Arriba : Nada se pierde, todo se transforma[La imagen no es la acompañaba a la nota original de Página 12]
LAS ENTIDADES RURALISTAS Y EL GREMIO NO QUIEREN CAMBIOS
El sindicato Uatre, de Gerónimo Venegas, junto a las cuatro entidadesdel campo rechazaron el proyecto de nuevo régimen de trabajo agrario que busca dejar atrás la legislación de la última dictadura.
Por Sebastián Premici, para "Página 12".
El sindicato Uatre, de Gerónimo Venegas, junto a las cuatro entidadesdel campo rechazaron el proyecto de nuevo régimen de trabajo agrario que busca dejar atrás la legislación de la última dictadura.
Por Sebastián Premici, para "Página 12".
La Mesa de Enlace y el gremio de los peones rurales, Uatre, rechazaron un Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, iniciativa que presentó el Gobierno en junio del año pasado y que tomó nuevamente impulso luego de conocerse los hechos de precarización laboral en varias compañías multinacionales, como Nidera, denunciados por Página/12. “Es una operación política”; “un peligroso avance del Gobierno”; “una revancha, y me van a tener en la vereda de enfrente”, habían sostenido entonces el dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas, representantes de Carbap, y Pablo Orsolini, diputado nacional por la UCR y miembro de la Federación Agraria. Esa iniciativa pretende ponerles fin a las jornadas de “sol a sol”, impulsar mejoras en las condiciones de vivienda y alimentación de los trabajadores en casos donde éstos sean provistos por los empleadores y que el registro de los peones quede a cargo del Estado y no del Renatre, organismo conformado por Uatre y las entidades. Por otro lado, ya en 2008 la Mesa de Enlace se había negado a convalidar las jornadas laborales de 8 horas, tal como consta en la resolución 71 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
La actual ley que regula el trabajo rural es de 1980, y tiene la firma de Jorge Rafael Videla. Según datos oficiales, hay aproximadamente 1,3 millones de peones, de los cuales tres cuartas partes estarían en la informalidad, tal como denuncia la AFIP. Antes de que estallara el escándalo en Nidera, el Gobierno había elaborado una iniciativa para dar por terminada con esa normativa de la última dictadura. El pasado 22 de junio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hicieron público el proyecto durante un acto en Casa de Gobierno. “Este sector tiene un nivel de precariedad y una situación de desprotección tal, en términos del sistema laboral y de la seguridad social, que hay que modificarlo”, había sostenido Tomada durante una conferencia de prensa.
Durante la última reunión de la Mesa de Enlace con el Gobierno, el ministro de Trabajo intentó acordar una mesa de diálogo permanente con los dirigentes agropecuarios para resolver los temas de precarización y explotación laboral, como los descubiertos en las empresas Nidera, Southern Seeds Production y Satus Ager. Para el titular de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, la presencia de Tomada “embarraba la cancha”. Seis meses antes, los mismos dirigentes no tuvieron problemas en rechazar la legislación propuesta por el Ejecutivo para resolver la precarización del trabajo rural.
“Es una operación política, porque nosotros hace tres años que venimos trabajando en una iniciativa, que además está consensuada. El proyecto firmado por la Presidenta apunta a desguazar el gremio y la obra social de los trabajadores rurales”, había indicado Venegas, aliado a Eduardo Duhalde. En realidad, el proyecto propone que el Registro de los Trabajadores Rurales (Renatre) pase a la órbita del Ministerio de Trabajo, donde también participarían los representantes del sector.
La otra entidad que se opuso con fuerza fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap), principal miembro de CRA, quienes habían evaluado la posibilidad de un lockout justificado en el “peligroso avance del Ejecutivo”. “Estas actitudes arbitrarias e irresponsables de premiar y castigar a entidades sindicales alineadas y no alineadas, modificando estructuras jurídicas, ponen una vez más en peligro la seguridad jurídica, hechos que perjudican a las instituciones y a la propia república”, habían afirmado desde Carbap. No hacían referencia a la seguridad jurídica de los peones rurales.
Si bien el proyecto de ley enviado al Parlamento no avanzó en ninguna de las comisiones a las cuales fue girado (Legislación Laboral, Seguridad Social, y Presupuesto, a cargo del oficialismo), estaba describiendo una situación que terminó de emerger meses más tarde. “Estas son revanchas políticas que se quiere tomar el Gobierno. Yo estoy totalmente en contra y me va a tener en la vereda de enfrente. Sí estamos de acuerdo en que hay que avanzar en una ley para el Estatuto del Peón Rural pero el gobierno no puede desarmar algo que funciona bien como el Renatre”, sostuvo en junio del año pasado el diputado Pablo Orsolini. Sin embargo, no fue el Renatre, ni Uatre ni la Mesa de Enlace los que denunciaron los hechos de explotación.
La semana pasada, el titular de la Sociedad Rural señaló que el Gobierno realizaba “acusaciones temerarias” hacia el campo e indicó que la remuneración del sector incluía otras prestaciones como viviendas, comida, salud, alfabetización y capacitación. Las cuatro entidades agropecuarias fueron las que se opusieron en 2007 a que los peones reciban una remuneración extra de 46 pesos por terminar la escuela secundaria (Resolución 62/2007 CNTA). Y en 2008, las mismas entidades, ya bajo la figura de Mesa de Enlace, se negaron a fijar la jornada laboral en 8 horas, según la resolución 71 CNTA.
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