Imagen: Bernardino Avila
El maximo tribunal declaró su “competencia originaria” para resolver la demanda de Rodríguez Larreta
Los jueces de la Corte Suprema aceptaron tratar la presentación del gobierno porteño que objetó el DNU de Alberto Fernández. La decisión implicaría que la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña era incompetente para autorizar las clases presenciales en CABA. En el gobierno nacional esperan que la cuestión sea zanjada por el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari, a quien le pidieron que reclame la causa abierta en los tribunales porteños y que anule su fallo.
Por Irina Hauser
Aunque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presente la discusión sobre las clases presenciales como un asunto terminado, es evidente que no lo está. La Corte Suprema declaró su “competencia originaria” para resolver la demanda que inició Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada, donde planteaba la inconstitucionalidad de parte del DNU 241/2021 que dispuso 15 días de escolaridad virtual ante la explosión de contagios de covid-19, con lo que cabría suponer que la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña era incompetente para tomar una decisión, como lo hizo el domingo a la tarde al avalar la presencialidad. Es cantado que en el gobierno de la CABA se harán los distraídos sobre esto mientras no haya una resolución más explícita sobre la cuestión. Lxs supremxs, por lo pronto, le dieron a la Procuración del Tesoro cinco días de plazo para que presente la posición del Estado Nacional. Pero en el Gobierno aspiran a que la definición más expeditiva venga del juzgado en lo contencioso administrativo federal de Esteban Furnari, a quien le pidieron que reclame la causa iniciada en los tribunales porteños y que anule o deje sin efecto la decisión de la cámara local. Queda claro que la estrategia del jefe del gobierno de CABA fue judicializar todo este asunto con fines políticos, no con una preocupación educativa, y menos sanitaria. Las dos semanas de la medida quizá pasen antes de que llegue una definición judicial de fondo.
El viernes último, diez minutos antes de reunirse con Alberto Fernández, Rodríguez Larreta presentó una demanda ante la Corte. Pedía que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 241 que dispuso la suspensión en el AMBA de las clases presenciales hasta el 30 de abril. Decía que el Poder Ejecutivo había violado la autonomía porteña. Requería una medida cautelar, que la Corte no apuró. El tribunal le pidió opinión a la Procuración sobre la competencia en este caso, sin ponerle plazo. La respuesta fue rápida, pero el tribunal no habilitó el fin de semana para tratar el caso. Como estrategia adicional, y a sabiendas de tener altísimas chances de conseguir su objetivo, el oficialismo porteño logró fogonear presentaciones en distintos juzgados porteños en nombre de madres y padres de estudiantes. Las demandas simultáneas tienen como primer objetivo intentar conseguir algún juez o jueza de primera instancia que les dé la razón.
Lo que sabía el equipo de Rodríguez Larreta a la perfección era que el fin de semana estaba de turno la sala IV de la Cámara en lo Contencioso administrativo porteña, a la que en los mismos tribunales de CABA apodan “la sala amarilla”, por la vinculación de al menos dos de sus integrantes con Juntos por el Cambio. Nieves Macchiavelli es hermana de Eduardo Macchiavelli, secretario del PRO y secretario de Ambiente porteño, y ella misma fue funcionaria con Mauricio Macri. Marcelo López Alfonsín viene del radicalismo y fue funcionario de la Alianza en Parques Nacionales. También se había pronunciado en redes sociales la fiscal ante la Cámara Karina Cicero: le pedía a Larreta “no corten las clases, basta de chicos deprimidos y sin escuela”. El Ministerio Público Fiscal porteño es conducido por Juan Mahiques, quien durante el gobierno de Mauricio Macri impulsaba como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura las denuncias contra los jueces que incomodaban al gobierno. La utilización del sistema judicial para obtener resultados políticos se repite. En la CABA desde hace años Macri y luego Larreta se ocuparon puntualmente de multiplicar juzgados y cargos de camaristas para designar, en muchos casos, personas de su confianza en acuerdos con el peronismo. El fuero contencioso porteño se conformó en el año 2000, en 2007 empezaron los cambios y en 2013 los juzgados pasaron de 15 a 24 y se agregó una sala en la Cámara. En 2019 se creó la sala de la Cámara que falló este domingo.
