miércoles, 25 de septiembre de 2019
Debate en peligro, élites al poder, por Mauro Federico (para "Puente Aereo Digital" del 22-09-19)
Por Mauro Federico
♣ Cuadernos de Campaña (apuntes de trinchera en un año electoral) Aunque desde fuentes oficiales no se animan a admitirlo, en algún despacho de la Rosada evalúan un proyecto para derogar la ley que obliga a los candidatos a dos debates presidenciales. Incluso ya hubo contactos con sectores de la oposición para avanzar en la iniciativa que sólo llegará al Congreso si existe un preacuerdo para su aprobación. Nadie quiere pagar el costo político de una decisión […]
Por Mauro Federico
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Cuadernos de Campaña
(apuntes de trinchera en un año electoral)
Aunque desde fuentes oficiales no se animan a admitirlo, en algún despacho de la Rosada evalúan un proyecto para derogar la ley que obliga a los candidatos a dos debates presidenciales. Incluso ya hubo contactos con sectores de la oposición para avanzar en la iniciativa que sólo llegará al Congreso si existe un preacuerdo para su aprobación. Nadie quiere pagar el costo político de una decisión tan impopular que, una vez más, coloca a la dirigencia política de espaldas a la sociedad. Cuando en los albores de su gobierno –el peor desde el advenimiento de la democracia– Mauricio Macri se refirió a su flamante gabinete como “el mejor equipo de los últimos cincuenta años”, no tuvo en cuenta que el juicio de la historia lo colocaría en el escalafón más bajo de la consideración popular, tras un mandato que arroja saldos negativos en casi todos los renglones. Ya en las postrimerías de esta infausta gestión, conviene observar –además de los resultados estadísticos que se hacen carne en la angustia de millones de compatriotas– la respuesta a una pregunta que quizás sirva a la ciudadanía para no repetir errores a la hora de elegir en el futuro: ¿quiénes son y a qué intereses representan las personas que nos gobernaron durante los últimos cuatro años? La triste parábola de lo que ocurre cuando la cosa pública es administrada por representantes de las élites económicas de una Nación. Pasen y lean.
Primero fue Alberto Fernández: “En estas circunstancias, el debate presidencial puede ser un problema porque el presidente va a tener que debatir con tres candidatos que hacen hincapié en la crisis económica y no sé cuál va a ser el resultado al día siguiente en los mercados”. Luego fue Alejandro Rodríguez, mano derecha de Roberto Lavagna: “Parece que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están, otra vez, de acuerdo. Ahora intentan voltear los debates presidenciales fijados por Ley. Dicen que a ninguno de los dos les conviene debatir. No les conviene; pero no se atrevan”, dijo el Topo, a través de su cuenta de twitter. Por último, habló el ex gobernador Daniel Scioli: “Hacer un debate en este momento es exponer demasiado al Gobierno, porque seguramente muchos le van a recordar a Macri las mentiras que dijo cuando debatimos en 2015”.
Los comentarios de referentes opositores no pasó inadvertido en los pasillos de la Rosada. Fundamentalmente en los que transitan con frecuencia funcionarios del Gobierno nacional que vienen postulando en voz baja la necesidad de suspender los dos encuentros previstos por la ley para que los seis postulantes a presidente expongan sus ideas públicamente, a realizarse los próximos 13 y 20 de octubre en Santa Fe y Buenos Aires respectivamente, bajo la supervisión de la ONG Argentina Debate. A pesar que desde el organismo desmintieron cualquier posible intento por desbaratar la iniciativa que tiene aval legislativo, no descartaron que la maniobra pudiera llevarse a cabo y lamentaron por anticipado la posibilidad de que así sea. “No hay nada oficial por ahora, a pesar de que llegaron a nuestros oídos las mismas versiones que tienen ustedes, nosotros continuamos con los preparativos para que todo esté listo y sin inconvenientes”, confió una fuente de la institución a #PuenteAereo.
Para definirlo es necesario que el Congreso apruebe una ley que disponga la suspensión de los debates, acordados precisamente por vía parlamentaria y con fuerza legislativa. Pero ningún bloque se anima a darle cabida a cualquier iniciativa que sugiera la anulación de los encuentros. “Que el costo político lo paguen ellos”, dicen en cercanías del despacho del vocero macrista Ivan Pavlovsky. Sin embargo, hay al menos dos legisladores que tienen listo en los CPU de sus computadoras sendos proyectos redactados, a la espera de una orden que disponga su presentación. Sólo resta apretar la tecla Print y firmar al pie. ¿Se animarán?
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¿Quiénes nos gobiernan?
Uno de los discípulos dilectos de Max Weber, el padre de la sociología, fue su compatriota Robert Michels. Este politólogo alemán nacido en Colonia hace 150 años, fue uno de los teóricos del poder que más pluma y pensamiento le dedicó a estudiar el comportamiento político de las élites intelectuales, especializándose en el estudio del fascismo. Michels es autor de una particular teoría a la que denominó la “ley de hierro de la oligarquía”, donde afirma que “tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría”. La idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica porque requiere de un proceso de burocratización que necesita de “especialistas” para tomar decisiones cada vez más difíciles y de un modo más rápido. “Aquellos individuos que conocen cómo tratar los temas complejos con los que se enfrenta la organización se van volviendo imprescindibles, formando la élite”, afirma el sociólogo en su libro "Los partidos políticos".
