La amenaza del juez de Nueva York Thomas Griesa de declarar
en desacato a la República Argentina por no cumplir con la sentencia que
obliga al país a pagarle unos U$S 1600 millones a los fondos buitre no
hace más que confirmar la sospecha de que este supuesto entuerto
judicial es en realidad un litigio del poder financiero en las sombras
de Estados Unidos contra el país.
Por añadidura, también tira por la borda cualquier idea de equilibrio de un magistrado que ha demostrado a lo largo de estos años una parcialidad manifiesta a favor de los buitres, que luego fue avalada por las dos instancias superiores.
El concepto de desacato se utiliza en los estrados judiciales de Estados Unidos como un mecanismo para obligar a un sujeto a cumplir con una orden de la justicia norteamericana.
La pena de desobediencia, tanto en el fuero civil como el penal, puede significar para la persona en cuestión sanciones económicas e incluso la cárcel. En el caso de la justicia civil la normativa de EE UU puede comprender la privación de la libertad por un lapso de entre 6 y 44 meses para el individuo que viole el fallo.
Sin embargo, no existen antecedentes, al menos serios, de que un juez, utilizando la legislación de su país, aplique la figura del desacato a una nación extranjera. En ese caso se produciría una violación flagrante de la soberanía del estado considerado en desacato y también queda en evidencia el conflicto de intereses entre la Argentina y los Estados Unidos.
Lo llamativo es que más allá de que el Departamento de Estado ya
adelantó que no aceptará dirimir el conflicto en la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), cuando se sometió a ella se transformó en uno de los
diez países que incurrieron en desacato en La Haya.
El primer desacato de EE UU en la CIJ tuvo lugar en 1984, cuando Nicaragua denunció la utilización ilegal de la fuerza por la intervención norteamericana.
La CIJ dictaminó que Estados Unidos cometió una infracción del "Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la fuerza contra otro Estado" y le ordenó pagar una compensación económica.
La guerra que impulsó abiertamente Estados Unidos contra el sandinismo le costó a Nicaragua mucho más de U$S 17.000 millones en daños económicos y unos 50.000 muertos, de acuerdo a datos oficiales correspondiente a casi una década marcada por las incursiones militares de la "contra" que comenzó en agosto de 1979 y se extendió hasta 1989.
La Corte de la Haya condenó al gobierno de Ronald Reagan pero los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión del tribunal internacional arguyendo que ésta no tenía jurisdicción sobre el caso.
Sin embargo, no fue la única ocasión en la que EE UU incurrió en desacato. El 3 de mayo de 1999, cuando Walter LaGrand, de nacionalidad alemana, fue sentenciado a muerte en Arizona por asesinato, Alemania pidió a la CIJ que suspenda la ejecución hasta que se resuelva un planteo de queja por mal procedimiento.
Sucede que Arizona jamás le comunicó a LaGrand que podía contactarse con el consulado alemán.
Por la gravedad del hecho, la Corte Internacional de La Haya emitió una orden urgente en la que solicitó a Estados Unidos que no proceda a la ejecución de LaGrand hasta tanto finalizara el proceso.
Estados Unidos violó la determinación de la CIJ, le aplicó a La Grand la pena capital y en el 2001 la misma corte concluyó que el gran país del norte transgredió la Convención de Viena a través de la aplicación de la preclusión procesal.
De la misma manera que aconteció con Nicaragua, Estados Unidos se mofó del tribunal internacional, incurrió en desacato y nunca pagó por los daños que ocasionó con sus fallos. Ahora, el dilema que plantea el conflicto con los buitre, en el que Estados Unidos se arroga la jurisdicción para juzgar lo hecho por Argentina, un estado extranjero, es que si Griesa determina que la República ingresó en desacato, el juez de Nueva York podría solicitar a Barack Obama sanciones económicas contra un país foráneo por un fallo caracterizado por los errores, las desprolijidades y el desequilibrio jurídico.
El primer indicio grave de que la justicia de los EE UU, uno de los principales poderes del país del norte, estaba dispuesto a avasallar la soberanía de la Argentina fue la aprobación de la Corte Suprema de este país del Discovery mundial. Esta resolución obliga a las entidades financieras que se encuentran fuera de los Estados Unidos a informar a los buitre sobre los bienes argentinos y colocaciones financieras privadas depositadas en el exterior. El fallo genera las condiciones para facilitar futuros embargos en contra del país. En el “Caso Discovery”, que llamativamente el máximo tribunal de Estados Unidos decidió el mismo día en el que avaló la condena de Griesa contra la Argentina, el poder judicial de EE UU dio el primer paso para arrinconar a la Argentina con vistas a cerrar un cerco que garantice a los fondos buitre que iban a cobrar su deuda. Una jugada maestra dirigida contra la Argentina por Estados Unidos (con la anuencia implícita de Barack Obama) con el fin de sentar las bases jurídicas–políticas de un nuevo escenario en el que se privilegiará el pillaje financiero en desmedro del Derecho Público Internacional, que, por cierto, Estados Unidos jamás respetó.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/08/10/economia-157098-las-bases-para-un-nuevo-derecho-internacional-buitre.php
Por añadidura, también tira por la borda cualquier idea de equilibrio de un magistrado que ha demostrado a lo largo de estos años una parcialidad manifiesta a favor de los buitres, que luego fue avalada por las dos instancias superiores.
