A mediados de 1991, una jubilada le arrebataba
la gorra a un policía en una manifestación. Años después, ya siendo una
vieja conocida del menemismo por sus marchas de los días miércoles, y
habiendo conocido más de un calabozo, ganó notoriedad por haber hecho
llorar a dirigentes como Ruckauf y al propio Cavallo. Norma Beatriz
Guimil de Plá reclamaba por la actualización de los haberes
jubilatorios.
Nota de Tiempo Argentino
Norma y los demás jubilados soportaron durante todos esos años el congelamiento de sus haberes en 150 pesos mensuales. La promesa de la Ley 24.241 de reforma previsional de 1993 fue que implicaría aumentar los haberes y el grado de cobertura. Además se lograría una mayor equidad entre los beneficiarios. Pero nada de eso sucedió y los únicos privilegiados de la ley no fueron ni los niños ni los jubilados, sino las AFJP y los bancos, que embolsaron millones de pesos por comisiones y negocios especulativos, muchos de ellos todavía no aclarados en la justicia.
Además, en la última etapa de la Convertibilidad, en pleno 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa y el mismo Cavallo que había derramado lágrimas por Plá, fueron los que anunciaron el "megacanje" de bonos de la deuda externa. La operación (ver aparte) consistió en un canje de títulos públicos con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda, a cambio ofrecieron pagar más intereses y capital, y pagaron a los bancos colocadores comisiones millonarias. Eran tiempos de negociados y endeudamiento continuo, que durante los años '90 se pavimentó con un grosero recorte fiscal que implicó, entre otras cosas, expulsar del sistema a miles y miles de personas en edad de jubilarse y a muchos más.
La única forma de discontinuar ese camino de exclusión fue acabar con las políticas de recortes de gastos y estatizar los fondos acumulados en las AFJP y crear a fines de 2008 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El Fondo está compuesto por diversos tipos de activos financieros: títulos públicos, acciones de sociedades anónimas (por eso ANSES tiene directores en esas empresas), tenencias de plazos fijos, etcétera. En diciembre de 2008, estaba valuado en 98 mil millones de pesos; actualmente asciende a unos 405 mil millones de pesos (aumentó un 413% en sólo 65 meses).
El FGS nunca fue la "plata de los jubilados". No es un stock que debía repartirse, sino un flujo que debe reproducirse y ampliarse con el objetivo principal de invertir en activos y en sectores de la economía real que, además de generar ganancias financieras para el Fondo, promuevan el crecimiento económico y aumenten el empleo formal. Este proceso genera un círculo virtuoso porque, cuantas más ventas internas y más empleo formal exista, mayores serán los ingresos estatales, tanto por contribuciones a la seguridad social como por el pago de impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles). Y aquí sí tenemos la famosa "plata de los jubilados": con estos nuevos ingresos se pagan los haberes previsionales y no con el stock del Fondo.
¿Tan difícil es entender que el sistema cambió radicalmente, o el problema consiste en que quienes confunden el tema son los nostálgicos de las AFJP porque recibían algunas migajas de sus comisiones y negociados? Por lo tanto, las jubilaciones se pagan con lo recaudado mes a mes por el SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), que se conforma de un 58% por aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y 42% vía impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles).
Entendido este tema, sí sería auspicioso un debate serio –teléfono para la oposición– sobre el tipo de impuestos que deberían financiar en el futuro al SIPA, e incluir nuevas rentas como las financieras, agrarias o mineras y bajar los impuestos al consumo como el IVA y combustibles.
Sin el FGS no habría incrementos bianuales de las jubilaciones y pensiones, ni mayor cobertura previsional, no se hubiera podido implementar la Asignación Universal por Hijo, ni el Plan Conectar Igualdad, ni las viviendas del Pro.Cre.Ar, ni los aportes a los pibes del Plan Progresar. En su lugar habría haberes miserables para la mayoría, tendrían jubilaciones dignas sólo los trabajadores del vértice de la pirámide de ingresos, pero las AFJP seguirían embolsando fortunas.
Tampoco se podría haber impulsado la segunda moratoria jubilatoria que la presidenta anunció esta semana y con la que se cubrirán casi 480 mil nuevos beneficiarios, alcanzándose casi el 100% de cobertura previsional en nuestro país, que hoy ya cuenta con la mayor inclusión jubilatoria de la región.
Esta medida se enmarca en la pelea que el gobierno está dando para reducir la informalidad laboral y es complementaria de la Ley Nº 26.940, promulgada el 2 de junio, y que tiene como meta que las micro y pequeñas empresas puedan registrar en dos años unos 650 mil trabajadores.
