La justicia porteña volvió a ordenarle refacciones urgentes en los monoblocks donde murió un joven y otros dos sufrieron heridas de gravedad al ceder una baranda. Se dispuso una multa de $ 30 mil diarios al titular del IVC. Además, el otro "error de carga" que detectaron en una radio de Pilar.
En la misma semana que eligió Mauricio Macri para relanzar su plataforma electoral sobre vivienda, la gestión porteña que tiene bajo su mando hasta el 9 de diciembre le devolvió una noticia amarga. El lunes, cuando se disponía a lanzar un millón de créditos hipotecarios y un plan de escrituración para 750 mil viviendas, la justicia porteña lo notificó de la tercera sentencia en su contra que lo obliga a realizar refacciones urgentes en el Complejo Urbano de Villa Soldati, el conglomerado de edificios donde tres jóvenes cayeron al vacío desde un sexto piso hace un mes. Uno de ellos murió instantáneamente el 4 de septiembre y sus dos amigos siguen desde entonces en grave estado. La noche de ese viernes una escalera desvencijada terminó de ceder, dejó caer a los tres pibes y desnudó el pronunciado estado de abandono y deterioro que padecen los monoblocks integrados por 3201 departamentos, donde late la vida cotidiana de 18 mil vecinos.
Según consignó Tiempo Argentino, de acuerdo al fallo firmado el 2 de octubre por el magistrado porteño Pablo Mántaras, titular del tercer juzgado contencioso y administrativo, el presidente del IVC, Emilio Basavilbaso tenía plazo hasta el viernes pasado para garantizar la seguridad de los vecinos en los edificios 7, 12, 13 y 17 del nudo 9 del complejo. El juez concedió el amparo en respuesta a un reclamo que presentaron cinco habitantes de esos edificios. La resolución le ordenó al funcionario porteño, y uno de los principales asesores de Macri en materia habitacional, que cumpla con seis prioridades: un informe urgente sobre riesgos de derrumbe, garantizar la seguridad de los residentes ante los riesgos eléctricos, verificar el funcionamiento de los ascensores debido a la cantidad de abuelos que lo necesitan, adecuar las instalaciones contra incendios que no funcionan, refaccionar las escaleras y barandas que se están cayendo, evitar los riesgos por las fugas de gas natural y despejar las salidas de emergencia de cada monoblock. Por cada punto y día de incumplimiento, Mántaras le aplicó una multa de 5000 pesos al salario de Basavilbaso, es decir, una sanción diaria, o astreinte, de 30 mil pesos cada 24 horas.
Ya son tres jueces, en distintos casos, que confirman el pésimo estado de todo el complejo.
El embargo sobre el salario del presidente del IVC es la segunda multa de este tipo que le aplica la justicia capitalina, y el tercer fallo que recibe en su contra debido al avanzado deterioro del complejo de Soldati. La otra multa ya acumula un total cercano a los 60 mil pesos, y comenzó a correr el 6 de agosto, por decisión de la jueza Paola Cabezas Cescato, titular del juzgado 11 del mismo fuero. El cuentagotas que cae sobre el bolsillo de Balsavilbaso corre desde que vencieron los plazos para cumplir una orden similar, pero sobre el nudo 11, ubicado a metros del 9. En el caso del expediente 43621-2014/1 el castigo es de 1000 pesos diarios, por desconocer la resolución judicial que la magistrada le concedió a la vecina Stella Maris Márquez. La vecina recurrió a la justicia el año pasado. En esa oportunidad, como reveló este diario, la mujer accionó contra la Ciudad y el IVC "por su propio derecho y en representación de los habitantes del edificio 26, ex 18, nudo 11". Ese conglomerado de edificios es contiguo al nudo 10, el lugar donde una baranda cedió desde el sexto piso y despidió a los tres chicos al vacío.
Embargos e imputaciones penales
Dentro del equipo de campaña del Frente Cambiemos los planes habitacionales son diseñados desde el corazón del IVC por Basavilbaso y por uno de sus directores: Ivan Kerr, legislador electo por el PRO y numerario de la Fundación Pensar para el área de vivienda. Ambos desarrollaron un minucioso estudio sobre el plan nacional Pro.Cre.Ar. y promovieron las bases para la promesa que lanzó Macri esta semana sobre el millón de créditos a 30 años financiados por la ANSES. Los dos funcionarios reportan al actual jefe de Gabinete y alcalde electo Horacio Rodríguez Larreta, pero desde comienzos de septiembre afrontan momentos complejos, especialmente por las implicancias penales que puede tener para ellos la muerte del joven de 17 años y el delicado estado de sus otros dos amigos, cuya evolución es mantenida en reserva, incluso por sus propias familias.
