Entrevista de Tiempo Argentino
a Carlos Gonella, titular de la Procelac. Advirtió sobre las presiones
de grupos económico-políticos y de un sector de la justicia por frenar
los cambios estructurales.
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella no se calló nada. En una
enriquecedora entrevista a Tiempo Argentino, denunció
las presiones de las "facciones políticas y económicas poderosas" para
acorralar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el intento de
estos grupos fácticos de "criminalizar" a los fiscales que "perseguimos
el lavado de dinero a escala global".
–¿Considera que la denuncia que analiza el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó por el nombramiento de 16 fiscales sumado a la decisión del juez de feria Enrique Lavié Pico de hacer lugar a un pedido del diputado provincial massista Mauricio D'Alessandro, que frenó el nombramiento de los mencionados fiscales, tiene un correlato político?
–Sin ninguna duda. Todos los pasos institucionales de importancia que da la procuradora general son cuestionados por representantes de facciones político-económicas poderosas, con el acompañamiento de un sector judicial reaccionario y conservador que resiste los cambios culturales en el servicio público de administración de justicia. Por esta sencilla razón históricamente el sistema judicial se ha dedicado a criminalizar a sectores socio-económico vulnerables, que no generan costo social.
–El juez Claudio Bonadio lo citó a indagatoria por brindar información oficial de un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
–Es un escándalo jurídico y también político institucional, capaz de generar responsabilidad internacional a nuestro país por violación del principio constitucional de publicidad de actos de gobierno y Derechos Humanos básicos contemplados en la CADH, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Mientras los poderes del estado coordinan acciones para combatir estos fenómenos criminales, se criminaliza a los fiscales que perseguimos el lavado de dinero a escala global, como en este caso en que un empresario narco (Valentín Temes Coto) condenado a 20 años de prisión por tráfico de casi tres toneladas y media de cocaína a través de una compleja red de personas y estructuras empresariales que operan en Argentina hace más de cuatro años. Tras la condena empezamos a investigar patrimonialmente a esa red de acuerdo a los protocolos de actuación del GAFI certificados en Argentina. Entre las 30 personas del núcleo empresarial y familiar cercano al narco se encuentra la jueza en lo Criminal María Gabriela Lanz, quien me denunció y también al fiscal penal económico Emilio Guerberoff porque en el sitio del Ministerio Público se informó sobre el caso. Bonadio citó a indagatoria a Guerberoff por considerar mal promovida la acción penal contra la jueza y generar las condiciones para esa publicación, y a mí por twittear desde mi cuenta personal esa información pública. Como yo lo cuestioné por imparcial en base a varios fundamentos y esas cuestiones aún no se resolvieron por las instancias superiores, consideré que no se daban las garantías mínimas para presentarme a mi indagatoria, pese a lo cual me puse a disposición del tribunal. El juez me declaró rebelde, restringió ilegalmente mi libertad y pidió mi remoción. Como era tan absurdo e inconducente su planteo, la procuradora general en base al artículo 23 último párrafo del reglamento disciplinario para magistrados (que regula el supuesto de denuncias inconducentes) rechazo de plano esa petición. Como respuesta Bonadio denuncio penalmente a la procuradora. El desarrollo del caso hasta ahora muestra un nivel de irracionalidad preocupante. Quienes denunciamos los vínculos del narcolavado con el sistema, resultamos perseguidos por un juez del propio sistema, que ha tenido un desempeño judicial duramente cuestionado por inconductas graves como las documentadas en mi caso, ha llegado a acumular mas de 60 denuncias de todo tipo en su contra. Las consecuencias parecen imprevisibles frente a lo visto en este proceso. ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias?
–¿Qué opina del procesamiento que el juez Martínez di Giorgi ha realizado sobre usted por su intervención en el caso del empresario Lázaro Báez? ¿Cree que se trata de una forma de presión por su investigación contra la criminalidad económica en el sistema financiero?
–El juez ha dictado un procesamiento arbitrario y fuera del sistema de derecho, basado argumentalmente, no en pruebas, sino en el relato mediático y en las denuncias de sectores que utilizaron políticamente el caso. Por eso lo hemos apelado. Hubo cuatro secretarios judiciales de la fiscalía de Marijuan que declararon la verdad sobre el asunto (que las únicas directivas fueron dadas por el fiscal Ramiro González, que nunca me exhibieron ni enviaron un requerimiento fiscal que comprendiera a Lázaro Báez y otras personas y, por ende, que nunca recibieron de mi parte la orden de excluir a nadie). Estos importantes relatos y otros elementos de prueba fueron ignorados por el juez, lo cual es grave porque un caso judicial no puede resolverse de cualquier modo. Eso genera violencia.
