Alberto Fernández con representantes del FMI, semanas atrás. Ya rueda la pelota del partido por la refinanciación de la deuda.
Cruce de mensajes entre Alberto Fernández, el FMI y los fondos financieros
Al tiempo que Lipton daba por interrumpida la relación con el actual gobierno, el candidato del FdeT intercambiaba propuestas con los inversores.
Por Raúl Dellatorre
La renegociación de la deuda entre el futuro gobierno argentino, los acreedores internacionales y los organismos multilaterales de crédito comenzó esta semana. Aunque no haya habido una convocatoria formal, las pulseadas comenzaron vía mensajes en los anuncios o declaraciones, y hasta en alguna charla privada entre las partes. En definitiva, no muy distinto a como acontece cuando existen negociaciones formales. Lo concreto es que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, fijó sus pretensiones ante el FMI, advirtiéndole que no está dispuesto a seguir con las condicionalidades del acuerdo "stand by", y a la vez le hizo saber a los mercados financieros cuáles son las condiciones en las que está dispuesto a pagar: una renegociación "a la uruguaya", lo que significa canjear títulos de mediano plazo por otros más largos, respetando monto e intereses. "Más plazos pero sin quita".
La primera señal de que se iniciaba una nueva etapa en la negociación de la deuda la dio David Lipton, número dos formalmente en el FMI pero el hombre fuerte en verdad, en tanto representante de Estados Unidos en el Directorio. El organismo "trabajará para una eventual reanudación de una relación con Argentina, algún tipo de relación financiera, pero puede tener que esperar un tiempo", le dijo a Bloomberg Radio. Que fue lo mismo que decir que la relación está interrumpida y que el desembolso de 5400 millones de dólares no vendrá hasta nuevo aviso. O nuevo gobierno.
Desde las filas del aspirante a presidir el país desde el 10 de diciembre circuló una hipótesis de trabajo audaz: rechazar el desembolso de 5400 millones, incluso el de 1000 millones correspondiente a diciembre, y dar por caído el acuerdo "stand by" hasta tanto el FMI aceptara renegociar los plazos de devolución de lo ya recibido, con un nuevo acuerdo que liberara al nuevo gobierno de las condicionalidades (compromisos de política económica que atan de pies y mano al plan de gobierno). Incluso se llegó a plantear la devolución de los 7200 millones de dólares que el FMI otorgó como "refuerzo de reservas", a menos que los liberara para el pago de vencimientos.
A la par de este planteo duro hacia el organismo multilateral, Alberto Fernández lanzó una propuesta más amigable hacia los capitales financieros. El candidato reconoció, durante su visita a Córdoba, que mantuvo contacto con inversores internacionales y de ese diálogo surgieron ideas "mejores a lo que tenemos". La alternativa de una renegociación "a la uruguaya" surgió en esas conversaciones, una propuesta que habría sido sugerida por los banqueros intervinientes. ¿A qué está referida? A la refinanciación, mediante canje de bonos, que lanzó el gobierno de Jorge Batlle en abril de 2002 y cerró el 15 de mayo de 2003 con una adhesión de los tenedores del 95 por ciento de los títulos canjeables, que sumaban un monto nominal de 5236 millones de dólares. La propuesta consistía en canjear todos los títulos con vencimientos a más de un año, por otros por el mismo monto e igual tasa anual de interés, pero con una extensión de cinco años en los plazos respectivos. Al cerrar, los voceros del poder financiero lo definieron como un acuerdo ejemplar o "leading case".
Uruguay se encontraba en una situación que hacía previsible un default como consecuencia de los acontecimientos vividos en los cinco años anteriores. En el último trimestre de 1998 sufrió el primer coletazo de la recesión argentina, a lo que se sumó en el inicio de 1999 la crisis del Plan Real en Brasil. Pero el impacto final fue el estallido de la convertibilidad argentina en 2001, la crisis del corralito y la ola de depositantes argentinos que cruzaron a Colonia, Montevideo y Punta del Este para llevarse los fondos líquidos colocados en esa plaza. La consecuencia fue una crisis externa a la que Uruguay no estaba acostumbrado. Pocos meses después, el gobierno de Batlle presentó la propuesta de canje de bonos, tras dejar caer a los bancos más comprometidos.
La propuesta de "salida a la uruguaya" logró inmediata y manifiesta complacencia del sector financiero. "Es un buen principio para empezar a hablar", señalaron. Los grupos económicos más concentrados, en cambio, miran otro costado de la propuesta: plantean que el futuro gobierno debe mantener su compromiso con el ajuste fiscal, el impulso al comercio exterior vía un tipo de cambio real alto y avanzar en las reformas previsional y laboral. Este es el otro plano de la discusión: en qué medida un acuerdo concertado para salir de la trampa de la deuda y de la parálisis de la economía, no resulte en un encorsetamiento a las políticas públicas.
Producción y justicia social
Si el nuevo gobierno logra resolver el conflicto con los acreedores, deberá encarar de inmediato, o en simultáneo, las urgencias en el frente interno. ¿Cómo será la relación con los grupos dominantes? ¿De qué forma logra salir de un modelo de enriquecimiento financiero para pasar a otro modelo de producción y trabajo? ¿Cuál será la actitud de los grupos dominantes frente a esa posibilidad?
En un encuentro que tuvo lugar esta última semana entre organizaciones pymes, hubo una intensa arenga del diputado nacional José Ignacio de Mendiguren en favor de una concertación social, un gran acuerdo entre empresarios, sindicatos de trabajadores y sectores sociales sobre objetivos comunes y las cuestiones más urgentes. Un veterano en estas lides, el ex dirigente de la CGE de los 70 y asesor del presidente Raúl Alfonsín en los 80, Rafael Kohanoff, hípeactivo a sus jóvenes 94 años, tomó la palabra para recordar que en sus varias décadas de militancia había participado de cada intento de pacto social o concertación. Y se manifestó "cansado" de ver que siempre fracasan por lo mismo: cada sector llega pensando exclusivamente en sus intereses y en la mejor forma de defenderlos, sin redisposición a ceder ni un centímetro. "Eso no es un acuerdo social", desafió a los presentes. Si el Estado, que representa a todos, no lleva los ejes centrales de una propuesta para los problemas "que requieren una acción inmediata y drástica" (pobreza, inflación, desindustrialización, escasez de divisas, falta de inversión, por ejemplo), reclamando que todos los sectores se comprometan con esas metas, no hay acuerdo o concertación posible.
Quizás sea el momento de aprender de las propias experiencias.
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