11 de enero de 2019
Nicolás Maduro tomó posesión ayer de la Presidencia de Venezuela para un segundo mandato que se extenderá hasta 2024. Un total de 46 países, liderados por Estados Unidos y con la anuencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y la Unión Europea, entre otros, desconoce la asunción y, por tanto, su legitimidad como presidente. La prensa habla de aislamiento, cordón sanitario y cerco internacional. Las comparaciones con la bunkerizada Corea del Norte o con el bloqueo a la Sudáfrica del Apartheid se suceden. Desde algunas tribunas se vaticina el derrumbe estruendoso del gobierno chavista y las mentes más lúbricas del neoconservadurismo ya sueñan con un Maduro ante un tribunal.
No es probable que nada de esto suceda. El tan manido concepto de “comunidad internacional” debe ser revisado en un mundo ya nunca más unipolar. Si bien es cierta la enjundia de algunos países que lideran el no reconocimiento, no es menos cierto que grandes potencias como Rusia y China o el musculoso en términos económicos continente asiático en pleno –con la excepción de Japón– no secundan esta iniciativa. En conjunto, 146 países que representan a más de 6.300 millones de personas de las 7300 millones de la población mundial. El planeta es mucho más grande de lo que sugieren algunos titulares.
Las vaporosas declaraciones de estos días dejan entrever que los promotores del desconocimiento no tienen muy claro en qué se sustanciará su apuesta. Un ejemplo es el documento del Grupo de Lima, que matiza cualquier tipo de sanción. Todas se “evaluarán” en función de intereses y conveniencias. En la práctica supone liberar a todos los gobiernos firmantes de la responsabilidad de tomar acciones concretas. De hecho, la reunión limeña ya nacía herida. El México de López Obrador daba un giro de 180 grados con respecto a la política seguidista de Peña Nieto y se desmarcaba del acuerdo, probablemente más por sentido común que por adhesión ideológica.
Paradójicamente, la gran perjudicada de este movimiento puede ser la propia derecha venezolana. Con un gran nivel de descrédito entre la población y vapuleada por las disputas internas que ocasionaron la implosión de la Mesa de la Unidad Democrática, una frágil alianza entre partidos con una extrema rivalidad entre sí, la derecha ha visto la oportunidad de retomar un cierto protagonismo. Reclama que la Presidencia sea asumida por la Asamblea Nacional y propone un Gobierno de transición con vistas a la convocatoria de nuevas elecciones. Como relato sonaría bien para las afiladas huestes de la derecha pero ocurre que el emisor ya no tiene credibilidad. Si como es previsible pasan los meses y Maduro sigue ejerciendo la Presidencia, sería la enésima decepción para sus seguidores, cada vez más alicaídos y menguantes. De hecho, ya otro 10 de enero pero de hace seis años quiso tomar atajos institucionales para derrocar al chavismo. En 2013 reclamó la invalidez de la toma de posesión de Chávez al no poder hacerse de forma presencial, dado que el líder bolivariano se estaba tratando la enfermedad de la que finalmente fallecería. La estrategia, además de no darle resultado, fue vista como una suerte de necrofilia política sin ningún tipo de compasión para con una persona que en ese momento estaba luchando por su vida.
En sociedades democráticas –y Venezuela lo es– no valen los atajos para lograr los objetivos. La legítima oposición a un gobierno no puede llevarse a cabo ignorando los delicados procedimientos que garantizan, en último término, que la voluntad popular sea respetada. El voto de las millones de personas que decidieron que Maduro fuera su presidente –y a las que ninguna declaración menciona– es sagrado. No hay expresión mayor de mandato imperativo. Golpes de Estado, boicots electorales o bloqueos están fuera de lugar cuando el pueblo habla. No reconocer a Maduro –con independencia de que se le adverse o no– es no reconocer la democracia.
* Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica Celag.
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