La situación económica se agrava cotidianamente sin que se vea la luz al final del túnel. La estanflación es un hecho. Los datos de la recaudación tributaria son una muestra potente de la caída de la actividad. La inflación está desatada y solamente se frenará en el mediano plazo vía su “estabilizador automático”: la profundización de la recesión. Ninguna de las promesas del equipo económico fue alcanzada. No entran capitales, no se consigue crédito externo más barato y no se recupera ninguno de los componentes de la demanda agregada, ni siquiera las exportaciones; afectadas duramente por su verdadero determinante: la demanda externa. O sea, ni los costos internos, ni el tipo de cambio competitivo, ni ninguna de esas creaciones imaginarias destinadas a transferir recursos sociales a los exportadores. Para peor, frente al déficit contable creado como consecuencia de la eliminación de ingresos y la caída del PIB, la administración macrista optó por reducir el gasto afectando especialmente a los sectores que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, como por ejemplo los jubilados, a quienes se les recortó cobertura. Cuesta entender que tienen en la cabeza los hacedores de política PRO más allá de su impericia técnica, descoordinación e ideologismo desenfrenado.
Como todo sale mal, pero la cobertura mediática no presenta fisuras –la derogación por decreto de la ley de medios fue convalidada por un Congreso oficialista– se desató un festival informativo sobre presuntos casos de corrupción del gobierno anterior con especial énfasis en el lavado de activos. Pero ocurrió con tanta mala suerte, que justo se yuxtapuso al escándalo mundial por la filtración masiva de documentos sobre la creación de empresas offshore, firmas principalmente utilizadas para eludir al fisco y lavar activos; uno de los orígenes de las ingentes masas de dinero negro que cotidianamente alimentan las finanzas globales. Grande debe haber sido la zozobra del “periodismo de investigación”, abocado durante años a la búsqueda de la imaginaria “ruta del dinero K”, al encontrar allí nada menos que a Mauricio Macri y, en cambio, ningún apellido Kirchner. Cualquiera que conozca la trayectoria del ingeniero no debería sorprenderse. No es la primera vez que se lo involucra con firmas offshore. Ya había sucedido en el proceso por contrabando que involucró a la ex automotriz Sevel. La trama de negocios y secuaces nace en el grupo Socma (Sociedades Macri) y se prolonga a Boca Juniors, el Ejecutivo porteño y ahora el nacional. Los nombres locales de los Panamá Papers no podrían ser más explícitos.
Ampliando el panorama, y para no cargar las tintas en el oficialismo, para la idiosincrasia del gran empresario, argentino y del mundo, este modus operandi es un clásico que no amerita desprestigio entre pares, sino virtud. Si hasta la firma insignia de la industria local, la multinacional italiana Techint, es controlada sin provocar escándalo por matrices en la guarida fiscal de Luxemburgo. Cualquiera sea el resultado final de los sucesos desatados esta semana, que ya cuentan al hijo de Franco como imputado, todo indica que el macrismo y sus gendarmes periodísticos fueron por lana y, azares del azar, salieron trasquilados. Al nuevo bloque hegemónico no parece quedarle más alternativa que continuar subiendo la apuesta. La pelea está apenas en sus primeros rounds y Argentina no es Islandia.
Pero si bien el superajuste recesivo que intenta ser tapado por la parafernalia mediática, con derrape venido de afuera incluido, es una secuencia evidente, centrar el debate político en las tramas de corrupción personal es, ayer y hoy, la mejor manera de no hablar de política. No significa que la corrupción de los funcionarios públicos deba ignorarse, mucho menos si llega a la cúspide del Poder Ejecutivo, sino de advertir que el énfasis en lo personal tapa una corrupción mucho más grave macroeconómicamente, esa que puede denominarse estructural y que resulta inherente a las decisiones políticas de los poderes del Estado, como puede ser el endeudar por generaciones o legislar contra las mayorías.
Los funcionarios venales, el “piove, governo ladro”, existen desde el principio de la historia. Para no recaer en el honestismo desde la vereda de enfrente, o en el doble estándar, resulta útil repasar el surgimiento de la corrupción como eje del discurso político, lo que supone comenzar mucho más acá en el tiempo. El discurso anticorrupción creció luego del fracaso de las políticas neoliberales reseñadas por el Consenso de Washington, primero, y para atacar a gobiernos populares, después. En el primer caso fue explicativo, en el segundo una estrategia de lucha política.
Con el paso de los años las políticas neoliberales aplicadas en América Latina en los ‘90, y sintetizadas por la tríada apertura, desregulación y privatizaciones, no cumplieron sus promesas. Tras el período inicial de enriquecimiento capitalista el excedente generado no derramó a los trabajadores vía aumento del empleo y los salarios. Por el contrario, se generó recesión y desempleo. El discurso dominante, entonces, comenzó a decir que el problema no residía en la naturaleza de las políticas, sino en que se habían aplicado mal. Las críticas eran dos. O no se había ido lo suficientemente a fondo, siempre es posible sacrificarse un poco más, o los funcionarios que las condujeron habían sido venales. En el caso local el ejemplo triste fue el honestismo mediático que arreció sobre el final del menemismo y condujo al gobierno de la Alianza. No se discutió política. No se criticó al menemismo por la corrupción estructural de sus políticas de mega endeudamiento y enajenación del patrimonio público, sino por la corrupción de algunos de sus funcionarios, lo que desembocó en un nuevo gobierno neoliberal que presuntamente sería honesto.
Luego de sus sonados fracasos, los regímenes neoliberales latinoamericanos fueron reemplazados en las principales economías por gobiernos populares. El discurso anticorrupción volvió a actuar de la misma manera, pero en sentido contrario. Las políticas redistributivas en favor de los trabajadores que caracterizan la década “populista” de 2000 fueron atacadas no en sus propios términos, sino por la presunta corrupción en su aplicación. El proceso fue exitoso y la prédica constante de los medios hegemónicos logró el objetivo de correr el eje de prioridades del debate político.
Hoy la tentación de castigar al oficialismo por la evidente incoherencia entre sus proclamas honestistas y la evidencia de su acción en contrario en la vida privada es muy grande, más cuando su discurso se volvió un búmeran, pero con ello se seguirá corriendo el eje del debate político. El origen estatal de la fortuna de Macri y el modus operandi de la clase capitalista local no son datos nuevos. Nadie debería fingir que se desayunó con los Panamá Papers. El problema con la Alianza PRO no es que Macri sea Macri, sino el innecesario ajuste macroeconómico que en pocos meses ya provoca sufrimiento social y cuyas secuelas llevará mucho tiempo reparar.
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