la justicia social, por la desigualdad, por el estado de los trabajadores, por el destino de los pobres. Pero debe hacerse de una manera muy realista. (…) El problema es que se mantuvo la heterodoxia durante demasiado tiempo. (…) A veces uno tiene que ser algo ortodoxo. (…) El país necesita reducir el nivel de gasto público y la emisión de dinero para controlar la inflación”.
La de Krugman significó en este sentido una voz inédita, porque al igual que gran parte de la oposición política económica y mediática reclama un ajuste, aunque a diferencia de la misma defendió durante los últimos años la fuerte presencia del Estado para lograr el crecimiento de la economía, el empleo, los ingresos, y la justicia social.
De alguna forma, fue el ministro de Economía Axel Kicillof quien le respondió a Krugman, durante una exposición en la 62ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) celebrada el pasado martes donde señaló que “aunque las políticas públicas heterodoxas no le gusten a los mercados, obliguen los bancos a prestarle a sector productivo porque no tiene esa vocación, o no les den rentabilidad, o digan que va a generar más incertidumbre, la economía no puede perder la estabilidad en términos de la capacidad de creación, generación y sostenibildad de empleo, aún en momentos de enorme adversidad de la economía internacional”. Kicillof planteó además que durante su presencia en la cumbre de los países más industrializados del mundo, el G20, muchos de los mandatarios y funcionarios allí presentes cuestionaban las recetas planteadas para salir de la crisis económica global producida hace cinco años, por lo que por primera vez se hablaba de estimular la demanda privada, remarcando que “Keynes dice que los Estados deben entrar en déficit fiscal para generar mayor oferta. El Estado tiene que ser el que movilice los recursos para que la actividad económica siga funcionando, que es lo mejor que puede pasar para el futuro”, agregando además que “el protagonismo de los Estados, que promueven inversiones y ponen a girar de nuevo la rueda del ahorro” era uno de los principales elementos que iba a sacar al mundo de la recesión, concluyendo para nuestro país que “si no está cubierto el frente interno, la inclusión social cubierta, no hay actividad económica”.
Tanto Krugman como Kicillof presentan argumentos consistentes, y es por ello que resulta interesante observar el comportamiento económico de otros países de la región que optaron por caminos más cercanos a la ortodoxia económica. Posiblemente, Brasil sea un caso paradigmático. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff confirmó su giro conservador y nombró como ministro de Economía a Joaquim Levy, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y directivo del banco Bradesco, lo cual fue festejado por los mercados brasileros, cuya Bolsa de San Pablo subió cinco puntos.
En rigor, lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/11/30/economia-174714-las-dos-visiones-k-de-la-politica-economia.php
Según consignó Miradas al Sur, en rigor, las críticas al impuesto provienen de prácticamente la totalidad del arco laboral, pero mientras que unos discuten su forma, otros cuestionan su fondo. Entre los primeros, se encuentran quienes plantean errores en su aplicación, pero no su imposición ni la necesidad por parte del Estado de seguir contando con estos recursos, provenientes de los trabajadores mejores pagos de la Argentina, es decir el 10% del total de toda la fuerza laboral. Aquí se encuentran las centrales sindicales alineadas con el gobierno, quienes plantean, en el caso de la CTA, una modificación en las alícuotas (las cuotas relativas a cada una de las distintas categorías) debido a la desactualización de las mismas a causa de la inflación y suba salarial, o la CGT, que reclamó puntualmente que el medio aguinaldo de diciembre quede exento de Ganancias.
Lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.
En cambio, desde otros espacios sindicales, políticos y mediáticos enfrentados al Gobierno, se sostiene que se trata de un “impuesto al trabajo” y que “el salario no es ganancia”, una descripción que intenta rechazar su aplicación lisa y llana, ocultando incluso que se trata de un impuesto extendido en los países desarrollados, bajo el nombre de “Impuesto a los Ingresos”. Se trata, en muchos de estos casos, de un reclamo que tiene como telón de fondo la concepción de que el Estado debe tener la menor incidencia posible en la economía, tal como lo sostuvieron los gobiernos de la dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).
Una dirección opuesta, de hecho, a la que tiene la política económica del actual gobierno, que por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posibilidad de modificar este tributo, sosteniendo que “el Gobierno ha hecho el esfuerzo, pero todo no se puede y es necesario que lo comprendan los trabajadores”.
En efecto, en la medida que se profundizó la desaceleración económica y la caída en el nivel de empleo e ingresos, el Gobierno apeló a la continuidad de su política económica heterodoxa para incrementar la presencia del Estado en la economía. No es casualidad en este sentido que no se advierta una disminución en la presión impositiva, que de acuerdo a cifras del Indec y la AFIP fue del 29% sobre el PBI en 2013, es decir algo por debajo del promedio del 34,6% de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”) para ese mismo año.
