NINGÚN EJERCITO DEFIENDE LA PAZ
NINGÚN ESPÍA VIGILA POR LA PAZ
La Secretaría de Inteligencia fue creada durante la primera presidencia de Juan Perón en 1946 por el Decreto Ejecutivo 337/46 bajo la denominación Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE). Su misión era de rol de una agencia de inteligencia nacional, manejada por civiles que pudiera proveer inteligencia al gobierno nacional en los campos internos y externos. Hasta ese entonces, los presidentes contaban con los servicios de inteligencia militar en las tres Fuerzas armadas de Argentina (Ejército, SIE; Armada, SIN; Fuerza Aérea, SIA) y de las Fuerzas de Seguridad (Policías Federal y provinciales), decidiéndose implementar una agencia de inteligencia civil, a fin de disipar posibles manejos internos autónomos por parte de los organismos aludidos.
En 1956, el
organismo es rebautizado como Secretaría de Inteligencia del Estado
-SIDE-, a través del decreto presidencial número 776/56, firmado por el
entonces presidente Pedro Aramburu. Es interesante destacar que las
estructuras originales del sistema de inteligencia de la SIDE fueron
copiadas mayormente del sistema de inteligencia británico -MI5 y MI6-.
Tiempo más
tarde, durante el gobierno inconstitucional de Juan Carlos Onganía, la
Secretaría estuvo comandada por el General Señorans. En esos tiempos, el
organismo puso en marcha sus primeras operaciones de inteligencia más
complejas, muchas de ellas llevadas a cabo en el exterior, y su personal
fue incrementado hasta alcanzar las 1,200 personas. Señorans valoró muy
especialmente el reclutamiento y entrenamiento de mujeres para el
servicio activo, dado que su utilización brindaba resultados estupendos a
la hora de explotar debilidades humanas. Irónicamente, el General al
mando del organismo era conocido por su misoginia extrema. En esta
época, la todavía flamante SIDE se embarcó en la aventura poco
recomendable de intentar secuestrar al cónsul soviético en la Argentina,
operación que resultó fallida y motivó la enérgica protesta del
gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A las
críticas, el Gral. Señorans respondió que "el cónsul Petrov comanda en
la Argentina a un grupo de espías de la KGB". No obstante, Señorans
debió renunciar como consecuencia del fiasco. Señorans fue el artifice
de la represión contra estudiantes universitarios en 1969 "LA NOCHE DE
LOS BASTONES LARGOS"
En las vísperas
de la Guerra Fría, la central de inteligencia americana -CIA- comenzó a
expresar su interés en su par argentina, especialmente luego de que se
confirmara una avanzada comunista en América Latina, a los efectos de
incrementar la influencia política, a la vez que se financiaba desde
Moscú y Cuba a grupos extremistas. A tal efecto, y por sugerencia de la
CIA, la SIDE inició la vigilancia estricta de funcionarios y embajadores
extranjeros, a la vez que todas las sedes diplomáticas del Este se
situaron en la mira de los servicios de inteligencia y seguridad
nacionales.
A partir del
gobierno de facto del General Rafael Videla, la SIDE se transformó en
una suerte de policía secreta que enfocó sus tareas de vigilancia en
sindicatos, organizaciones guerrilleras y todo aquel individuo que
pudiera ser catalogado como subversivo. No obstante, los sindicatos
argentinos siempre se mostraron abiertos a combatir todo tipo de
infiltración ideológica comunista en el pasado. De aquí su estrecha
relación con el peronismo nacionalista o "de derecha". El Proceso
reprimió a sindicalistas y trabajadores ante situaciones de paro o de
reclamos laborales que se incrementaban durante las crisis económicas.
El gremialismo argentino siempre fue especialmente crítico de la
guerrilla y de las ideas políticas de izquierda. La excepción en los
tiempos actuales es la CTA o Central de Trabajadores Argentinos, muchos
de cuyos miembros exhiben sin pudor su ideología de extrema izquierda.
Los
servicios de inteligencia de las distintas fuerzas, con la coordinación
de la SIDE, fueron la columna vertebral del diagrama represivo. Estos
organismos estaban encargados de recopilar la información de todas las
estructuras que había que “atacar” y personas que había que
“desaparecer”.
Pero no se agotaron en esto ni mucho menos las actividades de la SIDE, que no sólo realizaba tareas de inteligencia al servicio de un plan de exterminio, sino que participaba también de manera directa en su ejecución, funcionando como jefatura del Grupo de Tareas 5 (GT5), formado por agentes del organismo, que estuvo involucrado directamente en el secuestro y desaparición forzada de personas.
Personal de la SIDE se turnaba además con los de las demás fuerzas que intervenían en el esquema represivo, para custodiar a los prisioneros en los centros clandestinos de detención (CCD). La SIDE represiva empezó antes, en 1973, como todo el aparato represivo del Estado, a través de patotas. La cabecera era la base Billinghurst, donde se instaló el grupo más sanguinario. Ellos secuestraban a personas que eran requeridas por el poder y los torturaban. También la SIDE alquiló y puso personal en la base Automotores Orletti, donde se torturó y se hizo desaparecer personas. La SIDE podría estar ligada al Plan Cóndor.
Pero no se agotaron en esto ni mucho menos las actividades de la SIDE, que no sólo realizaba tareas de inteligencia al servicio de un plan de exterminio, sino que participaba también de manera directa en su ejecución, funcionando como jefatura del Grupo de Tareas 5 (GT5), formado por agentes del organismo, que estuvo involucrado directamente en el secuestro y desaparición forzada de personas.
Personal de la SIDE se turnaba además con los de las demás fuerzas que intervenían en el esquema represivo, para custodiar a los prisioneros en los centros clandestinos de detención (CCD). La SIDE represiva empezó antes, en 1973, como todo el aparato represivo del Estado, a través de patotas. La cabecera era la base Billinghurst, donde se instaló el grupo más sanguinario. Ellos secuestraban a personas que eran requeridas por el poder y los torturaban. También la SIDE alquiló y puso personal en la base Automotores Orletti, donde se torturó y se hizo desaparecer personas. La SIDE podría estar ligada al Plan Cóndor.