–¿Cuál es el progreso en la justicia de las causas por las cuevas de dólares allanadas hasta ahora?
–Hemos avanzado sobre todo en términos cualitativos, esto es, hacia una lectura más profunda del fenómeno. Ello no permitió tener mayor claridad acerca de los mecanismos de fondeo de las cuevas. No todos los jueces comprenden la gravedad y complejidad del asunto y ello redunda en una limitación de nuestras estrategias, pero estamos avanzando en general. Quizá esto tenga que ver simplemente con las diferencias entre el rol del fiscal y juez. El nuevo Código Procesal Penal va a ayudar a superar estos escollos. Es un fenómeno criminal mucho más complejo que "simples operaciones marginales de cambio". Descubrimos maniobras criminales conexas más perniciosas, como lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando de divisas o fondeo del narcotráfico. El despliegue de nuestra línea de trabajo a nivel nacional nos permitió ampliar el horizonte de comprensión de estas redes criminales. Es preciso señalar a Rosario como un centro de fuerte incidencia en el tema, sobre todo por la actividad en torno al puerto y el comercio de cereales.
–¿En qué estado se encuentra la apelación a la causa que implica al BBVA Banco Francés en la utilización del contado con liquidación como un caso de evasión del Mercado Único y Libre de Cambios?
–El caso está para resolución en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Tenemos expectativas de que el pronunciamiento sea favorable a la fiscalía, que en definitiva es similar al criterio del primer juez que intervino en el caso, el doctor Gustavo Meirovich, quien consideró delictiva la maniobra. En la apelación que firmamos en aval técnico de la fiscal Rogliano expusimos sólidos argumentos que el fiscal de cámara Rodríguez Bosch avaló y profundizó. Nosotros sostenemos que es una maniobra clara de violación al régimen penal cambiario a través de una mise-en-scène bursátil. En Europa se conoce este tipo de conducta como fraude o abuso a la ley, un fenómeno que consiste en eludir la aplicación de una norma actuando bajo otro "ropaje jurídico" a fin de evitar el castigo. Lo que sucedió en nuestro caso fue que bajo el "ropaje bursátil" se violaron las normas que regulan el mercado de cambios, permitiendo la fuga de cientos de millones de pesos en poco tiempo, por parte de las mismas personas, el mismo patrón conductual, etc. La homogeneidad de estos componentes nos permitió sostener la sospecha sobre la existencia de una maniobra criminal.
–Usted dijo que es necesario cambiar el régimen penal cambiario.
–En agosto del año pasado mantuvimos una reunión con colegas y jueces del fuero penal económico. Uno de los puntos sobre los que hubo consenso unánime fue la necesidad de reformar el régimen penal cambiario, porque la Ley 19.359 que tipifica infracciones penales y administrativas en materia cambiaria y los procedimientos a seguir, está desfasada históricamente y superada por la realidad de una actividad delictiva muy dinámica, asociada a los fenómenos criminales ya descriptos. Cuando se sancionó esta norma allá por comienzos de los '70 era inimaginable la complejidad que la criminalidad financiera tiene actualmente. Es imperioso avanzar en una ley pensada y diseñada para abordar eficazmente estos problemas porque los daños que se generan para el sistema económico y social son enormes. Lamentablemente esto tampoco tiene visibilidad y algunos medios naturalizan discursivamente este fenómeno criminal; jamás lo denotan como un delito y hasta lo muestran como consecuencia de la política económica del gobierno, lo cual es inaceptable, sencillamente porque nuestra experiencia nos ha mostrado que cuevas o comercios pantalla que operan delictivamente con divisas, a los que secuestramos un millón de pesos, a los dos o tres días siguen funcionando. Ello nos da una pauta muy precisa sobre los márgenes de rentabilidad de esta actividad criminal que tiene una sola cueva, y son varias. Lo peor que es parte de esa masa de dinero se utiliza para retroalimentar la actividad ilícita y parte se inyecta a la economía formal perfeccionándose así el delito de lavado de dinero a gran escala. Esto no se muestra en la prensa.