A esta recaudación impositiva se sumaron los aportes de la Anses y el Banco Central, así como la emisión de bonos públicos del Tesoro por cerca de 20.000 millones de pesos, en un año donde, además, el Ejecutivo emitió diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizaron en más de 200.000 millones de pesos de gasto por encima del Presupuesto.
Todo ello con el objetivo de fortalecer el gasto del Estado para revertir la desaceleración económica, provocada por diversas causas entre las que se cuentan la devaluación de enero –que redujo el poder adquisitivo de los salarios y encareció los insumos industriales–, el accionar del tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre contra nuestro país, y el complejo panorama externo, en donde los principales socios comerciales de la Argentina (Europa, China y Brasil) redujeron su crecimiento, produciéndose además una caída en los precios internacionales de las materias primas (la soja, el principal producto de exportación argentino descendió de su pico de 600 dólares la tonelada a menos de 400 en la actualidad). De hecho, de acuerdo con el Indec, la balanza comercial (diferencia entre ventas y compras al mundo) se redujo en un 14,5% en relación con el año pasado, aunque manteniendo su saldo positivo (6.151 millones de dólares). Puntualmente, en octubre descendió un 39,2% con respecto a igual mes del año anterior, y su superávit fue de sólo 361 millones de dólares.
Diferentes respuestas. La opción del Gobierno por mantener políticas heterodoxas de mayor gasto público (aunque por el momento sin endeudar al país con el exterior) tuvo en la semana una llamativa oposición. Se trató del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien juntó a otro Premio Nobel, el también norteamericano Joseph Stiglitz, defendió ampliamente las políticas económicas implementadas por el gobierno durante los últimos años.
Invitado al Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina, y poco antes de recibir un título de Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, señaló que “Argentina tiene el problema del déficit, que es demasiado grande, y sería un país menos vulnerable si su política fiscal estuviera mejor controlada”. Incluso, señaló que “es bueno preocuparse por la justicia social, por la desigualdad, por el estado de los trabajadores, por el destino de los pobres. Pero debe hacerse de una manera muy realista. (…) El problema es que se mantuvo la heterodoxia durante demasiado tiempo. (…) A veces uno tiene que ser algo ortodoxo. (…) El país necesita reducir el nivel de gasto público y la emisión de dinero para controlar la inflación”.
La de Krugman significó en este sentido una voz inédita, porque al igual que gran parte de la oposición política económica y mediática reclama un ajuste, aunque a diferencia de la misma defendió durante los últimos años la fuerte presencia del Estado para lograr el crecimiento de la economía, el empleo, los ingresos, y la justicia social.
De alguna forma, fue el ministro de Economía Axel Kicillof quien le respondió a Krugman, durante una exposición en la 62ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) celebrada el pasado martes donde señaló que “aunque las políticas públicas heterodoxas no le gusten a los mercados, obliguen los bancos a prestarle a sector productivo porque no tiene esa vocación, o no les den rentabilidad, o digan que va a generar más incertidumbre, la economía no puede perder la estabilidad en términos de la capacidad de creación, generación y sostenibildad de empleo, aún en momentos de enorme adversidad de la economía internacional”. Kicillof planteó además que durante su presencia en la cumbre de los países más industrializados del mundo, el G20, muchos de los mandatarios y funcionarios allí presentes cuestionaban las recetas planteadas para salir de la crisis económica global producida hace cinco años, por lo que por primera vez se hablaba de estimular la demanda privada, remarcando que “Keynes dice que los Estados deben entrar en déficit fiscal para generar mayor oferta. El Estado tiene que ser el que movilice los recursos para que la actividad económica siga funcionando, que es lo mejor que puede pasar para el futuro”, agregando además que “el protagonismo de los Estados, que promueven inversiones y ponen a girar de nuevo la rueda del ahorro” era uno de los principales elementos que iba a sacar al mundo de la recesión, concluyendo para nuestro país que “si no está cubierto el frente interno, la inclusión social cubierta, no hay actividad económica”.
Tanto Krugman como Kicillof presentan argumentos consistentes, y es por ello que resulta interesante observar el comportamiento económico de otros países de la región que optaron por caminos más cercanos a la ortodoxia económica. Posiblemente, Brasil sea un caso paradigmático. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff confirmó su giro conservador y nombró como ministro de Economía a Joaquim Levy, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y directivo del banco Bradesco, lo cual fue festejado por los mercados brasileros, cuya Bolsa de San Pablo subió cinco puntos.
En rigor, lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.
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