Desde
los CCD las listas de detenidos se elevaban al Comando de Ejército o
Jefatura de zona o sub-zona intervinientes, como asimismo al área
operacional de la cual se dependía. Era una lista nominal del ingreso de
detenidos, conteniendo sus datos personales y letra y número que les
fueran asignados en su calidad de detenidos en dicho centro. Cabe
señalar que los informes de interrogatorio adelantados o metódicos eran
elevados vía estafeta bajo la denominación de “Perteneciente a”: letra y
número del detenido, sin contener absolutamente ningún dato de
identidad del mismo y en papel sin membrete, de manera tal que en caso
de extravío no pudiera relacionarse en absoluto con ninguna persona
desaparecida. Solamente los Comandos Operacionales -las Jefaturas-
conocían de qué personas se trataba en virtud de la Lista de Detenidos.
También se confeccionaba un parte conteniendo toda novedad referente a ingresos, egresos y traslados, con la expresa mención de la autoridad interviniente; Orden de libertad; Orden de traslado; Orden de puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; Orden de disposición final.
La Ficha Final de Antecedentes: era obligación para el que llevaba el caso, y era girada, previa verificación de la Jefatura del Grupo de Tareas, a los archivos de las dependencias de Inteligencia, Registro de Archivos, etc., según la metodología de cada servicio.
También se confeccionaba un parte conteniendo toda novedad referente a ingresos, egresos y traslados, con la expresa mención de la autoridad interviniente; Orden de libertad; Orden de traslado; Orden de puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; Orden de disposición final.
La Ficha Final de Antecedentes: era obligación para el que llevaba el caso, y era girada, previa verificación de la Jefatura del Grupo de Tareas, a los archivos de las dependencias de Inteligencia, Registro de Archivos, etc., según la metodología de cada servicio.
La Secretaría de Inteligencia (SI), antes denominada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), es el mayor servicio de inteligencia de la República Argentina. También dirige el Sistema de Inteligencia Nacional. Es a su vez dirigida por el Secretario de Inteligencia, quien es un miembro especial del Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación Argentina, Poder Ejecutivo de la Nación,
al cual la organización está subordinada. Se maneja por leyes y
decretos de carácter constitucional secreto hasta 2001, cuando se creó
la nueva ley de inteligencia nacional 25.520, la cual es pública.
La Secretaría de Inteligencia tiene a su cargo el trabajo de producir un ciclo de inteligencia completo para el gobierno, y es considerada un cuerpo técnico con la capacidad de recolectar y producir inteligencia tanto
en el ámbito interno como en el exterior. Tiene también como trabajo
contribuir a la formación de una estrategia de inteligencia nacional que
permita llevar los asuntos del Estado. A tal efecto, la Secretaría tiene delegaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior.
Es preciso
notar que desde el año 2005, se llama oficialmente "Secretaría de
Inteligencia" cuando se creó el Sistema de Inteligencia Nacional; y,
hasta 2001 se llamó Secretaría de Inteligencia de Estado,
SIDE. De todos modos, en Argentina, por costumbre o desconocimiento se
la denomina por su acrónimo SIDE en la prensa y el habla cotidiana.
El 26 de enero del 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional un proyecto que contempla la disolución de la SI y la apertura de una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Hasta la aprobación (o no) de dicho proyecto, la SI subsiste. De ser
aprobada, se demoraría 90 días en ser implementada la AFI.
LOS MEDIOS ESCRITOS EN LA INTERNAS DE LA SIDE.
Recordemos:
El
domingo 10 de septiembre, el diario Página/12 sacudió a la política y
al periodismo argentino. Ese día desde su portada reveló que el diputado
nacional del PJ, Juan José Álvarez trabajó en la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar. En
la bajada de la portada, aseguró que “el ex ministro de Duhalde y actual
diputado estrella del grupo ‘El General’ trabajó en la SIDE desde 1981
hasta el fin de la dictadura bajo el ‘nombre de guerra’ de Javier
Álzaga. Su ingreso al organismo represivo fue por expresa recomendación
del general Albano Harguindeguy, el ministro del Interior de Videla”.La nota la firmó la periodista Victoria Ginzberg y fue acompañada con la publicación de tres facsímiles: la carta de Harguindeguy al entonces titular de la SIDE, el general de división Carlos Alberto Martínez pidiendo por el ingreso del Álvarez al organismo; la tapa de la carpeta del “legajo personal” del diputado y una carta de puño y letra en donde Álvarez explica las razones por las cuales quiso integrarse a la secretaría. En otro pasaje de la nota, señaló que “entre los ‘datos aportados por el postulante’ figura en su legajo que ‘el Sr. Alvarez desea ingresar a este organismo por sentirse identificado con el proceso militar actual’”.
La nota consignó que Álvarez “fue una de las primeras voces que acompañaron al ex ministro de Economía Roberto Lavagna” desde el grupo “El General”. El texto de Ginzberg no dijo si intentó consultar a Álvarez sobre la información publicada, ni cómo obtuvo el legajo de la SIDE.
Aquellos lectores que hayan seguido la información del caso Alvarez se enfrentaron a varias dificultades. La primera, fue que tendrían que haber leído en dos semanas por lo menos cinco diarios y un semanario (Página/12, Clarín, La Nación, Ambito, el dominical Perfil y la revista Noticias) para poder tener un panorama completo de las diversas lecturas y datos que fueron aportando esos medios. La segunda dificultad fue la toma de posición con respecto a la revelación: como tantos otros temas el caso dividió las aguas tambien en el periodismo. Por ello, el DsD presenta aquí todo lo escrito al respecto para facilitar la lectura y su comprensión.
Esta Zona Dura sólo consigna las referencias periodísticas del tema. Ellas son: los datos sobre posibles fuentes de la nota; la decisión editorial de publicar el legajo valorando su aporte periodístico; las interpretaciones sobre una posible operación de prensa y finalmente diversas especulaciones que involucran temas relacionados con la práctica periodística. Por lo tanto, se dejaron de lado las opiniones vertidas por dirigentes políticos, para poder centrarse sólo en las opiniones o informaciones de periodistas o medios de comunicación.
