Las miradas de muchos observadores de la situación de derechos humanos y de la comunicación de todo el mundo estarán centradas en la mañana de hoy en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habilitó en Washington para tratar el caso argentino. Los peticionantes encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) junto a la Defensoría del Público, argumentarán que el derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos están siendo violados por el gobierno macrista, que pretende revertir las cuestiones centrales de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26522/2009) y de Argentina digital (LAD,27078/2014).
Ante la inminencia de la audiencia en la CIDH el gobierno, aceleró esta semana el trámite en la Cámara de Diputados donde consiguió la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por los cuales se modificó la ley de ministerios e intervino la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Sin embargo, la maniobra política no librará a los representantes oficiales de dar explicaciones en Washington. Seguramente usará a su favor la victoria parlamentaria y apoyará sus argumentos en la inaplicabilidad de las normas y en la necesidad de “modernizar” las leyes para adecuar la tecnología.
Por su parte los peticionantes buscarán demostrar ante los miembros de la CIDH que en la Argentina existen graves “vulneraciones a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de regulación de servicios audiovisuales” y no solo desde el punto de vista la legislación argentina, sino porque se están transgrediendo los criterios establecidos por el propio Sistema Interamericano, al cual el país adhiere.
¿Qué se discute y cuál es la importancia de lo que se debate hoy en Washington?
La discusión parece ser lejana a la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, hoy realmente más preocupados por temas acuciantes como la inflación o los despidos masivos en el Estado, aunque tampoco estas cuestiones aparecen en los principales titulares de los medios privados que forman parte de la cadena oficial. Este es precisamente uno de los temas centrales de la cuestión.
Sin dejar pasar por alto la gravedad que implica derogar mediante decretos presidenciales leyes que han tenido largos procesos de debate y consenso en la sociedad, es evidente que las decisiones adoptadas por el macrismo en materia de comunicación atentan de manera directa contra el derecho humano a la comunicación porque promueven la concentración de la propiedad de los medios y limitan gravemente la posibilidad de que en el escenario mediático exista diversidad de voces y pluralidad de opiniones. Nadie podrá argumentar que se trata de una jugada ingenua o meramente técnica de la alianza Cambiemos. No hace falta ser analista de la política. Todo ciudadano medianamente informado puede percibir hoy a simple vista que en las sociedades modernas se ha producido un traslado de escenarios de la política a la comunicación. El ámbito de la comunicación es esencial para la política y generar condiciones que atenten contra el derecho a la comunicación es, al mismo tiempo que vulnerar derechos humanos, atentar contra la democracia misma. No hay democracia política sin comunicación democrática.
Una rápida mirada a los acontecimientos de la semana en la Argentina deja en evidencia que existe en el país un engranaje que hace funcionar de manera coordinada a importantes actores de la Justicia, con periodistas y empresas de medios, para obturar la política, ejecutar revanchas, desacreditar todo el pasado reciente e instaurar en el país otro modelo de Estado con hegemonía de grupos económicos que habían sido desplazados. No se trata de defender a nadie que haya cometido delitos. Pero sí de garantizar para todos y de similar manera la igualdad de tratamiento ante la Justicia que incluye también evitar el “linchamiento mediático” con la complicidad evidente de funcionarios judiciales y la complaciente “neutralidad” del gobierno.
Lo que se reclama hoy en Washington en la CIDH, más allá del marco formal que impone la audiencia, es la posibilidad misma de que el país conserve estándares democráticos mínimos que garanticen una democracia plural con comunicación plural. Algo que no se logra derogando leyes por decreto, sustituyendo organismos reguladores con amplia representatividad por un Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que no tendrá ninguna independencia del gobierno ni de Cambiemos, eliminando todos los límites legales a la concentración de la propiedad o creando una comisión para elaborar una nueva ley integrada exclusivamente por detractores de la LSCA y sin ninguna representación de actores plurales de la comunicación en el país.
Más allá de sus resultados concretos, la audiencia de hoy en la CIDH permitirá visibilizar ante el mundo que la estrategia de Cambiemos está directamente orientada a echar por tierra de manera drástica el derecho a la comunicación. Este es también el camino para, como han propuesto varios de los voceros oficiales y oficiosos del oficialismo, vaciar de sentido la lucha por los derechos humanos y hasta cambiar los organismos que los defienden y a quienes los representan. En Washington hoy no se debate tan solo sobre estándares de libertad de expresión. Lo que se denuncia y cuestiona es que en la Argentina se está avasallando el derecho a la comunicación y por esa vía poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia. Y para muestra es suficiente analizar lo sucedido en la materia desde el 10 de diciembre hasta la fecha: cada día menos información diversa y pluralidad de voces, mientras se refuerza el coro mediático de aplaudidores del oficialismo. No se trata solo del derecho a la comunicación como si este fuese un capítulo autónomo de los derechos democráticos. Cuando se debate sobre estándares de la comunicación hoy lo que se discute es el sentido profundo de la democracia que queremos.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296473-2016-04-08.html
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