La investigación sobre la muerte de Cristián Crespo, de 17 y los daños sufridos por Gastón Salinas y Nihuel Ávalos, también menores de edad, no está en manos de la justicia porteña sino en el fuero correccional nacional. Estela Andrades, subrogante de la Fiscalía Criminal de Instrucción 1, analiza la responsabilidad penal de Basavilbaso y de otros directores del IVC por un tercer fallo que el IVC también desconoció y que fue confirmado en segunda instancia. El expediente 34250/0 fue abierto hace siete años por dos vecinas del nudo 10 que exigieron mejoras a sus edificios por el mismo riesgo que luego desembocó en la triple caída al vacío. Dos días después de la Navidad de 2011, el juez subrogante del tribunal contencioso y administrativo 6, Hugo Ricardo Zuleta ordenó al gobierno porteño y al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a "dar estricto cumplimiento" a las mismas refacciones que la semana pasada el juez Mántaras ordenó en un tercer caso. Sin embargo, en el expediente más viejo, la decisión de 2011 fue ratificada el 30 de abril de 2014 por los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Contenciosa y Administrativa. Los camaristas Gabrielas Seijas y Esteban Centenaro confirmaron la orden que la comuna desconoció en primera instancia y que, al día de la caída de los tres pibes, ya acumulaba un año y medio de incumplimiento. A diferencia de los dos castigos salariales, la sentencia de Cámara se transformó en una prueba penal desde que falleció el joven Crespo. Apenas intervino Andrades, el asesor tutelar de segunda instancia Gustavo Moreno le giró a la funcionaria correccional el oficio ACCAyTN Nº 1096/15, donde detalló un decena de pruebas sobre los incumplimientos, para que analice las responsabilidades penales sobre Macri, Larreta, y a siete directivos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), copropietario del complejo de Soldati. Ellos son Basavilbaso, Kerr, Roberto Fernández, Martín Garcilazo, el gerente general, Gonzalo Estivariz Barilati; la coordinadora general de Obras, Claudia Penna; y el gerente técnico, Oscar Castro. Ante las consultas de este diario, fuentes judiciales anticiparon que la fiscal evalúa las imputaciones penales contra Basavilbaso, Kerr y Castro, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia y homicidio culposo".
"El gobierno porteño no tiene política de vivienda"
El caso que originó la decisión de Mántaras tiene el patrocino de la defensora oficial ante el fuero contencioso porteño Lorena Lampolio, bajo la coordinación del defensor general Horacio Corti. En diálogo con este diario el titular del ministerio público de la defensa consideró que "el gobierno porteño no tiene política de vivienda. El desinterés por la problemática habitacional es total y se refleja en la falta de proyectos, en el abandono de los complejos construidos por el IVC para la relocalización de las familias del Riachuelo, en la falta de mantenimiento del complejo de Villa Soldati, en el incumplimiento de las leyes de urbanización en distintos barrios de la Ciudad. Son años de desidia, desinterés y abandono. La Defensa Pública hará sus máximos esfuerzos para garantizar los derechos de los vecinos de Soldati. La tragedia ocurrida en el nudo diez pudo evitarse si el GCBA hubiera actuado en el momento en que la Justicia ordenó medidas concretas de mantenimiento." Para el asesor tutelar Moreno, las pruebas que tiene la justicia desmienten al alcalde electo Rodríguez Larreta quien había asegurado, hace un mes, que se habían realizado los arreglos requeridos. "En el nudo diez dijo que estaba todo arreglado, incluso mandó a sus abogados a insistir con el mismo argumento en el expediente. Ahora se suman otras dos órdenes judiciales sobre el mismo vecindario. Ya son tres jueces, en distintos casos, que confirman el pésimo estado de todo el complejo. Además de las respuestas penales, considero que el gobierno tiene que pedir disculpas públicamente por negarse a reconocer un proceso de deterioro que afecta a casi 20 mil personas en el sur de la Ciudad y que ya se cobró una vida, y golpeó duramente a otras dos", opinó el miembro del ministerio público tutelar.
Resistencia
Al cierre de esta edición, la comuna ya resistió un allanamiento, ordenado por la jueza Patricia López Vergara y se niega a aportar información a la fiscal correccional sobre las responsabilidades administrativas de cada funcionario del IVC. Otra forma de ganar tiempo ante un caso penal que sigue la misma ruta que derivó duras condenas para funcionarios porteños por el caso Cromañón, como el caso de Fabiana Fiszbin, cuyo procesamiento estuvo basado en la serie de alertas que había desconocido sobre el pésimo estado del boliche que terminó con la vida de 194 pibes.
Publicado en:
http://www.infonews.com/nota/255100/macri-sumo-su-tercera-condena-por-el-abandono-de-edificios-en-soldati
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