El lunes, Página mantiene el tema y sólo Clarín lo “levanta”
Al día siguiente de su primicia, es decir el lunes 11, sólo Página mantuvo el tema en portada. Esta vez, con las declaraciones de algunos integrantes de organismos de derechos humanos que salieron a repudiar el pasado de Álvarez. Hablaron Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y el CELS.Ese lunes sólo Clarín se hizo eco de lo publicado por Página, consignando que “no hubo” réplica por parte del diputado. Este diario fue el primero en registrar que fuentes lavagnistas “daban por descontado que el dato lo aportó el Gobierno con clara intención de perjudicar a los peronistas que se atreven a cuestionar al presidente Néstor Kirchner y a enfrentarlo”. En otro párrafo dijo que desde la Casa Rosada “negaron cualquier vínculo con el tema e incluso deslizaron que la carpeta (…) pudo haber salido de la SIDE durante gobiernos anteriores al actual”. En ese párrafo hubo un dato: Clarín fue el primer diario en utilizar el término “carpeta” para referirse al legajo de Alvarez.
Alvarez admite y opinan Clarín y Ambito
El martes 12, en tanto, todos los diarios consignaron que “Juanjo” Álvarez admitió que la información publicada por Página es cierta. Agregó como matiz en su defensa que era un empleado de jerarquía menor, dijo que fue “una canallada política” y sugirió que detrás de la difusión de su legajo estuvo la mano del Gobierno nacional.En tanto, comenzaron las reacciones desde diversos periodistas y diarios.
En Clarín, Gerardo Young (autor del libro “SIDE, la Argentina secreta”, Editorial Planeta 2006), dijo que el contenido de la “carpeta” que publicó Página “o lo entregó la SIDE o algún ex SIDE con prodigiosa visión de futuro lo guardó durante años esperando su oportunidad”. Añadió que “la información que se dio a conocer el fin de semana sobre el diputado Juan José Alvarez sobre su paso por la SIDE de la dictadura, es de una típica carpeta de Inteligencia. Los políticos suelen hablar de ellas en privado, pero los ciudadanos comunes no se enteran de las carpetas hasta que alguna sale a la intemperie y destruye su objetivo. Eso tienen ciertas carpetas: capacidad para destruir, aunque rara vez llegan a hacerse públicas. Es su amenaza la que suele darles sentido”.
Ese mismo día, Ambito Financiero publicó una nota sin firma en la que señaló: “Kirchner está ante un problema: su aparato de informaciones fue perforado por la periodista Victoria Ginzberg, autora de la nota (…) Nadie tiene derecho a desconfiar de la pericia de la periodista Ginzberg como investigadora. Pero ¿es posible que haya sido el mismo gobierno el que arrojó sobre el escritorio de Ginzberg, en Página 12, la carpeta de Alvarez? Ojalá, en homenaje al periodismo nacional, Ginzberg sea en tal caso sólo un seudónimo”.
La nota de Ambito planteó un dilema que recorrió varias redacciones. Varios periodistas de diversos medios gráficos, consultados por DsD, describieron con sumo respeto a Ginszberg, como una profesional especializada en derechos humanos más cerca de la investigación periodística que de las movidas gubernamentales. Tal vez, por eso el redactor anónimo de Ambito, de entrada, planteó la duda..
Reacciona La Nación
El miércoles 13, La Nación se refirió al episodio a través de una columna de Joaquín Morales Solá titulada “El riesgo de una guerra de carpetazos”. Allí el analista se preguntó: “¿Cómo llegó esa información, que refiere a cuestiones secretas del Estado, al conocimiento público?”. Y sostuvo que “es imposible imaginar que en el gobierno de Kirchner, un organismo tan sensible como la SIDE (sólo gobernado por disciplinados vicarios presidenciales) haya decidido por sí mismo ventilar los secretos de la política. La casualidad no existe en estos casos, y menos aún cuando perjudica a un adversario del poder”. Añadió que “La amenaza de ‘carpetazos’ venía serpenteando la política argentina desde antes de las elecciones de octubre último".Contragolpe de Página
El jueves 14, Página salió a defender su exclusiva. El periodista de Página/12 Luis Bruschtein firmó una columna en la que señaló que “gran parte de la repercusión mediática sobre la difusión de los antecedentes del diputado Juan José Alvarez fue exactamente eso: discutir la difusión y no los antecedentes, una especie de antiperiodismo”.Añadió –en referencia a Morales Solá, aunque sin nombrarlo-, que “hubo quien habló de ‘carpetazos’, de ‘guerra de carpetazos’. Y muchos periodistas y columnistas se hicieron cargo de esa línea operativa que tiene efectos mucho más nocivos, porque no se trata de negar la veracidad de la información (en cuyo caso no se estaría negando su gravedad), sino de decirle a la sociedad que no es importante que un político de la democracia haya colaborado con los servicios de Inteligencia de la dictadura”.
Luego agregó un matiz sobre la información de Álvarez que no todos los que escribieron al respecto tuvieron en cuenta: “El caso es que no se trata de una de esas famosas carpetas, sino de lo opuesto. Porque la información que motivó el artículo de Victoria Ginzberg proviene del legajo personal de Alvarez en la SIDE. No se trata de fomentar el fruto del espionaje sucio, sino de todo lo contrario: se está hablando, en todo caso, de alguien que pudo haberlo hecho. La confusión entre carpetas que provienen del trabajo de espionaje sucio por un lado y de un legajo, por el otro, puede ser producto de la ignorancia o de la mala fe, pero no se trata de lo mismo, por lo menos en este caso”.
