(Imagen: Guadalupe Lombardo)
Por E. Raúl Zaffaroni *
Todo parece indicar que marchamos a pasos acelerados hacia
un deterioro creciente del Estado de Derecho. Los signos son inconfundibles,
históricamente comunes a todo proceso semejante, sin perjuicio de los detalles
folklóricos propios de nuestra maltratada República.
Se ha desatado una campaña de revanchismo político cuyos
paralelos hay que buscarlos en tiempos anteriores a diciembre de 1983. Justo es
decir que algunos pretextos legales son aún más insólitos que sus precedentes
de períodos autoritarios o dictatoriales, porque ni siquiera se piensa en las
consecuencias que podrían tener para sus mismos instrumentadores cuando cambien
los vientos políticos, lo que irremediablemente siempre sucede, aunque demore.
Así, se quiere criminalizar como administración fraudulenta
cualquier política económica, sin percibir que también la propia es una
política económica que favorece a alguien y perjudica a otros, como todas.
Se pretende inventar una “traición a la Patria” sin guerra,
sin calcular que alguien puede mañana tener la peregrina idea de considerar
“traición a la Patria” también el incremento astronómico de la deuda externa
que están llevando a cabo.
Se procesa a diestra y siniestra por “asociación ilícita”,
sin calcular que es un tipo inconstitucional que bien puede mañana adjudicarse
al actual gabinete, como hace años se le endilgó a Carlos Menem.
Se clonan procesos penales contra Milagro Sala sin que el
Gobierno Federal se inmute ante el reclamo internacional, recordando los viejos
tiempos de la visita de la Comisión Interamericana en 1979.
Se pretende ahora por un Fiscal, deduciendo de una expresión
metafórica en una conversación privada captada ilegalmente, que hay una
“tentativa de instigación”, ignorando groseramente el derecho, porque no parece
percatarse de que la tentativa de instigación no es punible en nuestro derecho.
Podría seguir con la lista de aberraciones jurídicas, pero
se suman otras ya de política judicial: al parecer se tiene la intención de
convertir a jueces nacionales en jueces de la CABA, es decir, en jueces
provinciales, introduciendo una causa de remoción que obviamente no tienen (la
intervención federal).
Esto sin contar con la maniobra de distracción de lanzar la
idea de criminalizar a los adolescentes para disimular el problema policial
creado por decisiones en materia policial o de servicio de seguridad, que
tienen nerviosa a una parte de la población y a la propia policía que,
obviamente, como no tienen derecho de sindicalización, no pueden protestar.
Debo reconocer que tuvieron éxito en la distracción, dejando de lado que en
medio quedó un muerto y quizá algunos más que no se cuentan. Le agradezco al
ministro querer hacerme partícipe de ella, pero no tomo parte en shows.
Ahora parece que se vienen contra los jueces que les molestan:
hay que depurar a la justicia. Es correcto desde su punto de vista. Quieren
marchar hacia un Estado de policía, porque el programa económico de exclusión
lo exige, más cuando sus consecuencias ya están empezando a llegar hasta la
clase media. El colchón que les dejaba la “pesada herencia” lo están agotando
rápidamente.
Para eso necesitan un “enemigo”, pero es la primera vez en
la historia en que un proyecto de Estado de Policía no encuentra aún como
fabricar un enemigo peligroso, pues los que se han ensayando no funcionan, son
de mala calidad. Es posible que sigan ensayando con otros. De cualquier modo un
Estado de Policía (como contracara de un Estado de Derecho) no puede tolerar
jueces “díscolos”. Necesita subordinación de todo el Poder Judicial,
unánimemente.
Pero los jueces están nerviosos con las propias propuestas
del ejecutivo: convertirlos sin más en jueces provinciales afectándoles la
estabilidad, eliminarles la ferias judiciales, nada de eso gusta entre los
jueces, y para colmo hay algunos que no atienden los teléfonos del ejecutivo, y
otros que le dan el control de las intervenciones telefónicas al personal que
depende de un jefe denunciado por unos cientos de miles de dólares sin mucha
explicación.
Es lógico que vengan por los “díscolos”, todo autoritarismo
lo hizo: en 1955 pusieron en comisión a toda la justicia y nombraron jueces
gorilas. Hoy necesitan hacer algo parecido, pero menos frontal, más encubierto,
aunque siempre bajo la misma consigna: no puede haber jueces “políticos”, es
decir con ideas “políticas”, y las únicas ideas “políticas” son las de quienes
no comparten las de los gorilas.
El “acting out” es una característica psicopática, de quien
pasa de estímulo al acto sin pasar por la reflexión: el gorilismo revanchista
se conduce por “acting out” y, nuevamente, no piensa que mañana -cuando como
pasa siempre, pierdan el poder- puede pasar algo parecido: son sus jueces los
que hoy están dejando todas las huellas dactilares en cada aberración. Serán
más vulnerables que los “díscolos” de hoy.
Me formulo una pregunta mirando hacia el futuro: ¿Un día
tendré que salir a defenderlos? La verdad, es que no tengo la respuesta.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
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