Cabe destacar que en diciembre de 2003 había en el país 3,15 millones jubilados y pensionados, mientras que a fines de 2013 eran 5,9 millones, lo que significa un incremento del 87 por ciento. No obstante, la situación actual todavía tiene cuentas pendientes, porque sólo un poco más de la mitad de los hogares de menores ingresos tiene cobertura previsional, mientras que en el resto de la población esa cobertura llega, en promedio, al 87 por ciento.
Con la nueva moratoria, que demandará 12 mil millones de pesos anuales, se pone de manifiesto, una vez más, la direccionalidad de la políticas gubernamentales hacia la ampliación de derechos ciudadanos, políticas que son satanizadas por la oposición y sus economistas de cabecera por incrementar el gasto público sin especificar en ningún caso qué rubros estarían dispuestos a eliminar si fueran gobierno. Esta semana el titular de la UIA, Héctor Méndez, pidió bajar el gasto público. "Las empresas están de acuerdo en bajar su rentabilidad si el Estado está dispuesto a bajar el gasto público", afirmó, asimilando al Estado a una empresa privada. Por ignorancia o sólo porque le duele pagar impuestos, el dirigente empresarial no entiende que si el gobierno baja el gasto y la inversión pública, el sector privado no necesitará bajar voluntariamente su rentabilidad, porque se desplomarán solas. En efecto, sostener un mercado interno en crecimiento es lo que posibilita mayores ventas y ganancias para las empresas. Menor actividad estatal en estos momentos de bajo crecimiento económico reforzaría la desaceleración y con ello se incrementarían los problemas para las empresas y sus trabajadores.
La que seguramente no hubiera pedido ajustes sería Norma Plá, que en su momento de mayor conocimiento público decía: "Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el ministro Cavallo dice que 10 mil no le alcanzan ¿Qué, no hay plata? No habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero."
Si todavía viviera, por su carácter aguerrido seguramente sería ferviente opositora, porque aún con las actualizaciones de los últimos años los haberes jubilatorios mínimos todavía son bajos. Los funcionarios actuales tampoco hubieran llorado lágrimas de cocodrilo, aunque se reconozca que todavía falta seguir recorriendo etapas del difícil camino de la equidad y la justicia social. Lo que nunca hubiera sucedido es que Norma pasara una noche en una comisaría por protestar, porque tanto para este proyecto político como para Don Norberto "Pappo" Napolitano, lo importante es "que nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay".
Norma y los demás jubilados soportaron durante todos esos años el congelamiento de sus haberes en 150 pesos mensuales. La promesa de la Ley 24.241 de reforma previsional de 1993 fue que implicaría aumentar los haberes y el grado de cobertura. Además se lograría una mayor equidad entre los beneficiarios. Pero nada de eso sucedió y los únicos privilegiados de la ley no fueron ni los niños ni los jubilados, sino las AFJP y los bancos, que embolsaron millones de pesos por comisiones y negocios especulativos, muchos de ellos todavía no aclarados en la justicia.
Además, en la última etapa de la Convertibilidad, en pleno 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa y el mismo Cavallo que había derramado lágrimas por Plá, fueron los que anunciaron el "megacanje" de bonos de la deuda externa. La operación (ver aparte) consistió en un canje de títulos públicos con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda, a cambio ofrecieron pagar más intereses y capital, y pagaron a los bancos colocadores comisiones millonarias. Eran tiempos de negociados y endeudamiento continuo, que durante los años '90 se pavimentó con un grosero recorte fiscal que implicó, entre otras cosas, expulsar del sistema a miles y miles de personas en edad de jubilarse y a muchos más.
La única forma de discontinuar ese camino de exclusión fue acabar con las políticas de recortes de gastos y estatizar los fondos acumulados en las AFJP y crear a fines de 2008 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El Fondo está compuesto por diversos tipos de activos financieros: títulos públicos, acciones de sociedades anónimas (por eso ANSES tiene directores en esas empresas), tenencias de plazos fijos, etcétera. En diciembre de 2008, estaba valuado en 98 mil millones de pesos; actualmente asciende a unos 405 mil millones de pesos (aumentó un 413% en sólo 65 meses).