Clarín y Ámbito vuelven a opinar
El viernes 15, Clarín publicó una nota firmada por su editor jefe, Julio Blanck, en la cual señaló: “Hay un dato a tener en cuenta: el kirchnerismo está cebado después de comprobar la efectividad de su ataque contra Alvarez. La difusión de su condición de funcionario de la SIDE desde 1981 a 1984, junto a la recomendación del entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, para que le den el puesto, lo demolieron políticamente y paralizaron a la oposición”. Añadió que “las protestas del Gobierno respecto a que no tuvo nada que ver con la difusión del caso Alvarez suenan pueriles, casi ofensivas. Por cierto, admitir lo contrario sería admitir un delito, porque la información sobre los organismos de inteligencia es secreta por su propia naturaleza. Y nadie está obligado a declarar en su contra. Pero las huellas kirchneristas están impresas en todo el procedimiento”.Un párrafo más abajo indicó que “la versión recogida por Clarín en fuentes oficialistas es que la aparición de la carpeta de Alvarez fue fortuita y derivó de un pedido del juez federal Norberto Oyarbide para que le remitan expedientes en los que estuviese involucrado el general Harguindeguy, hombre fuerte de la dictadura en los años de plomo. Oyarbide acaba de anular un indulto en favor de Harguindeguy, Jorge Rafael Videla y Alfredo Martínez de Hoz, y reabrió la investigación por el secuestro de dos empresarios. Al recolectar esos papeles, los agentes de la SIDE kirchnerista habrían encontrado la carta con la recomendación del general para que Alvarez fuese conchabado en 1981. Después sobrevino la decisión política”.
Por último, aseguró que “la entrega de los antecedentes de Alvarez en la SIDE para su difusión en la prensa es una de esas jugadas con las que los políticos se han amenazado desde siempre, sin cumplir nunca la amenaza”.
Ese mismo día, el dueño de Ambito, Julio Ramos opinó que “la sensación es que perdió Alvarez, perdió la oposición, le dieron una estocada a Roberto Lavagna -que, obligado, salió con corrección a defenderlo-, quedaron todos preavisados de que no hay ley que se respete hoy si conviene hacer circular una ‘carpeta’, vía el boletín oficial político que es Página/12, que sirva a los intereses políticos del oficialismo”.
Añadió que “el ‘carpeteo’ siempre ha sido una amenaza en la Argentina. Se habló siempre de los pagos de la SIDE a periodistas pero, si fueran ciertos, no se los difunde, se los usa como arma de captación. Claro, en el caso de quien esto escribe sabe que tendrá su carpeta, como la mayoría de los que se destacan en algo, pero tiene la certeza de que está limpia, salvo mentiras fácil de refutar, y que por tanto puede expresarse libremente”.
Página insiste
El sábado 16, Página insistió con sus argumentos a través de una contratapa firmada por la editora de Espectáculos, Sandra Russo, titulada “Basura”. Allí señaló que “la revelación de que Juan José Alvarez fue agente de la SIDE durante la dictadura, y que fue incorporado a ese organismo recomendado por el ex general Albano Harguindeguy, sigue rebotando de un modo curioso en la clase política. Absorbidos por su propio juego electoral, se limitan a traducir los hechos a una sola lengua, a un solo dialecto, el único que parecen entender: se saltean a Alvarez-agente de la SIDE y avanzan directamente sobre el mecanismo que hizo que esa verdad saltara a la luz pública”.En otro párrafo añadió que “uno no es ingenuo, y no ignora que esta revelación viene de la mano de una coyuntura política, y si hay algo indignante es que sean las coyunturas las que hagan salir a flote estas cosas, y no la sencilla práctica democrática, que también supondría (ay, los potenciales) un ánimo filtrador de trazos gruesos y pasados bochornosos. Pero en fin, si es la coyuntura política la que nos hace saber que Juan José Alvarez, ese duhaldista hábil y especialista en seguridad, se entrenó sobre este tema en los despachos tenebrosos de la SIDE de la dictadura, deberemos concluir que la democracia por sí sola no alcanza para filtrar la roña, pero que al menos nos ofrece las coyunturas políticas, en las que saltan los fusibles y puede verse en lo oscuro”.
Se suma Noticias
La edición de Noticias del sábado 16 incluyó una nota titulada “La guerra de las carpetas”. Allí, Franco Lindner afirmó que la “carpeta” de Álvarez “pasó por varios oficinas de la Casa Rosada –incluida la del Presidente y la del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández- antes de llegar a Página/12, vía Martín Granovsky, ex periodista de ese diario y hoy titular de la agencia oficial Télam”. Añadió que “en la operación además participó otro viejo conocido de Granovsky, Fernando Pocino, uno de los directores de la SIDE. Dijo que eso se lo confió “un secretario de Estado que dice no compartir la metodología empleada”.Llegó el domingo: escriben Verbitsky, Lanata, Eliaschev y Van der Kooy
El domingo 17, varios diarios dedicaron nuevamente páginas para analizar o dar información sobre el “Caso Álvarez”.
En Página/12, Horacio Verbitsky comparó la repercusión del “Caso Alvarez” con la confesión del escritor Günther Grass de haber sido miembro de las SS en la Alemania nazi. Dijo que el reproche de Álvarez hacia Página/12 fue “no haberlo consultado con anterioridad a la publicación, para que él pudiera hablar antes con su familia” y se preguntó “¿No tuvo tiempo suficiente en los 25 años que mediaron entre su ingreso y la publicación de la historia?”.
En otro párrafo analiza algunas posibilidades sobre el origen de la información publicada. Dijo: “Alvarez y en general todos los grupos opositores dan por sentado que la difusión fue un acto del gobierno. Es obvio que se trata del principal sospechoso. Sin embargo, fuentes oficiales sugieren que los secretarios de inteligencia de los anteriores gobiernos se llevaron copia de muchos legajos, como forma de autodefensa. También dicen que durante la gestión de Fernando de Santibañes se privatizó la informatización de esos legajos, lo cual podría ser el origen de la filtración. Otra alternativa que se insinúa desde despachos oficiales es la de una venganza de cuadros policiales, de la bonaerense o la Federal, que tienen acceso a los legajos. Una buena historia de detectives requeriría también una motivación, que a este caso le falta: ¿Qué razones tendrían Juan Bautista Yofre, Hugo Anzorreguy, De Santibañes, Carlos Becerra o Miguel Toma, para salpicar a Alvarez, si todos ellos ven en la coalición que trata de armar Lavagna la única esperanza de librarse del abominado Kirchner? La hipótesis de la represalia policial parece de una baja probabilidad”.