–¿La importancia política y económica de las empresas concentradas es una limitación para investigar?
–Totalmente, porque a mayor incidencia política y económica, más capacidad de lobby y presión mediática habrá sobre el sistema. Tenés un ejemplo clarito con el reciente proyecto de Código Penal y el candidato a presidente que salió a bastardearlo con preanuncios (N.de la R: hace referencia a Sergio Massa) catastróficos, no menos desopilantes, de que se si se aprueba el código, miles de "delincuentes quedan en libertad", lo cual es algo insostenible por varias razones técnicas y económicas que no podemos analizar aquí. Pero tenemos ejemplos concretos en casos en trámite, en los que poderosos entramados económicos que están siendo investigados utilizan recursos para evitar el avance de los casos a través de todo tipo de martingalas.
–¿Es común el intento de coima a fiscales por parte del sector financiero?
–La capacidad corruptora, y por ende, de penetración en distintos niveles públicos (no sólo la justicia, sino las fuerzas de seguridad, los organismos de control, etc.) forma parte de uno de los rasgos distintivos de la criminalidad económico-financiera como especie del crimen organizado. Aunque genera incomodidad aceptarlo, hasta que no tomemos conciencia del problema, no se podrá avanzar estratégicamente. Hay que seleccionar las/los cuadros más confiables, capacitar y denunciar los intentos de coima, como en el caso de Biscay. Su denuncia fue muy importante porque ratificó lo que vengo diciendo sobre los aspectos conceptuales que perseguimos.
–¿En qué estado se encuentra la investigación de la Procelac sobre abusos de entidades que se dedican a otorgar préstamos al consumo?
–A esa investigación la encaramos no enfocados exclusivamente sobre la perspectiva punitiva, sino fundamentalmente como necesidad de trazar un diagnóstico sobre una asimetría detectada en la dinámica económica que produce mucho daño social en torno al fenómeno de los préstamos para el consumo. Nuestro objetivo fue poner sobre la mesa la problemática y abordarla convocando a distintos sectores, no sólo formales como los organismos públicos vinculados al sistema económico, sino también a los directamente perjudicados, para ver qué estrategias se podían barajar. Uno de los primeros resultados vino del BCRA que reguló las tasas de interés para estos préstamos. Otra línea de trabajo en plena ejecución son las charlas preventivas que estamos desarrollando en barriadas populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires, en entidades gremiales, etc. Otro resultado concreto fue, en un caso extremo, la presentación de un caso penal por usura en el fuero criminal de la ciudad. La modalidad más frecuente es la usura, es decir, el préstamo de dinero a tasas exorbitantes, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Nuestra investigación abarcó un proceso muy amplio, hasta el análisis de los juicios ejecutivos que se tramitan en el fuero comercial contra las personas atrapadas por el sistema de préstamos. Curiosamente son los juicios que más rápido caminan porque en el 90% de los casos la parte demandada está en rebeldía, lo que ratifica cuán vulnerables son, ya que ni siquiera pudieron acceder a asistencia letrada para que los defienda. Estamos articulando con el programa ATAJOS del Ministerio Público una estrategia en este sentido.
–¿Existen motivos para que la Procelac avance como querellante en el caso de las 4040 cuentas en Suiza?
–El caso tiene un fiscal. Cuando fuimos notificados formalmente por la AFIP de la denuncia, nos pusimos a disposición del colega, quien aún no nos convocó. La Procelac no tiene facultades para llevar adelante autónomamente los casos en el sistema judicial, porque su diseño institucional apunta a asesorar. El del HSBC es un proceso muy importante de similares características al juicio contra el BNP Paribas en el que participamos y donde se investiga el mismo tipo de maniobras. Son casos paradigmáticos en los que se puede ver claramente el fenómeno de la fuga de divisas, que consiste en sacar plata del país violando las leyes fiscales, bancarias y antilavado. Actualmente se calcula que 85 mil personas físicas y jurídicas argentinas tienen entre 200 mil millones y 400 mil millones de dólares en estas condiciones en guaridas fiscales, sin contar con los activos físicos (empresas y bienes inmuebles) que suman otros 50 mil millones. Es uno de los fenómenos económicos más perniciosos que sufre nuestro país y fue posibilitado por una plataforma en la que participan bancos y profesionales del derecho y de las ciencias económicas.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2015/01/11/politica-180626-el-fiscal-antilavado-ante-quienes-atacan-a-la-procuradora.php
–¿Considera que la denuncia que analiza el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó por el nombramiento de 16 fiscales sumado a la decisión del juez de feria Enrique Lavié Pico de hacer lugar a un pedido del diputado provincial massista Mauricio D'Alessandro, que frenó el nombramiento de los mencionados fiscales, tiene un correlato político?
