Se multiplican los cortes del servicio eléctrico a usuarios que no pueden pagar la factura. La necesidad de una amnistía
Edesur y Edenor tienen más de 1,5 millones de clientes que cayeron en mora este año y 120 mil que pasaron a usar medidores prepagos.
Por David Cufré
La crisis económica que provocó el gobierno de Mauricio Macri tiene un rasgo distintivo, que no se había registrado ni siquiera en el estallido de 2001: la enorme cantidad de usuarios que sufren el corte de servicios públicos por la imposibilidad de pagar las facturas. Solo en Mar de Ajo hay mil familias desconectadas o con amenaza de corte inminente sobre una población total de 23 mil personas. El Municipio está teniendo que intervenir para amortiguar la catástrofe que eso significa. La sucesión de boletas impagables en un contexto de baja de los ingresos termina por asfixiar a las familias, que se caen del sistema como fichas de dominó.
Es una situación que se repite por todo el país. En Merlo, San Luis, se suman casos de clientes que son dados de baja porque acumularon deudas que ahora resultan impagables. En el área metropolitana de Buenos Aires, Edesur y Edenor tienen más de 1,5 millones de clientes que cayeron en mora este año y 120 mil que pasaron a usar medidores prepagos, de modo de evitar los cortes de luz y gastar lo mínimo indispensable.
En las categorías de usuarios que reúnen al 80 por ciento de los clientes, los atrasos en los pagos en Edesur llegan a un exorbitante 20 por ciento. Uno de cada cinco está en riesgo de quedarse a oscuras. Hacia fin de año Edenor estima que el número de usuarios adheridos a la modalidad de “medidores autoadministrados”, como denominan técnicamente al sistema prepago, habrá crecido hasta 170 mil, 50 mil más que ahora.
En cuanto al gas, 220 mil clientes se bajaron del servicio por red y empezaron a usar garrafas para limitar los gastos a un mínimo de subsistencia. La gravedad de la emergencia requerirá que el próximo gobierno salga en rescate de esos sectores. Entidades de consumidores reclaman la condonación de deudas en los casos más extremos, el diseño de planes de pago flexibles para quienes están en situaciones menos acuciantes y la desdolarización general de las tarifas, de manera que las empresas cobren en función de sus costos en pesos en lugar de garantizarles rentabilidades extraordinarias en moneda extranjera, como hizo el gobierno de Cambiemos.
“Esto no se vio nunca. Ni siquiera en 2001. Nos llegan casos de todas partes con pueblos enteros que tienen porcentajes muy elevados de vecinos en mora o con cortes de servicio”, describe Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, entidad que agrupa a defensores de los usuarios en toda la Argentina. Así como en la crisis de 2001 se adoptó la pesificación asimétrica para evitar la quiebra masiva de empresas endeudadas en dólares, en el estallido del modelo de Mauricio Macri hará falta atender la urgencia social con aportes del Estado y una negociación dura con las empresas para que se acomoden a la realidad del país en el que prestan servicio. Sobre todo, porque hasta ahora se vienen comportando con desprecio hacia miles de clientes, a quienes someten a todo tipo de abusos en la facturación, demoras interminables en la resolución de los reclamos y les aplican cortes expeditivos del servicio en cuanto empiezan los atrasos.
El gobierno de Cambiemos no muestra reacción frente a lo que está pasando. Pedro Busetti, titular de Deuco, una de las entidades que participa de la Comisión de Usuarios en los entes de control de los servicios públicos, advierte que en el organismo eléctrico, el Enre, hay una parálisis total desde que se anunció el traspaso de Edesur y Edenor a la órbita de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. “No hay respuesta a los reclamos. Dan turnos por la página web que pueden demorar meses. Están ausentes frente a una situación crítica”, protesta. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, agrega que las distribuidoras eléctricas redujeron los plazos de preaviso para el corte del servicio a los clientes morosos. En lugar de enviar una notificación cuando un usuario se atrasa e intimarlo al pago, directamente incluyen una leyenda en las boletas que dice “aviso de suspensión”, por la que dan por cumplido ese trámite y pueden efectuar desconexiones sumarias. “En general van a la madrugada y con empresas tercerizadas, para esquivar la reacción social”, apunta Manzi.