En tanto, en el panorama político de Clarín, Eduardo van der Kooy no tuvo dudas sobre una maniobra del Gobierno. Señaló que “la carpeta que involucró a Alvarez salió de una Dirección Especial, con medidas de seguridad estrictas, a la cual no accede cualquiera. El diputado portaba en ese momento una doble filiación. El resto de las carpetas están en otros lugares de la dependencia y con clasificaciones diferentes”. Luego se preguntó: “¿Cómo pudo salir de la SIDE burlando el control de las autoridades?” y respondió: “Los máximos responsables son dos hombres que provienen de la Patagonia.
Añadió un párrafo en el que especuló con distintas hipótesis: “Alberto Mazzino, el actual director de Análisis de la SIDE, es el único funcionario que en los comienzos de los 80 compartió las oficinas con Alvarez. En esa época estaba también Jaime Stiusso, el director de Operaciones. La divulgación de su foto le valió un proceso judicial al ex ministro Gustavo Beliz. Pero la oposición insiste con la presencia de un grupo de ex policías de Santa Cruz que estarían actuando también en el organismo. Añaden otro dato: habría pasado por allí a comienzos del 2005 Wilfredo Roque. Roque volvió a ser jefe de Policía de Santa Cruz tras la renuncia del gobernador Sergio Acevedo. Lo había sido entre 1991 y 2003. Tuvo, además, un interinato en la delegación de la SIDE en Río Gallegos”. Finalizó preguntándose: “¿Fue el Gobierno responsable de esa filtración? Lo fue porque las carpetas salieron de la SIDE”.
Ese mismo día en el dominical Perfil, Jorge Lanata, hizo un extenso relato sobre cómo habría llegado esa información a Página y por qué la habría firmado Victoria Ginzberg. Dijo que “en la tarde del sábado 9 de septiembre, Ernesto Tiffenberg, encargado de Página/12, recorrió la redacción como un calesitero con la sortija en la mano. Tenía, precisamente, uno de los premios más preciados: la carpeta original de la SIDE con los antecedentes de Juanjo Alvarez”. Según Lanata “la carpeta llegó al diario a través de Martín Granovsky, quien fue secretario de Redacción del matutino y es hoy presidente de la agencia oficial de noticias Télam. Diversas fuentes coinciden en señalar a Fernando Pocino, director de Reunión Interior de la SIDE y amigo de Granovsky, como el lector que tomó prestada la carpeta de la biblioteca circulante de la SIDE”. Luego añadió lo que “Tiffenberg buscaba era un redactor dispuesto a poner su firma en una nota que no había conseguido y que reconocía un origen poco claro. Dicen que le ofreció la carpeta a Susana Viau. Susana –una talentosa redactora, parte de la ‘vieja guardia’ de Página/12– declinó la sortija. Victoria Ginzberg aceptó la carpeta y puso su firma en una información que nunca llegó a investigar y que, como buen paquete, venía cerrado y con papel regalo”.
En el mismo matutino, Pepe Eliaschev señaló que "entre los casi 9.000 caracteres que dedicó a la 'revelación' el diario Página/12, no hay una sola mención que les permita a sus lectores saber cómo llegó a reunir la información que le daría sustento a su peculiar ‘exclusiva’, la denuncia de que Juan José Alvarez perteneció a la SIDE, de 1981 a 1984".
Y afirmó: “El fusilamiento mediático de Alvarez no fue, sin embargo, una hazaña del periodismo de investigación, sino apenas el resultado de un nuevo paso de las autoridades en la gravísima escalada mediante la cual el Gobierno sigue expresando su intención de valerse de todos los recursos posibles para mantener y acrecentar su poder”. Añadió que “el legajo de Juan José Alvarez, (a) Javier Alzaga, como agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado hace 25 años fue evidentemente entregado al diario y por eso el día de su edición este medio nada dijo de los orígenes del logro: sencillamente, es imposible que la fuente haya sido otra que el gobierno de Néstor Kirchner”.
Otra hipótesis de Página, un dato de Ambito y un editorial de La Nación
El lunes 18 Página/12 publicó una nota de Eduardo Tagliaferro en la que por primera vez el diario autor de la revelación esbozaba una posible hipótesis, aunque puesta en boca de los diputados de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Señaló que “los aires privatistas en la SIDE fueron la impronta que le grabó Fernando de Santibañes. Cuando el ex banquero cesanteó a más de mil espías, recurrió a los servicios de la consultora que integraban Maika Palacios y el abogado Mario Bissoni para asesorarlo. Con la venia de De Santibañes estos dos consultores tuvieron acceso a todos los legajos que se encuentran en la casa de los espías. No son inocentes los diputados del oficialismo cuando recuerdan estos hechos”.
El martes, en tanto, Ambito publicó una nota sin firma en la que añadió un dato a la información de Tagliaferro. Dijo que “en cuanto a su compañera Ginzberg, el periodista supone que la información se la pueden haber dado dos asesores de De Santibañes que tuvieron que ver con la reestructuración de personal que llevó a adelante ese secretario de Inteligencia. Son Maika Palacios y Mario Bissoni. Curioso: Tagliaferro no menciona al agente de la SIDE que trabajó con esos dos profesionales para hacer la purga sobre sus compañeros de trabajo, Fernando Pocino. Ese dato también lo trajo Lanata (el domingo en Perfil), al decir que a este empleado lo mandaron a Chile por razones de seguridad”.
Ese mismo martes, La Nación publicó un editorial titulado “Pasado, presente y futuro de la SIDE”. Allí señaló que “pocas dudas caben de que la información -por el acopio de documentación brindada por el medio periodístico que la dio a conocer- tiene que haber salido de empleados o ex empleados de la Secretaría de Inteligencia” y agregó que “son los actuales responsables de la Secretaría de Inteligencia quienes deberían dar explicaciones sobre esta filtración de información secreta e investigar cómo pudo producirse”.