–Sin ninguna duda. Todos los pasos institucionales de importancia que da la procuradora general son cuestionados por representantes de facciones político-económicas poderosas, con el acompañamiento de un sector judicial reaccionario y conservador que resiste los cambios culturales en el servicio público de administración de justicia. Por esta sencilla razón históricamente el sistema judicial se ha dedicado a criminalizar a sectores socio-económico vulnerables, que no generan costo social.
"La Procelac no tiene facultades para llevar adelante autónomamente los casos en el sistema judicial, porque su diseño institucional apunta a asesorar".
–El juez Claudio Bonadio lo citó a indagatoria por brindar información oficial de un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
–Es un escándalo jurídico y también político institucional, capaz de generar responsabilidad internacional a nuestro país por violación del principio constitucional de publicidad de actos de gobierno y Derechos Humanos básicos contemplados en la CADH, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Mientras los poderes del estado coordinan acciones para combatir estos fenómenos criminales, se criminaliza a los fiscales que perseguimos el lavado de dinero a escala global, como en este caso en que un empresario narco (Valentín Temes Coto) condenado a 20 años de prisión por tráfico de casi tres toneladas y media de cocaína a través de una compleja red de personas y estructuras empresariales que operan en Argentina hace más de cuatro años. Tras la condena empezamos a investigar patrimonialmente a esa red de acuerdo a los protocolos de actuación del GAFI certificados en Argentina. Entre las 30 personas del núcleo empresarial y familiar cercano al narco se encuentra la jueza en lo Criminal María Gabriela Lanz, quien me denunció y también al fiscal penal económico Emilio Guerberoff porque en el sitio del Ministerio Público se informó sobre el caso. Bonadio citó a indagatoria a Guerberoff por considerar mal promovida la acción penal contra la jueza y generar las condiciones para esa publicación, y a mí por twittear desde mi cuenta personal esa información pública. Como yo lo cuestioné por imparcial en base a varios fundamentos y esas cuestiones aún no se resolvieron por las instancias superiores, consideré que no se daban las garantías mínimas para presentarme a mi indagatoria, pese a lo cual me puse a disposición del tribunal. El juez me declaró rebelde, restringió ilegalmente mi libertad y pidió mi remoción. Como era tan absurdo e inconducente su planteo, la procuradora general en base al artículo 23 último párrafo del reglamento disciplinario para magistrados (que regula el supuesto de denuncias inconducentes) rechazo de plano esa petición. Como respuesta Bonadio denuncio penalmente a la procuradora. El desarrollo del caso hasta ahora muestra un nivel de irracionalidad preocupante. Quienes denunciamos los vínculos del narcolavado con el sistema, resultamos perseguidos por un juez del propio sistema, que ha tenido un desempeño judicial duramente cuestionado por inconductas graves como las documentadas en mi caso, ha llegado a acumular mas de 60 denuncias de todo tipo en su contra. Las consecuencias parecen imprevisibles frente a lo visto en este proceso. ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias?
–¿Qué opina del procesamiento que el juez Martínez di Giorgi ha realizado sobre usted por su intervención en el caso del empresario Lázaro Báez? ¿Cree que se trata de una forma de presión por su investigación contra la criminalidad económica en el sistema financiero?
–El juez ha dictado un procesamiento arbitrario y fuera del sistema de derecho, basado argumentalmente, no en pruebas, sino en el relato mediático y en las denuncias de sectores que utilizaron políticamente el caso. Por eso lo hemos apelado. Hubo cuatro secretarios judiciales de la fiscalía de Marijuan que declararon la verdad sobre el asunto (que las únicas directivas fueron dadas por el fiscal Ramiro González, que nunca me exhibieron ni enviaron un requerimiento fiscal que comprendiera a Lázaro Báez y otras personas y, por ende, que nunca recibieron de mi parte la orden de excluir a nadie). Estos importantes relatos y otros elementos de prueba fueron ignorados por el juez, lo cual es grave porque un caso judicial no puede resolverse de cualquier modo. Eso genera violencia.