“Hay muchos usuarios de sectores medios que se sienten avergonzados por no poder pagar. Tal vez socialmente está más aceptado que un deudor de un crédito UVA pida que lo rescaten porque se le dispararon las cuotas, pero a quien no le alcanza para la boleta de la luz le cuesta más salir a protestar. Es un fenómeno cultural. La clase media que se cae del sistema se muestra más indefensa”, describe Manzi.
Sectores populares y sectores medios en crisis están apelando cada vez más al polémico sistema de los medidores prepagos. Es una opción que en el área metropolitana de Buenos Aires solo ofrece Edenor. De ese modo, la empresa logró mantener estable el porcentaje de clientes morosos. Hasta abril, último dato oficial, había 584 mil en esa condición. A los que no pueden pagar como usuarios regulares, les ofrece la alternativa del prepago, que en definitiva apunta a restringir el consumo a la capacidad disminuida de bolsillos flacos. Si tienen que estar a oscuras buena parte del día, lo prefieren antes de quedarse sin nada, argumentan en la compañía. El sistema tuvo una prueba piloto en 2006 en Merlo, Moreno y Escobar, barriadas populares del conurbano bonaerense. Sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner nunca lo habilitó porque lo consideró un retroceso en el acceso al derecho al servicio eléctrico. El mecanismo se empezó a utilizar en 2016, luego de la homologación del Enre bajo el gobierno de Macri. El responsable del Ministerio de Energía en ese momento era el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, el mismo que dijo que la nafta era para quien la pudiera pagar.
“Ningún medidor autoadministrado se coloca si no lo solicita el cliente. Lo ofrecemos como solución a los morosos. Es muy amigable y viene con un display para controlar el consumo en tiempo real y saber cuánto crédito le queda. Es más simple de manejar que un teléfono celular. A principios de 2018 había 75 mil usuarios adheridos y hoy estamos en 120 mil. A fin de año vamos a llegar a 160 mil o 170 mil”, explican en Edenor. Busetti lo cuenta de otra manera. Afirma que la empresa presiona a los clientes para que se pasen al medidor prepago bajo amenaza de corte del servicio. De ese modo, traslada al trabajador y al jubilado en crisis la autoexclusión a un servicio pleno.
En el caso de Edesur, la mora saltó al 20 por ciento para los usuarios de la categoría R1, la más numerosa, con 359 mil clientes afectados, mientras que en la R2, la segunda más voluminosa, llega al 17,6 por ciento, con 280 mil clientes. En 2016 los atrasos alcanzaban al 18,4 y 16,6 por ciento, respectivamente, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en un informe al Congreso. Las cifras son hasta abril pasado. En ese momento, el total de morosos de la distribuidora trepaba a 940 mil. Según las entidades de consumidores, el número aumentó exponencialmente desde entonces, al ritmo del agravamiento de la crisis, la suba del dólar y el incremento de la desocupación.
Economistas, empresarios y comunicadores que supieron apoyar el modelo económico de Cambiemos hoy no pueden hacer más que reconocer la gravedad de la crisis. No tienen alternativa frente a la dimensión que ha adquirido la nueva catástrofe neoliberal. Sin embargo, ese reconocimiento viene acompañado por una trampa. La solución que proponen es más ajuste. El próximo gobierno deberá evitarlo.
La salida de la crisis no se producirá por la vía del ajuste. No hay capacidad de soportar más ajuste. Ni la sociedad ni la economía pueden resistir mucho más. Lo que se necesita es lo contrario. Un plan de salvataje. Los usuarios de servicios públicos aparecen en ese sentido como una prioridad.
Esta semana se pudo ver cómo se reparten las cargas en el fragor de la crisis. Los ejemplos ilustran para lo que viene. Molino Cañuelas debió retrotraer la dolarización de la harina a los panaderos frente al reclamo contundente de este sector. Las petroleras lograron arrebatarle al Gobierno el descongelamiento de los combustibles. Las inmobiliarias obtuvieron el permiso de compra de 100 mil dólares para la adquisición de una vivienda con crédito hipotecario. Todos los sectores están en disputa. La economía de Macri estalló y ahora los diferentes actores económicos y sociales se agitan en defensa de sus intereses o con intención de sacar tajada y obtener ganancias extraordinarias. Las privatizadas presionan por las tarifas. En ese terremoto, los usuarios de servicios públicos también deberán hacerse oír para que se resuelvan situaciones que son intolerables, que condenan a miles de ellos a la marginación de derechos esenciales. Para el próximo gobierno será clave salir en su auxilio. De lo contrario, los condenará a vivir en penumbras por mucho tiempo.
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