Arriba : Encabezamiento de la página web del "Overseas Press Club of América" sobreimpuesto a la bandera de los EE.UU.Hace unos días, accedí a un carta enviada por la Overseas Press Club of América al titular del poder ejecutivo de Argentina, así como a otras personalidades de la política nacional, entre quienes se cuentan Guillermo Moreno, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. La carta es de dominio público y puede consultarse en la página de esa organización (http://opcofamerica.org/pressfreedom/argentina-september-21-2010).
La Overseas Press Club es , según declara la página de la institución, una asociación que sirve a los intereses de los corresponsales extranjeros desde 1939. Según la página dedicada a ellos en la wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Press_Club), la organización nuclea a los 500 “líderes de la industria de los medios” (es decir que no representa a los medios modestos sino a los más concentrados).
Los objetivos de la organización son, según el mismo artículo, “mantener una asociación internacional de periodistas que trabajen en Estados Unidos o afuera, encarar los más altos estándares de integridad profesional y precisión en el reporte de las noticias ; ayudar a educar una nueva generación de periodistas y contribuir a la libertad e independencia de los periodistas y la prensa a lo largo del mundo, y trabajar a favor de una mejor comunicación y comprensión entre los pueblos”.
La Carta de la asociación, declara en su primer párrafo que “sin el derecho a criticar, la democracia pierde sentido”.
Luego pasa a hacer una historia de la política mediática del gobierno, felicitando la eliminación del delito de “calumnias e injurias” para la prensa, para luego comenzar una larga y bastante parcial lista de críticas :
*El ingreso de 200 agentes impositivos a Clarín luego de que este medio había denunciado “irregularidades en subsidios agrícolas” (sic: “improprieties in farm subsidies”).
*La cancelación de la licencia de Fibertel
*Proponer una legislación que obligaría a dos periódicos a entregar “al gobierno” el control del principal proveedor de papel de diario sobre la base de que el papel de diario es “de interés público” y de que la compra de la empresa se obtuvo mediante coacción.
*Se señala que la cuestión de la compra de Papel Prensa en tiempos de la dictadura es “confusa”, y toman como único elemento de juicio la declaración de Isidoro Graiver que refuta al gobierno .
*Comparan la política kirchnerista hacia La Nación y Clarín con el conflicto entre Perón y La Prensa.
Termina exhortando a terminar la campaña contra Clarín y La Nación y señalando que “para que una democracia florezca , la prensa debe ser libre de criticar, aún cuando esa crítica sea a veces imprecisa e irresponsable”.
Dejé para el final el comentario, pretendiendo primero hacer una reseña lo más objetivamente que pude del texto de la carta. Quien quiera leerla del original inglés, puede encontrarla en este link : http://opcofamerica.org/pressfreedom/argentina-september-21-2010.
En mi humilde opinión, toda la corta carta esta plagada de parcialidades e inexactitudes.
Parcialidades porque toda la misiva esta inmersa en una postura ideológica muy definida, y ni siquiera se acepta la posibilidad de que exista otro punto de vista. Se sostiene que, por ejemplo, “sin el derecho a criticar, la democracia pierde sentido”, afirmación con la que estoy plenamente de acuerdo, pero no se analiza qué podría pasar en una democracia si la prensa se dedicara a ocultar la información y a inhibir ciertas críticas debido a la existencia de una connivencia con poderes políticos distintos al gobierno central o con poderes económicos. Resulta evidente que en una sociedad capitalista, el único poder no es el poder político ; existe otro poder, el poder económico, que tiene AL MENOS LA MISMA IMPORTANCIA –y a veces una importancia mayor-. Y la prensa abandona su función tanto si subordina al poder político como si se somete al poder económico.
Es decir, para los autores de la carta, la única posible amenaza a un sistema democrático procede del propio sistema político. Ellos no tienen en cuenta, ni siquiera como posibilidad teórica, que la amenaza a la democracia pueda proceder del poder económico, y dentro de este poder económico, de megaempresas que nacieron como periódicos pero que hoy se han diversificado, y controlan o son partícipes de muchísimos negocios y actividades. Estas megaempresas son por lo tanto actores económicos que van mucho más allá de su rol periodístico.
Es decir, para los autores de la carta, la única posible amenaza a un sistema democrático procede del propio sistema político. Ellos no tienen en cuenta, ni siquiera como posibilidad teórica, que la amenaza a la democracia pueda proceder del poder económico, y dentro de este poder económico, de megaempresas que nacieron como periódicos pero que hoy se han diversificado, y controlan o son partícipes de muchísimos negocios y actividades. Estas megaempresas son por lo tanto actores económicos que van mucho más allá de su rol periodístico.
También podríamos señalar que uno de los objetivos de esta asociación es la libertad e independencia de los periodistas. Y justamente uno de los planteos principales de los defensores de la ley de servicios de comunicación audiovisual de la Argentina es que la presencia de grupos mediáticos oligopólicos altamente concentrados y cartelizados impide la libertad de expresión al condicionar a los periodistas y generar agendas políticas, al construir el “sentido común” colectivo mediante la manipulación grosera de la información (grosera pero masiva) .Esta argumentación no es rebatida por la asociación norteamericana, sino simplemente ignorada (es justamente la “invisibilización” con la que operan estos grupos. Lo que no puede fundamentarse, o rebatirse, se suprime, se ignora).
Las seis críticas puntuales al gobierno, son un cúmulo de inexactitudes.
La primera, parece señalar que si los agentes impositivos investigan un diario, se vulnera la libertad de prensa. De lo que se desprende que entre los derechos que otorga la libertad de expresión está el de no pagar impuestos. Además, tienen tan escasa información que hablan de “subsidios agrícolas”, cuando se trataba justamente de lo contrario, de retenciones.
La segunda es aún peor. El gobierno no canceló ninguna licencia a nadie. La argumentación del gobierno es que Fibertel fue disuelta por sus accionistas a comienzos de 2009, y que por ello una empresa inexistente no puede proveer ningún servicio. Nuevamente la carta no discute los argumentos del gobierno, sino que se limita a cambiar una información por otra distinta, ignorando las afirmaciones de la otra parte. Eso no es una actitud democrática –uno al menos debe escuchar al otro-, sino que es una forma intolerante y dictatorial de encarar un discurso.
Tampoco se analiza si puede considerarse una actitud acorde a la “integridad profesional” la colaboración entre medios periodísticos y gobiernos dictatoriales para nada democráticos, si es que la hubo (Cosa que yo me pregunto, pero ellos no. Ni siquiera se lo plantean como posibilidad a analizar).
La quinta crítica, la comparación de este conflicto con el que tuvo Perón , parece al menos excesivo , ya que ese caso se expropió el diario “La Prensa” para entregarlo a otros propietarios, mientras que en este conflicto nadie pretende hacer desaparecer a medios como Clarín o La Nación sino simplemente evitar que ocupen posiciones dominantes en el mercado.
Dejé a propósito para el final lo que casi es, en un lenguaje periodístico muy acorde con esta nota, el cierre de la carta. Cuando ellos dicen que “la prensa debe ser libre de criticar, aún cuando esa crítica sea a veces imprecisa e irresponsable”… ¿Se referirán a su propia carta?... ¿Se referirán a las tapas y notas de Clarín y La Nación de los últimos tiempos?...
Adrián Corbella, 30 de septiembre de 2010.
NOTA ACLARATORIA :
La publicación de esta nota se demoró por los sucesos de Ecuador.
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