En tiempos en los que la dirigencia argentina, con el acompañamiento de los medios, se ocupa (y preocupa) por dilucidar los datos encriptados en los tuits de Luciana Salazar, conviene repasar un excelente trabajo del Observatorio de las Élites Argentinas de la Universidad de San Martín, co-dirigido por la prestigiosa socióloga e investigadora del CONICET Ana Castellani, titulado "Lobbies y puertas giratorias. Los riesgos de la captura de la decisión pública". El estudio parte de una premisa fácilmente verificable: en el último lustro se han incorporado a los gobiernos de la región más empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones empresariales que en cualquier otro período de la historia contemporánea; y se centra básicamente en responder interrogantes tales como qué afectación tiene en la calidad democrática la articulación entre Estado y élites económicas y si es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos. Donald Trump en Estados Unidos, Sebastián Piñera en Chile, Pedro Kuczynski en Perú y Macri en Argentina, son ejemplos de esta afirmación. Junto a estos liderazgos, desembarcaron en puestos claves de la gestión estatal personas provenientes del ámbito empresarial con escasa o nula experiencia en el sector público. Para Castellani, el principal riesgo que acarrea esta tendencia es “la captura de la decisión pública por parte de intereses privados” algo que, con la llegada de Cambiemos al gobierno argentino en diciembre de 2015, “adquirió rasgos cuantitativa y cualitativamente distintivos por su magnitud, extensión y visibilidad”.
Un análisis minucioso de las trayectorias laborales de los 364 altos puestos del Gobierno en el gabinete inicial (ministerios, secretarías y subsecretarías) realizado por el Observatorio a mediados de 2018 confirma estas afirmaciones: 114 funcionarios del gobierno de Cambiemos ocuparon puestos de alta o media gerencia en el sector privado (casos de circulación público-privada); 86 ocupaban un puesto de este tipo inmediatamente antes de asumir (casos directos de puerta giratoria de entrada); 79 no tenían experiencia alguna en el sector público (casos de carreras privadas puras) y 40 tenían antecedentes de haber ocupado puestos directivos en las principales asociaciones gremiales del empresariado (lobistas corporativos).
“Esta masiva incorporación de gerentes, provenientes en su mayoría de las grandes empresas que operan en el sector energético, financiero y de servicios (muchas de ellas extranjeras) y de cámaras corporativas, confirma la impronta refundacional del nuevo gobierno argentino: la reorientación de la intervención estatal en favor del gran capital para iniciar un ciclo de confianza/inversión/crecimiento y la organización de la administración pública sobre la base de los criterios propios del management privado”, sostiene Castellani.
El relevamiento del Observatorio destaca que entre los funcionarios del gabinete nacional hay una marcada presencia de individuos que construyeron sus trayectorias ocupacionales circulando entre el sector público y el sector privado, en lo que se denomina la “puerta giratoria”: un 48% presenta una “trayectoria público-privada”. Además, un 30% presenta una “trayectoria pública pura”, desarrollada exclusivamente en el sector público; mientras que un 22% sólo trabajó en el sector privado, construyendo una “trayectoria privada pura”. El peso de estos altos funcionarios sin ningún ejercicio previo de cargos públicos es contundente en las carteras del área económica tales como Energía (50%), Producción (45,8%), Agroindustria (44%), y también en la cartera de Trabajo (42,9%). Casi un tercio de ellos (31,3%) se desempeñaban como CEOs de las respectivas compañías en las que participaban hasta ser convocados por primera vez a la función pública.
La llegada de esta sub-elite de CEOs a la administración del Estado pone en riesgo la calidad de la acción gubernamental en, al menos, cuatro aspectos: “la extensión de una mirada negativa de la política y un cierto sesgo antiestatal y excesivamente favorable al mercado entre los servidores públicos; los problemas para cohesionar un cuerpo de altos funcionarios caracterizado por un compromiso político partidario mucho más débil que el que los une al mundo corporativo en el que desarrollaron carreras exitosas; las dificultades que se derivan del traspaso acrítico de los criterios organizacionales propios del management a la administración pública; el esquema de lealtades que prima en aquellos que han consolidado sus carreras laborales en el sector privado, proclive a la configuración de diversos conflictos de interés y a una mayor permeabilidad al lobby empresarial”.
La conclusión del informe nos interpela como ciudadanos y como electores de nuestros gobernantes, toda vez que entendamos la relación entre nuestros actos cívicos y la instalación de esta élite en el manejo de la administración estatal. En palabras de Castellani: “Si estos personajes se comportan conforme a incentivos privados y muchas veces esos incentivos pueden ir totalmente en contra del interés general, la calidad de las instituciones públicas dependerá, en gran medida, de la capacidad que tenga la sociedad civil para demandar controles efectivos sobre los fenómenos que propician los conflictos de interés y la captura de la decisión pública”.
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