Susana Viau desmiente a Lanata
En su nota del domingo 17 de septiembre, Jorge Lanata señaló en Perfil que el “encargado de Página/12”, Ernesto Tiffenberg le entregó a la periodista del diario Susana Viau la “carpeta” con los antecedentes del diputado Juan José Álvarez. Agregó también que Viau se negó a publicarla y por ello, se la dieron a Victoria Ginzberg.El domingo 24, a través de una carta de lectores en Perfil, Viau desmintió esos datos. Señaló que “la verdad pura y dura es que jamás tuve acceso al legajo de J.J. Álvarez, que el director de Página/12 nunca me ofreció escribir el artículo de marras y que el sábado 9 (fecha en que Lanata ubica la hipotética situación) yo no estaba en la redacción sino en mi casa”. Agregó: “Me sorprende –y malamente, debo confesarlo- que Lanata, con quien he trabajado largo tiempo, no se haya contactado conmigo para conocer mi versión” y dijo que “esa es la conducta que aconsejan todos los manuales de periodismo”.
Al admitir su error en la respuesta, Lanata señaló que “dos fuentes del propio diario (Página) nos afirmaron lo contrario, pero es obvio que la información respecto de Viau estaba equivocada”. Y se quejó porque “Viau se preocupe por aclarar su situación personal y no diga una sola línea sobre la Operación Juanjo en general, algo que sus lectores merecerían saber”.
Si como dijo la Presidenta al anunciar el cierre y reestructución del Servicio de Inteligencia Estatal Argentino. Una de las tareas que llevara adelante es la lucha contra la trata de personas, es necesario recordar este tema:
No es descabellado pensar en las vinculaciones entre los genocidas de los 70 y los esclavistas del siglo XXI. La red de trata utiliza todo el poder a su alcance para negociar con la vida de miles de mujeres a lo largo y ancho del planeta.
El
revuelvo mediático se armo a partir de que la hija denuncio al padre,
que a su vez era un ex agente de la SIDE, pero que ya tenía abierta una
causa por proxeneta en 1997. Raúl Martins un ejemplo de la impunidad de
ayer y hoy, más allá de la Argentina.
Lorena Cristina Martins, de 35 años, fue quien llevó ante la Justicia documentos y todo tipo de pruebas en contra de su padre, Raúl Martins, ex agente de la SIDE durante 13 años (del 74 al 87), a quien acusa de administrador una gran cantidad de prostíbulos en Buenos Aires y México al tiempo que "quebraría" chicas para trabajar en condiciones de trata.
La denuncia fue revelada este lunes por el diario Página/12, el cual detalla que el ex espía mantiene en Capital un "emporio de 7 locales y domina también la noche de Cancún". Lorena afirmó que "se pagan coimas en 11 dependencias de la Policía Federal por un total de 35 mil pesos mensuales, y que jefes e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobran para evitar las inspecciones y clausuras".
Lorena describió además que su padre es dueño de varios locales pero están a nombres de testaferros. Algunos de estos son: Rouge, The One, New Manhattan, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Swinger Club Anchorena. Según la hija de Martins, allí se ejerce la prostitución encubierta. Los establecimientos contarían con "puertas ocultas" para el rápido escape de menores y mujeres extranjeras sin documentación.
En tanto, Raúl Martins ya había sido denunciado ante el fiscal José María Campagnoli por el delito de promoción y facilitación de la prostitución, señala el matutino. Ahora, el expediente quedó abierto en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, que atiende los casos de trata de personas.
Colombo giró el expediente a la Cámara Federal y ésta sorteó la causa, quedando a cargo el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Gerardo Pollicita. Página/12 señala que como Oyarbide y Martins se conocen mutuamente, en parte por otros casos judiciales previos, "es posible que se aparte del expediente".
El pormenorizado relato de Lorena a disposición de la Justicia, logrado a través de una ardua infiltración en la organización delictiva, cuenta sobre: el pasado de su padre, los problemas legales en México, la facilidad con que Martins otorgaba visas para las chicas argentinas que viajaban engañadas con promesas de trabajo, los aprietes telefónicos, los "matones" enviados a la puerta de la familia de Lorena en donde sufrió una "tentativa de homicidio", y los vínculos con el poder político.
Por us parte, en el libro Esclavas del poder publicado este año por la periodista mexicana Lydia Cacho a través de la editorial Debate, ya se denunciaba la trata sexual de mujeres y niñas. En las crónicas, se incluía el nombre de Raúl Martins como uno de los zares de la prostitución en ambos países.
Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.
Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años.
Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.
En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.
¿Quién es quién?
Durante 13 años (entre 1974 y 1987) fue agente de la SIDE y usó un nombre falso: Aristóbulo Manghi. En los noventa, ya con su verdadera identidad, Raúl Luis Martins se hizo conocido por investigaciones judiciales que lo señalaban como uno de los dueños del sexo vip de Buenos Aires.
Durante el 2004 los periódicos de Cancún, una de las playas más importantes de México, lo señalan como el hombre clave en un affaire de sexo, prostitución, traiciones, coimas y videos extorsivos.
El diario local Por Esto! hizo un seguimiento de las sociedades comerciales de Martins, y de una de ellas en especial: "Turística Swing", creada en setiembre de 2003, que el empresario comparte con su pareja, Estela Percival. A través de "Turística", Martins habría comenzado su propio negocio en la noche de Cancún, a espaldas de sus socios de Tijuana, con los que había hecho pie en la ciudad años antes.
Los medios mexicanos lo relacionan con tráfico de drogas y mujeres. Y hasta el presidente del ayuntamiento de Cancún (cargo que equivale al de intendente) debió salir a dar una conferencia de prensa, el 10 de mayo del 2004, para calmar los ánimos.