–¿Cuál es el progreso en la justicia de las causas por las cuevas de dólares allanadas hasta ahora?
–Hemos avanzado sobre todo en términos cualitativos, esto es, hacia una lectura más profunda del fenómeno. Ello no permitió tener mayor claridad acerca de los mecanismos de fondeo de las cuevas. No todos los jueces comprenden la gravedad y complejidad del asunto y ello redunda en una limitación de nuestras estrategias, pero estamos avanzando en general. Quizá esto tenga que ver simplemente con las diferencias entre el rol del fiscal y juez. El nuevo Código Procesal Penal va a ayudar a superar estos escollos. Es un fenómeno criminal mucho más complejo que "simples operaciones marginales de cambio". Descubrimos maniobras criminales conexas más perniciosas, como lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando de divisas o fondeo del narcotráfico. El despliegue de nuestra línea de trabajo a nivel nacional nos permitió ampliar el horizonte de comprensión de estas redes criminales. Es preciso señalar a Rosario como un centro de fuerte incidencia en el tema, sobre todo por la actividad en torno al puerto y el comercio de cereales.
–¿En qué estado se encuentra la apelación a la causa que implica al BBVA Banco Francés en la utilización del contado con liquidación como un caso de evasión del Mercado Único y Libre de Cambios?
–El caso está para resolución en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Tenemos expectativas de que el pronunciamiento sea favorable a la fiscalía, que en definitiva es similar al criterio del primer juez que intervino en el caso, el doctor Gustavo Meirovich, quien consideró delictiva la maniobra. En la apelación que firmamos en aval técnico de la fiscal Rogliano expusimos sólidos argumentos que el fiscal de cámara Rodríguez Bosch avaló y profundizó. Nosotros sostenemos que es una maniobra clara de violación al régimen penal cambiario a través de una mise-en-scène bursátil. En Europa se conoce este tipo de conducta como fraude o abuso a la ley, un fenómeno que consiste en eludir la aplicación de una norma actuando bajo otro "ropaje jurídico" a fin de evitar el castigo. Lo que sucedió en nuestro caso fue que bajo el "ropaje bursátil" se violaron las normas que regulan el mercado de cambios, permitiendo la fuga de cientos de millones de pesos en poco tiempo, por parte de las mismas personas, el mismo patrón conductual, etc. La homogeneidad de estos componentes nos permitió sostener la sospecha sobre la existencia de una maniobra criminal.
–Usted dijo que es necesario cambiar el régimen penal cambiario.
–En agosto del año pasado mantuvimos una reunión con colegas y jueces del fuero penal económico. Uno de los puntos sobre los que hubo consenso unánime fue la necesidad de reformar el régimen penal cambiario, porque la Ley 19.359 que tipifica infracciones penales y administrativas en materia cambiaria y los procedimientos a seguir, está desfasada históricamente y superada por la realidad de una actividad delictiva muy dinámica, asociada a los fenómenos criminales ya descriptos. Cuando se sancionó esta norma allá por comienzos de los '70 era inimaginable la complejidad que la criminalidad financiera tiene actualmente. Es imperioso avanzar en una ley pensada y diseñada para abordar eficazmente estos problemas porque los daños que se generan para el sistema económico y social son enormes. Lamentablemente esto tampoco tiene visibilidad y algunos medios naturalizan discursivamente este fenómeno criminal; jamás lo denotan como un delito y hasta lo muestran como consecuencia de la política económica del gobierno, lo cual es inaceptable, sencillamente porque nuestra experiencia nos ha mostrado que cuevas o comercios pantalla que operan delictivamente con divisas, a los que secuestramos un millón de pesos, a los dos o tres días siguen funcionando. Ello nos da una pauta muy precisa sobre los márgenes de rentabilidad de esta actividad criminal que tiene una sola cueva, y son varias. Lo peor que es parte de esa masa de dinero se utiliza para retroalimentar la actividad ilícita y parte se inyecta a la economía formal perfeccionándose así el delito de lavado de dinero a gran escala. Esto no se muestra en la prensa.