El fuero contencioso porteño está pensado para atender conflictos donde sea parte el Estado local, pero no para discutir decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Para eso está el fuero contencioso administrativo federal. Por eso, entre otras cosas, el Presidente calificó la sentencia de los camaristas porteños como un “estrago jurídico”. El fallo decía que la Ciudad define su sistema educativo y que estaba en juego esa garantía, la de la educación, como si se tratara de una suspensión total de las clases, que no lo es. No hizo prácticamente ninguna alusión a la situación sanitaria y se arrogó la suspensión de parte del DNU del Poder Ejecutivo Nacional.
Este lunes a primera hora, el Gobierno hizo una presentación a través de la Jefatura de Gabinete, en el fuero contencioso administrativo federal que quedó en manos del juez Furnari. Los abogados del Estado plantearon la “nulidad por falta de competencia” de la resolución de la cámara porteña y le pidieron al juez que reclame que los tribunales de CABA se inhiban y tramite él la causa. Señalan la decisión del domingo como “un acto de suma gravedad institucional que pone en riesgo la salud general”. “Se deja denunciada la gravedad institucional y el escándalo jurídico que las presentes actuaciones significan, atento a que ello implica la suspensión en una jurisdicción local de normas de naturaleza federal, inaudita parte, afectando el poder de policía sanitaria en el marco de una emergencia sanitaria internacional”, dice el escrito. Señala que el DNU cuestionado “busca resguardar la salud general, a nivel nacional y, principalmente, en una región multi-jurisdiccional como es el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
A la hora de dar las explicaciones sobre la decisión sanitaria de suspender las clases presenciales, dijo que desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público aumentó un 25 por ciento “y en momentos de alta circulación del virus” se trata de “ralentizar la velocidad” de su transmisión para evitar la saturación del sistema de salud. Tuvieron en cuenta que “el grupo de personas de 6 a 17 años, entre la semana 1 y 4 del año representaban el 5,3 por ciento del total de casos confirmados, y entre las semanas 12 a 14 representaban el 7,3 por ciento del total de casos”. Los grupos de 13 a 18 años y de 20 a 29 fueron los que mayor incremento de contagios experimentaron. “La situación epidemiológica en el AMBA demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir la velocidad del crecimiento de los contagios”, argumenta el planteo. Lo mismo, dice, se ha hecho en otros países: Chile, Uruguay, México, Francia, Italia, Portugal, España, Reino Unido, Israel, Finlandia, entre otros.
Furnari le corrió vista a la fiscalía para que opine, por empezar sobre la competencia y luego sobre el planteo en sí. En la Casa Rosada crece la expectativa de que este juez tome pronto alguna decisión, y que ponga en jaque la decisión de la Justicia porteña.
Perplejidad suprema
Mientras tanto, lxs supremxs quedaron perplejos ante la decisión de la Cámara en lo Contencioso de CABA, no tanto con la jugada de Rodríguez Larreta. Pero advirtieron con claridad que no era un asunto que incumbiera a esos tribunales. Es posible que a raíz del escenario que se generó hayan decidido pronunciarse sobre su “competencia originaria”, invocando antecedentes donde ya habían reconocido a la Ciudad de Buenos Aires como una provincia. Esa postura la firmaron Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Elena Highton de Nolasco votó en disidencia, como otras veces sobre la misma discusión. Necesitan tres votos para firmar una sentencia. La Corte tiene antecedentes donde directamente anuló decisiones de jueces a los que consideró incompetentes. Pero habrá que ver cómo avanzan aquí, porque por ahora se trata de dos expedientes diferentes: uno es el que inició Rodríguez Larreta ante el máximo tribunal y otro es el que acumuló en los tribunales porteños las presentaciones de madres y padres, la asesoría tutelar y la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas.
La Corte tiene un encuentro por Zoom previsto para este martes a las 11 de la mañana. Es el acuerdo habitual, pero es posible que este tema esté en el debate interno. Mientras tanto pasan los días, y quince transcurren rápido. Por eso parece poco probable que dicten una medida cautelar, aunque no descartarían avanzar sobre la discusión de fondo.
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