(Imagen: EFE y Bernardino Avila)
El enojo del gobernador Morales con los ministros Malcorra y Garavano
El mandatario radical los acusa de haber hecho una defensa débil ante los organismos internacionales y de no haberle explicado a Macri las consecuencias que puede tener un fallo adverso en la Corte Interamericana. Malestar con Despouy.
Por Sebastian Abrevaya
El conflicto con los organismos internacionales provocado por la detención de Milagro Sala abrió una grieta entre el gobernador radical Gerardo Morales y dos ministros de Mauricio Macri: la canciller Susana Malcorra y el ministro de Justicia, Germán Garavano. A la primera Morales la viene cuestionando públicamente hace semanas mientras que al segundo, por ahora, lo critica puertas adentro. “Lo que hicieron es un desastre. Dejaron correr la idea de que esto era un problema de Gerardo y subestimaron las consecuencias que podía tener sobre Jujuy y sobre el Presidente”, advirtió en diálogo con PáginaI12 un hombre de extrema confianza del mandatario jujeño, quien les achaca varios “errores” y una posición “débil” frente a las posturas de la OEA y la ONU. Pero las críticas del gobernador no se limitan a los integrantes del Gabinete nacional. Desde el entorno Morales revelaron también su enojo con el embajador especial para los Derechos Humanos, Leandro Despouy, un correligionario al que le advirtieron que “se está pasando de ridículo a traidor” por haber participado de reuniones para analizar la situación y después sugerir en otros ámbitos que la líder de la Tupac Amaru debía ser liberada.
Sobre el final de 2016, los pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, habían concentrado una fuerte presión sobre el ex titular de la UCR, ex jefe del bloque de senadores radicales y actual gobernador jujeño. Sus operadores en el radicalismo están convencidos de que no se podía haber llegado hasta esa situación sin un aval tácito de los responsables del Gobierno nacional. De ahí surge el enojo con Malcorra. “No se les llevó a los organismos toda la información y no se está trabajando en que tengan toda la verdad”, dijo Morales a mediados de diciembre. Esa crítica la repitió en sus últimas entrevistas, en las que dijo sentirse respaldado por Macri pero que tenía “dudas” sobre la Canciller.
Sobre la OEA y la CIDH, en el entorno del gobernador especulan con varias hipótesis. Si bien reconocen que la afirmación de Morales sobre el vínculo de Almagro con el kirchnerismo es “forzada”, insisten en que la condena del secretario general de la OEA a la detención de Sala “es un problema político”. Los operadores de Morales, que analizan el ajedrez internacional, señalan entonces dos motivos: el primero es que la argentina realizó en 2016 un recorte de casi un 35 por ciento de los fondos de destinados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA. El segundo, más político, está vinculado con la voluntad de Almagro de aplicar la Carta Democrática de la OEA al gobierno de Nicolás Maduro, que, según los operadores radicales, habría sido frenada por Malcorra a cambio del respaldo de algunos países del caribe a su candidatura a la secretaría general de la ONU. El último punto que señalan es la presencia de Gustavo Cinosi como asesor de Asuntos Institucionales de la OEA. Cinosi, sostienen desde la UCR, es un hombre cercano al ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
Sobre Garavano pesan otros cuestionamientos. En el gobierno de Jujuy le atribuyen al ministro de Justicia no haberle explicado bien al Presidente las consecuencias del caso. Y no se refieren al desprestigio internacional, sino a lo que podría signficar un pronunciamiento vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la liberación de Sala para los cientos de miles de presos que actualmente están detenidos sin condena en distintas cárceles del país. “Ellos pensaban: ‘que la liberen a Milagro y se acaba el problema’, pero no se dan cuenta de que ésta es una lucha que lleva Verbitsky desde 2008 para que no se siga aplicando la prisión preventiva como se la está aplicando en argentina”, explica un abogado radical furioso con la actitud de ambos los ministros.
“Los jueces no tienen en mira darle pelota a lo que diga la ONU y la CIDH si no hay un procedimiento acorde al sistema jurídico internacional”, dice en lenguaje coloquial el operador radical. Sobre la ONU, aseguran que sus pronunciamientos son sólo “opiniones” y no son vinculantes. Sobre la OEA, en cambio, advierten que primero tendría que abrirse un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dictarse una medida cautelar para que Sala sea liberada.
En el plano político, en cambio, el análisis es diferente: “Gerardo se dio cuenta de que si no levantaba el volumen político se lo llevaban puesto”, explican cerca del jujeño. Así fue como pasó a involucrar directamente a la ex presidenta Cristina Fernández en el conflicto, señalándola como responsable de un supuesto sistema de corrupción ejecutado por Sala. Aunque el gobernador no pudo mostrar una sola prueba sobre aquella hipótesis, aseguran que políticamente saldrán fortalecidos. “A Morales le han hecho un beneficio porque con este tema se ve la fibra. Para nuestro electorado el tema de la corrupción es muy importante y más allá de la injusticia o no del caso, esto es música para sus oídos. Por eso desde el punto de vista práctico la posición del Gobierno nacional fue muy ridícula. Macri paga un costo político porque su electorado lo ve como un blando en un tema que él mismo generó que es el combate a la corrupción”, analizan en la UCR. Si bien Morales hasta ahora se mantuvo relativamente al margen de las cuestiones nacionales, sigue siendo una de las principales figuras del partido junto al asesor presidencial Ernesto Sanz. Por este tema hubo diferencias con varios dirigentes del partido. Tuvieron que convencer al jefe del bloque de Diputados de Cambiemos, Mario Negri, quien compartía la línea de Malcorra sobre el “papelón internacional” que está sufriendo el Gobierno en el exterior. Pero el caso más difícil fue el de Despouy, quien fue testigo en el juicio contra Sala por el escrache de militantes de la Tupac en una actividad radical en 2009. Al ex titular de la Auditoría General de la Nación le cuestionan que “lo único que le importa es la posición de él para quedar bien con la burocracia internacional”.
El devenir del conflicto jurídico y político determinará cómo continúa la relación entre uno de los hombres más importantes de la UCR y los funcionarios macristas.
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