Carlos Foradori, ex vicecanciller y actual embajador argentino ante las Naciones Unidas.
Imagen: Télam
Amnistía Internacional advirtió sobre la situación de los derechos humanos en el país luego de su designación como vicepresidente del organismo dependiente de las Naciones Unidas. Reclamos por la política migratoria, la baja de imputabilidad y el aborto.
Por Ailín Bullentini
Por primera vez en la historia, Argentina ejercerá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Se trata del principal órgano de derechos humanos de esa institución internacional que el país integró en tres oportunidades años anteriores. La elección, según explicó Cancillería nacional y remarcó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue una especie de reconocimiento a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre otros puntos. Sin embargo, desde Amnistía Internacional Argentina, advirtieron sobre “la política interna de derechos humanos”, con hincapié en la política migratoria, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. “Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó la directora del organismo, Mariela Belski.
La noticia pasó desapercibida más allá del pavoneo con el que Avruj la celebró vía Twitter: “Una gran noticia que representa un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri”, consideró el funcionario, avalando la lectura oficial del nombramiento del Estado en una de las cuatro vicepresidencias que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene, la que corresponde a la región a América Latina y el Caribe. El ex vicecanciller Carlos Foradori será quien represente a Argentina en ese cargo, cuya selección atribuyó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sin mayores detalles a la política de Estado de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos y el trabajo en cuestiones vinculadas a las desapariciones forzadas y del derecho a la verdad, entre otras cuestiones más burocráticas.
Sin embargo, si se recorre los principales mojones de la gestión de Cambiemos en materia de Memoria, verdad y Justicia, la conclusión que surje indica que esa línea de trabajo no resulta una de las principales receptoras de la atención oficial. La disolución de varias agencias estatales destinadas a investigar el rol del Estado y de sus socios civiles en los crímenes de la última dictadura, el retiro de querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en numerosos juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país y la interrupción temporaria, a fines de 2018, de los trabajos a los que se vio obligado el Equipo Argentino de Antropología Forense por falta de cumplimiento de los compromisos de financiación de parte del Gobierno son algunos de los ejemplos de este panorama.
AI, en tanto, señaló más puntos de alarma. “Desde AI celebramos que el país ejerza la vicepresidencia del principal organismo internacional en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo nos resulta llamativa la manera en la que se difundió la noticia fronteras adentro porque entendemos que a la política de derechos humanos interna del gobierno hay que mirarla con atención, cuidadosamente”, explicó Belski en diálogo con este diario. La titular de la agencia nacional de AI consideró “necesario que no se plantee una cosa afuera del país y otra cosa adentro”.
Para el organismo son “prioritarios” en atención de políticas de derechos humanos nacional, temas como la seguridad, los migrantes, los pueblos originarios, los niños y la interrupción voluntaria del embarazo. A través de un comunicado que emitió ayer, el organismo advirtió sobre el “doble compromiso” que implica el cargo: “por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo”.
En ese sentido, recordó su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque y la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad que va “a contramano de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU”. También alertó sobre el “retroceso en la legislación y la política migratoria” que implica el decreto con el que el Gobierno de Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones en 2017 y mencionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar su sistema jurídico en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto sin riesgos. Por último, señaló como “indispensable” que el país “avance en la regularización de los territorios indígenas” con garantías al derecho a la consulta y consentimiento libre de parte de esas comunidades.
“Argentina debe estar a altura de las circunstancias”, sostuvo Belski, “no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”.
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