Durante el 2004, los problemas de Martins en México se centraron en el funcionamiento de una disco ubicada en plena zona hotelera, en la plaza Party Center, en el Boulevard Kukulcan. "Existe una denuncia sobre el pago de un soborno de 65.000 dólares del señor Martins a un regidor (concejal) para abrir su local, en febrero pasado, y no ser molestado. Se inició una investigación en la Contraloría Municipal", le dijo a Clarín David Sosa, subdirector de Comunicación Social del ayuntamiento, por aquellos años.
El local estaba sospechado de funcionar como prostíbulo ("giro negro" le dicen en México) y se llama The One. "Yo no sé de qué me habla, no sé nada de México", aseguró Martins cuando Clarín lo consultó acerca de lo que se publicó sobre él en Cancún.
En la Argentina el ex SIDE tiene un pedido de elevación a juicio en un expediente donde se lo acusa de regentear prostíbulos. Uno de ellos está en Chacabuco al 100 y se llama Tributo. Sin embargo, casualidad o no, cuando se inició la causa, en 1997, su nombre era otro: The One.
Nada de lo que ahora se ventila es nuevo para Martins. En Buenos Aires, además del expediente (Nº 103.933/97) en el que se lo procesó por "proxeneta", también se lo investigó —en el marco de la causa Oyarbide— por pagar supuestas coimas a ese juez federal a cambio de protección para sus boliches.
Y aún no fue aclarado el destino que iba a tener un video que el entonces fiscal José María Campagnoli encontró en marzo de 2001 al allanar cuatro cajas de seguridad de Martins en la casa central del BankBoston. En la cinta se ve a un camarista penal con una prostituta sentada en sus rodillas.
Del batallón 601 a la SIDE
El reclamo por la apertura de los archivos es una constante, pero la realidad es que no se ha avanzado en ese sentido. Lo central de la información que contienen esos registros ayudaría a comprender, investigar y enjuiciar a gran parte de los genocidas que cumplieron tareas de espionaje. Si se lograse tener el listado de esos nombres, y rastrear su vida actual, se podría desarticular gran parte de la impunidad, complicidad y negocios, que actualmente llevan adelante.
A modo de ejemplo, vemos como el ex batallón 601, donde funcionó la central de los espías del Ejército durante los años de la dictadura, muchos de esos agentes hoy están camuflados en otros organismos de Inteligencia, empresas de seguridad privada y organismos del Estado.
Cuando el Gobierno Argentino promocionó la difusión de la lista del personal militar y civil que formó parte del temible Batallón de Inteligencia 601 del Ejército entre 1976 y 1983, no imaginó que iba a desatar una subterránea guerra interna entre la “comunidad de espías”. Los daños colaterales golpearon la puerta de los topos que actúan bajo el mandato del propio Gobierno.
La divulgación de nombres, la artillería de “carpetazos”, y hasta amenazas de muerte, son parte de los ingredientes de una olla a presión que está en pleno proceso de ebullición.
Después de que la revista Veintitrés diera a conocer el listado de los 4.300 agentes del Batallón 601, la ministra de Defensa, Nilda Garré recibió cientos de amenazas que no se dieron a conocer.
A la del Ejército se sumó el listado de los hombres de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Aún falta que la Armada eleve el mismo listado, algo que Garré ya reclamó.
La Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) también tuvo una participación estelar en los años de plomo. “Hasta el momento a nadie se le ocurrió pedir el listado de los agentes de la SIDE que trabajaron en la dictadura.
En las madrigueras de la Inteligencia local son archiconocidas las andanzas del “superagente” Jaime Stiuso, jefe de Operaciones de la SIDE (que está tramitando su jubilación), cuando estaba dejando la adolescencia y al mismo tiempo ingresando a “La Casa” un par de años antes de la llegada de la dictadura.
Lorena Cristina Martins, de 35 años, fue quien llevó ante la Justicia documentos y todo tipo de pruebas en contra de su padre, Raúl Martins, ex agente de la SIDE durante 13 años (del 74 al 87), a quien acusa de administrador una gran cantidad de prostíbulos en Buenos Aires y México al tiempo que "quebraría" chicas para trabajar en condiciones de trata.
La denuncia fue revelada este lunes por el diario Página/12, el cual detalla que el ex espía mantiene en Capital un "emporio de 7 locales y domina también la noche de Cancún". Lorena afirmó que "se pagan coimas en 11 dependencias de la Policía Federal por un total de 35 mil pesos mensuales, y que jefes e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobran para evitar las inspecciones y clausuras".
Lorena describió además que su padre es dueño de varios locales pero están a nombres de testaferros. Algunos de estos son: Rouge, The One, New Manhattan, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Swinger Club Anchorena. Según la hija de Martins, allí se ejerce la prostitución encubierta. Los establecimientos contarían con "puertas ocultas" para el rápido escape de menores y mujeres extranjeras sin documentación.
En tanto, Raúl Martins ya había sido denunciado ante el fiscal José María Campagnoli por el delito de promoción y facilitación de la prostitución, señala el matutino. Ahora, el expediente quedó abierto en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, que atiende los casos de trata de personas.
Colombo giró el expediente a la Cámara Federal y ésta sorteó la causa, quedando a cargo el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Gerardo Pollicita. Página/12 señala que como Oyarbide y Martins se conocen mutuamente, en parte por otros casos judiciales previos, "es posible que se aparte del expediente".
El pormenorizado relato de Lorena a disposición de la Justicia, logrado a través de una ardua infiltración en la organización delictiva, cuenta sobre: el pasado de su padre, los problemas legales en México, la facilidad con que Martins otorgaba visas para las chicas argentinas que viajaban engañadas con promesas de trabajo, los aprietes telefónicos, los "matones" enviados a la puerta de la familia de Lorena en donde sufrió una "tentativa de homicidio", y los vínculos con el poder político.
Por us parte, en el libro Esclavas del poder publicado este año por la periodista mexicana Lydia Cacho a través de la editorial Debate, ya se denunciaba la trata sexual de mujeres y niñas. En las crónicas, se incluía el nombre de Raúl Martins como uno de los zares de la prostitución en ambos países.
Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.
Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años.
Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.
En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.
¿Quién es quién?
Durante 13 años (entre 1974 y 1987) fue agente de la SIDE y usó un nombre falso: Aristóbulo Manghi. En los noventa, ya con su verdadera identidad, Raúl Luis Martins se hizo conocido por investigaciones judiciales que lo señalaban como uno de los dueños del sexo vip de Buenos Aires.
Durante el 2004 los periódicos de Cancún, una de las playas más importantes de México, lo señalan como el hombre clave en un affaire de sexo, prostitución, traiciones, coimas y videos extorsivos.
El diario local Por Esto! hizo un seguimiento de las sociedades comerciales de Martins, y de una de ellas en especial: "Turística Swing", creada en setiembre de 2003, que el empresario comparte con su pareja, Estela Percival. A través de "Turística", Martins habría comenzado su propio negocio en la noche de Cancún, a espaldas de sus socios de Tijuana, con los que había hecho pie en la ciudad años antes.
Los medios mexicanos lo relacionan con tráfico de drogas y mujeres. Y hasta el presidente del ayuntamiento de Cancún (cargo que equivale al de intendente) debió salir a dar una conferencia de prensa, el 10 de mayo del 2004, para calmar los ánimos.
Durante el 2004, los problemas de Martins en México se centraron en el funcionamiento de una disco ubicada en plena zona hotelera, en la plaza Party Center, en el Boulevard Kukulcan. "Existe una denuncia sobre el pago de un soborno de 65.000 dólares del señor Martins a un regidor (concejal) para abrir su local, en febrero pasado, y no ser molestado. Se inició una investigación en la Contraloría Municipal", le dijo a Clarín David Sosa, subdirector de Comunicación Social del ayuntamiento, por aquellos años.
El local estaba sospechado de funcionar como prostíbulo ("giro negro" le dicen en México) y se llama The One. "Yo no sé de qué me habla, no sé nada de México", aseguró Martins cuando Clarín lo consultó acerca de lo que se publicó sobre él en Cancún.
En la Argentina el ex SIDE tiene un pedido de elevación a juicio en un expediente donde se lo acusa de regentear prostíbulos. Uno de ellos está en Chacabuco al 100 y se llama Tributo. Sin embargo, casualidad o no, cuando se inició la causa, en 1997, su nombre era otro: The One.
Nada de lo que ahora se ventila es nuevo para Martins. En Buenos Aires, además del expediente (Nº 103.933/97) en el que se lo procesó por "proxeneta", también se lo investigó —en el marco de la causa Oyarbide— por pagar supuestas coimas a ese juez federal a cambio de protección para sus boliches.
Y aún no fue aclarado el destino que iba a tener un video que el entonces fiscal José María Campagnoli encontró en marzo de 2001 al allanar cuatro cajas de seguridad de Martins en la casa central del BankBoston. En la cinta se ve a un camarista penal con una prostituta sentada en sus rodillas.
Del batallón 601 a la SIDE
El reclamo por la apertura de los archivos es una constante, pero la realidad es que no se ha avanzado en ese sentido. Lo central de la información que contienen esos registros ayudaría a comprender, investigar y enjuiciar a gran parte de los genocidas que cumplieron tareas de espionaje. Si se lograse tener el listado de esos nombres, y rastrear su vida actual, se podría desarticular gran parte de la impunidad, complicidad y negocios, que actualmente llevan adelante.
A modo de ejemplo, vemos como el ex batallón 601, donde funcionó la central de los espías del Ejército durante los años de la dictadura, muchos de esos agentes hoy están camuflados en otros organismos de Inteligencia, empresas de seguridad privada y organismos del Estado.
Cuando el Gobierno Argentino promocionó la difusión de la lista del personal militar y civil que formó parte del temible Batallón de Inteligencia 601 del Ejército entre 1976 y 1983, no imaginó que iba a desatar una subterránea guerra interna entre la “comunidad de espías”. Los daños colaterales golpearon la puerta de los topos que actúan bajo el mandato del propio Gobierno.
La divulgación de nombres, la artillería de “carpetazos”, y hasta amenazas de muerte, son parte de los ingredientes de una olla a presión que está en pleno proceso de ebullición.
Después de que la revista Veintitrés diera a conocer el listado de los 4.300 agentes del Batallón 601, la ministra de Defensa, Nilda Garré recibió cientos de amenazas que no se dieron a conocer.
A la del Ejército se sumó el listado de los hombres de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Aún falta que la Armada eleve el mismo listado, algo que Garré ya reclamó.
La Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) también tuvo una participación estelar en los años de plomo. “Hasta el momento a nadie se le ocurrió pedir el listado de los agentes de la SIDE que trabajaron en la dictadura.
En las madrigueras de la Inteligencia local son archiconocidas las andanzas del “superagente” Jaime Stiuso, jefe de Operaciones de la SIDE (que está tramitando su jubilación), cuando estaba dejando la adolescencia y al mismo tiempo ingresando a “La Casa” un par de años antes de la llegada de la dictadura.
La
jefa de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la SIDE, de
apellido Michell, también está en ese organismo desde mediados de los
70. Quien fuese Directora de la Escuela Nacional de Inteligencia hasta
el 2010, Adriana Cucobas, es otras de las agentes que dio sus primeros
pasos en el espionaje durante la dictadura.
Otro ex del 601, es Rodolfo “Chino” Solís, un ex coronel de inteligencia que también fue jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem.
Otro ex del 601, es Rodolfo “Chino” Solís, un ex coronel de inteligencia que también fue jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem.
OJOTAS
LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL
Ley 25.520
Bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de
la Nación. Principios generales. Protección de los derechos y garantías
de los habitantes. Organismos de Inteligencia. Política de Inteligencia
Nacional. Clasificación de la información. Interceptación y Captación de
Comunicaciones. Personal y capacitación. Control parlamentario.
Disposiciones penales. Disposiciones transitorias y complementarias.
Sancionada: Noviembre 27 de 2001. Promulgada: Diciembre 3 de 2001
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