–¿La importancia política y económica de las empresas concentradas es una limitación para investigar?
–Totalmente, porque a mayor incidencia política y económica, más capacidad de lobby y presión mediática habrá sobre el sistema. Tenés un ejemplo clarito con el reciente proyecto de Código Penal y el candidato a presidente que salió a bastardearlo con preanuncios (N.de la R: hace referencia a Sergio Massa) catastróficos, no menos desopilantes, de que se si se aprueba el código, miles de "delincuentes quedan en libertad", lo cual es algo insostenible por varias razones técnicas y económicas que no podemos analizar aquí. Pero tenemos ejemplos concretos en casos en trámite, en los que poderosos entramados económicos que están siendo investigados utilizan recursos para evitar el avance de los casos a través de todo tipo de martingalas.
–¿Es común el intento de coima a fiscales por parte del sector financiero?
–La capacidad corruptora, y por ende, de penetración en distintos niveles públicos (no sólo la justicia, sino las fuerzas de seguridad, los organismos de control, etc.) forma parte de uno de los rasgos distintivos de la criminalidad económico-financiera como especie del crimen organizado. Aunque genera incomodidad aceptarlo, hasta que no tomemos conciencia del problema, no se podrá avanzar estratégicamente. Hay que seleccionar las/los cuadros más confiables, capacitar y denunciar los intentos de coima, como en el caso de Biscay. Su denuncia fue muy importante porque ratificó lo que vengo diciendo sobre los aspectos conceptuales que perseguimos.
–¿En qué estado se encuentra la investigación de la Procelac sobre abusos de entidades que se dedican a otorgar préstamos al consumo?
–A esa investigación la encaramos no enfocados exclusivamente sobre la perspectiva punitiva, sino fundamentalmente como necesidad de trazar un diagnóstico sobre una asimetría detectada en la dinámica económica que produce mucho daño social en torno al fenómeno de los préstamos para el consumo. Nuestro objetivo fue poner sobre la mesa la problemática y abordarla convocando a distintos sectores, no sólo formales como los organismos públicos vinculados al sistema económico, sino también a los directamente perjudicados, para ver qué estrategias se podían barajar. Uno de los primeros resultados vino del BCRA que reguló las tasas de interés para estos préstamos. Otra línea de trabajo en plena ejecución son las charlas preventivas que estamos desarrollando en barriadas populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires, en entidades gremiales, etc. Otro resultado concreto fue, en un caso extremo, la presentación de un caso penal por usura en el fuero criminal de la ciudad. La modalidad más frecuente es la usura, es decir, el préstamo de dinero a tasas exorbitantes, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Nuestra investigación abarcó un proceso muy amplio, hasta el análisis de los juicios ejecutivos que se tramitan en el fuero comercial contra las personas atrapadas por el sistema de préstamos. Curiosamente son los juicios que más rápido caminan porque en el 90% de los casos la parte demandada está en rebeldía, lo que ratifica cuán vulnerables son, ya que ni siquiera pudieron acceder a asistencia letrada para que los defienda. Estamos articulando con el programa ATAJOS del Ministerio Público una estrategia en este sentido.
–¿Existen motivos para que la Procelac avance como querellante en el caso de las 4040 cuentas en Suiza?
–El caso tiene un fiscal. Cuando fuimos notificados formalmente por la AFIP de la denuncia, nos pusimos a disposición del colega, quien aún no nos convocó. La Procelac no tiene facultades para llevar adelante autónomamente los casos en el sistema judicial, porque su diseño institucional apunta a asesorar. El del HSBC es un proceso muy importante de similares características al juicio contra el BNP Paribas en el que participamos y donde se investiga el mismo tipo de maniobras. Son casos paradigmáticos en los que se puede ver claramente el fenómeno de la fuga de divisas, que consiste en sacar plata del país violando las leyes fiscales, bancarias y antilavado. Actualmente se calcula que 85 mil personas físicas y jurídicas argentinas tienen entre 200 mil millones y 400 mil millones de dólares en estas condiciones en guaridas fiscales, sin contar con los activos físicos (empresas y bienes inmuebles) que suman otros 50 mil millones. Es uno de los fenómenos económicos más perniciosos que sufre nuestro país y fue posibilitado por una plataforma en la que participan bancos y profesionales del derecho y de las ciencias económicas.
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