El concepto de desacato se utiliza en los estrados judiciales de Estados Unidos como un mecanismo para obligar a un sujeto a cumplir con una orden de la justicia norteamericana.
La pena de desobediencia, tanto en el fuero civil como el penal, puede significar para la persona en cuestión sanciones económicas e incluso la cárcel. En el caso de la justicia civil la normativa de EE UU puede comprender la privación de la libertad por un lapso de entre 6 y 44 meses para el individuo que viole el fallo.
Sin embargo, no existen antecedentes, al menos serios, de que un juez, utilizando la legislación de su país, aplique la figura del desacato a una nación extranjera. En ese caso se produciría una violación flagrante de la soberanía del estado considerado en desacato y también queda en evidencia el conflicto de intereses entre la Argentina y los Estados Unidos.
El juez de Nueva York podría solicitar a Barack Obama sanciones económicas contra un país foráneo por un fallo caracterizado por los errores, las desprolijidades y el desequilibrio jurídico.
El primer desacato de EE UU en la CIJ tuvo lugar en 1984, cuando Nicaragua denunció la utilización ilegal de la fuerza por la intervención norteamericana.
La CIJ dictaminó que Estados Unidos cometió una infracción del "Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la fuerza contra otro Estado" y le ordenó pagar una compensación económica.
La guerra que impulsó abiertamente Estados Unidos contra el sandinismo le costó a Nicaragua mucho más de U$S 17.000 millones en daños económicos y unos 50.000 muertos, de acuerdo a datos oficiales correspondiente a casi una década marcada por las incursiones militares de la "contra" que comenzó en agosto de 1979 y se extendió hasta 1989.
La Corte de la Haya condenó al gobierno de Ronald Reagan pero los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión del tribunal internacional arguyendo que ésta no tenía jurisdicción sobre el caso.
Sin embargo, no fue la única ocasión en la que EE UU incurrió en desacato. El 3 de mayo de 1999, cuando Walter LaGrand, de nacionalidad alemana, fue sentenciado a muerte en Arizona por asesinato, Alemania pidió a la CIJ que suspenda la ejecución hasta que se resuelva un planteo de queja por mal procedimiento.
Sucede que Arizona jamás le comunicó a LaGrand que podía contactarse con el consulado alemán.
Por la gravedad del hecho, la Corte Internacional de La Haya emitió una orden urgente en la que solicitó a Estados Unidos que no proceda a la ejecución de LaGrand hasta tanto finalizara el proceso.
Estados Unidos violó la determinación de la CIJ, le aplicó a La Grand la pena capital y en el 2001 la misma corte concluyó que el gran país del norte transgredió la Convención de Viena a través de la aplicación de la preclusión procesal.
De la misma manera que aconteció con Nicaragua, Estados Unidos se mofó del tribunal internacional, incurrió en desacato y nunca pagó por los daños que ocasionó con sus fallos. Ahora, el dilema que plantea el conflicto con los buitre, en el que Estados Unidos se arroga la jurisdicción para juzgar lo hecho por Argentina, un estado extranjero, es que si Griesa determina que la República ingresó en desacato, el juez de Nueva York podría solicitar a Barack Obama sanciones económicas contra un país foráneo por un fallo caracterizado por los errores, las desprolijidades y el desequilibrio jurídico.
El primer indicio grave de que la justicia de los EE UU, uno de los principales poderes del país del norte, estaba dispuesto a avasallar la soberanía de la Argentina fue la aprobación de la Corte Suprema de este país del Discovery mundial. Esta resolución obliga a las entidades financieras que se encuentran fuera de los Estados Unidos a informar a los buitre sobre los bienes argentinos y colocaciones financieras privadas depositadas en el exterior. El fallo genera las condiciones para facilitar futuros embargos en contra del país. En el “Caso Discovery”, que llamativamente el máximo tribunal de Estados Unidos decidió el mismo día en el que avaló la condena de Griesa contra la Argentina, el poder judicial de EE UU dio el primer paso para arrinconar a la Argentina con vistas a cerrar un cerco que garantice a los fondos buitre que iban a cobrar su deuda. Una jugada maestra dirigida contra la Argentina por Estados Unidos (con la anuencia implícita de Barack Obama) con el fin de sentar las bases jurídicas–políticas de un nuevo escenario en el que se privilegiará el pillaje financiero en desmedro del Derecho Público Internacional, que, por cierto, Estados Unidos jamás respetó.
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