El FGS nunca fue la "plata de los jubilados". No es un stock que debía repartirse, sino un flujo que debe reproducirse y ampliarse con el objetivo principal de invertir en activos y en sectores de la economía real que, además de generar ganancias financieras para el Fondo, promuevan el crecimiento económico y aumenten el empleo formal. Este proceso genera un círculo virtuoso porque, cuantas más ventas internas y más empleo formal exista, mayores serán los ingresos estatales, tanto por contribuciones a la seguridad social como por el pago de impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles). Y aquí sí tenemos la famosa "plata de los jubilados": con estos nuevos ingresos se pagan los haberes previsionales y no con el stock del Fondo.
¿Tan difícil es entender que el sistema cambió radicalmente, o el problema consiste en que quienes confunden el tema son los nostálgicos de las AFJP porque recibían algunas migajas de sus comisiones y negociados? Por lo tanto, las jubilaciones se pagan con lo recaudado mes a mes por el SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), que se conforma de un 58% por aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y 42% vía impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles).
Entendido este tema, sí sería auspicioso un debate serio –teléfono para la oposición– sobre el tipo de impuestos que deberían financiar en el futuro al SIPA, e incluir nuevas rentas como las financieras, agrarias o mineras y bajar los impuestos al consumo como el IVA y combustibles.
Sin el FGS no habría incrementos bianuales de las jubilaciones y pensiones, ni mayor cobertura previsional, no se hubiera podido implementar la Asignación Universal por Hijo, ni el Plan Conectar Igualdad, ni las viviendas del Pro.Cre.Ar, ni los aportes a los pibes del Plan Progresar. En su lugar habría haberes miserables para la mayoría, tendrían jubilaciones dignas sólo los trabajadores del vértice de la pirámide de ingresos, pero las AFJP seguirían embolsando fortunas.
Tampoco se podría haber impulsado la segunda moratoria jubilatoria que la presidenta anunció esta semana y con la que se cubrirán casi 480 mil nuevos beneficiarios, alcanzándose casi el 100% de cobertura previsional en nuestro país, que hoy ya cuenta con la mayor inclusión jubilatoria de la región.
Esta medida se enmarca en la pelea que el gobierno está dando para reducir la informalidad laboral y es complementaria de la Ley Nº 26.940, promulgada el 2 de junio, y que tiene como meta que las micro y pequeñas empresas puedan registrar en dos años unos 650 mil trabajadores.
Cabe destacar que en diciembre de 2003 había en el país 3,15 millones jubilados y pensionados, mientras que a fines de 2013 eran 5,9 millones, lo que significa un incremento del 87 por ciento. No obstante, la situación actual todavía tiene cuentas pendientes, porque sólo un poco más de la mitad de los hogares de menores ingresos tiene cobertura previsional, mientras que en el resto de la población esa cobertura llega, en promedio, al 87 por ciento.
Con la nueva moratoria, que demandará 12 mil millones de pesos anuales, se pone de manifiesto, una vez más, la direccionalidad de la políticas gubernamentales hacia la ampliación de derechos ciudadanos, políticas que son satanizadas por la oposición y sus economistas de cabecera por incrementar el gasto público sin especificar en ningún caso qué rubros estarían dispuestos a eliminar si fueran gobierno. Esta semana el titular de la UIA, Héctor Méndez, pidió bajar el gasto público. "Las empresas están de acuerdo en bajar su rentabilidad si el Estado está dispuesto a bajar el gasto público", afirmó, asimilando al Estado a una empresa privada. Por ignorancia o sólo porque le duele pagar impuestos, el dirigente empresarial no entiende que si el gobierno baja el gasto y la inversión pública, el sector privado no necesitará bajar voluntariamente su rentabilidad, porque se desplomarán solas. En efecto, sostener un mercado interno en crecimiento es lo que posibilita mayores ventas y ganancias para las empresas. Menor actividad estatal en estos momentos de bajo crecimiento económico reforzaría la desaceleración y con ello se incrementarían los problemas para las empresas y sus trabajadores.
La que seguramente no hubiera pedido ajustes sería Norma Plá, que en su momento de mayor conocimiento público decía: "Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el ministro Cavallo dice que 10 mil no le alcanzan ¿Qué, no hay plata? No habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero."
Si todavía viviera, por su carácter aguerrido seguramente sería ferviente opositora, porque aún con las actualizaciones de los últimos años los haberes jubilatorios mínimos todavía son bajos. Los funcionarios actuales tampoco hubieran llorado lágrimas de cocodrilo, aunque se reconozca que todavía falta seguir recorriendo etapas del difícil camino de la equidad y la justicia social. Lo que nunca hubiera sucedido es que Norma pasara una noche en una comisaría por protestar, porque tanto para este proyecto político como para Don Norberto "Pappo" Napolitano, lo importante es "que nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay".
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