Arriba : Un brindis por Papel Prensa. Ernestina Herrera de Noble y Jorge Rafael Videla.
Opinión
Profesionales de la mentira: Clarín y La Nación siguen desinformando
Publicado el 20 de Junio de 2011
Por Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En el sistema jurídico penal de nuestro país nadie está obligado a declarar contra sí mismo, aunque sí su defensa técnica está obligada a la lealtad procesal. El jueves 16, ante la Cámara Federal de La Plata, cuando exponían sus argumentos para que se revocara la incompetencia dictada por el juez Corazza que ordenaba remitir la causa Papel Prensa a la jurisdicción de la Capital Federal, los abogados de Magnetto y Mitre denunciaron la supuesta falsedad de la copia de un dictamen del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que la Secretaría de Derechos Humanos aportó como prueba al presentarse como querellante.
No tuvieron suerte con la maniobra distractiva: el viernes 17, la Cámara confirmaba la incompetencia, rechazando los argumentos de los defensores de los imputados, y estableciendo que “en la causa debe dilucidarse si existió un conjunto de acciones ilegales, diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habrían tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de las acciones de ‘Papel Prensa SA’ que era propiedad del denominado ‘grupo Graiver’ en favor de las empresas ‘SA La Nación’, ‘Arte Gráfico Editorial Argentino’ y ‘SA La Razón E.E.F.I.C. y A.’.”.
Igualmente, el mismo viernes 17, ambos diarios publicaron la noticia de la supuesta falsificación, en grandes caracteres, tratando de instalar en la opinión pública la idea de que ese dictamen había sido adulterado por la Secretaría de Derechos Humanos para engañar a los fiscales. No trepidaron en falsear y mentir como lo hacen a diario y más cuando se trata de la causa Papel Prensa.
¿Y en qué consiste esa presunta divergencia del texto del dictamen de Molina? Para los abogados de Clarín y La Nación se habrían agregado en las primeras copias dos frases en una de sus fojas que mencionaban la intención de la Junta de obligar a los Graiver a transferir Papel Prensa a los diarios. Aparte de que falsear un texto conocido por las partes y la Unidad Fiscal interviniente (y sin posibilidad de que pase desapercibido) sería entre otras cosas pueril e imbécil, la prueba que ofreció la querella fue muchísima más: entre las 27 mil fojas del informe Papel Prensa- La Verdad, producido por la Secretaría de Comercio Interior, se encuentran las fotocopias del Expediente Nº 2785 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que el 7 de mayo de 2010 el fiscal Noailles enviara, las que cuentan con una certificación emitida por el secretario general Marcelo Sonvico, y son las que los representantes de Mitre y Magnetto dicen que están alteradas. No se trata, por lo tanto, de actuaciones originadas ni por la Secretaría de Comercio Interior, ni por la Secretaría de Derechos Humanos.
Más aún: al presentar la querella, esta solicitó que se requiriera del Juzgado interviniente la remisión de la causa que en su momento se instruyera por la denuncia del fiscal Molinas.
Si hay en aquella causa que tramitó hace casi 23 años una versión donde sospechosamente ha “desaparecido” la mención que formulara en su momento el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molina respecto de la entrega ordenada por Videla y sus adláteres de Papel Prensa a los propietarios de los diarios La Nación y Clarín, no es ahora ni en esta causa que se operó el fraude desaparecedor, sino en aquellos tiempos, y fue obra de los que pretendían “diluir” la responsabilidad de los propietarios de aquellos medios en su maridaje con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. No olvidemos que los representantes de la prensa monopólica vienen manipulando la documentación desde hace más de tres décadas. ¿De qué podemos asombrarnos? Si han falsificado la realidad desde el golpe de Estado terrorista del ’76 en adelante. Incluso Clarín, en su edición del 1 de diciembre de 1977, publicó una falsa nota con fotografías del lugar donde los “desaparecidos” estaban muy felices en un centro de recuperación.
Efectivamente, el segundo juego de copias no contiene esas referencias, que sí tienen las copias certificadas que remitió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. ¿Cuáles son las verdaderas? No es necesaria ninguna investigación para llegar a ese aserto. La respuesta está a la vista: Ricardo Molinas y su hijo Fernando escribieron un libro, Detrás del espejo. Uno de los capítulos lo dedicaron al caso Papel Prensa. Allí, en la página 246, se lee: “(…) Quedaba acreditado, con otros testimonios concordantes, que al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar dicho grupo. Para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En este caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase ‘A’ de Papel Prensa S.A., eligiendo ellos mismos como compradores a los mencionados diarios.”
Es decir que el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, al escribir su libro, consignó exactamente las mismas conclusiones que luce el dictamen que fuera remitido en mayo de 2010 a la Secretaría de Comercio Interior.
Por cierto que las actuaciones de Molinas no constituyen, por sí solas, el núcleo central de nuestras imputaciones. Aportamos abundante prueba escrita, pasajes de libros, testimonios, material del Consejo de Guerra que “juzgó” al Grupo Graiver, notas periodísticas, producidas por los mismos diarios querellados en aquella época, que demostraba cómo los mismos contribuyeron a instalar el clima previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y una vez producido el mismo, apoyaron abiertamente a la dictadura terrorista, para luego instar a la persecución contra el grupo Graiver.
Sin embargo, a nada de eso se refirieron los abogados del monopolio
Desde el principio de la causa venimos exigiendo su avance y la valoración del conjunto de la prueba, en la absoluta convicción de que el resultado de las investigaciones no puede ser otro que establecer que la apropiación ilícita de Papel Prensa fue producto de la acción concertada de la Junta Militar que usurpaba el poder, funcionarios civiles de la misma, y los directivos de Clarín, La Nación y La Razón.
El Derecho a la Información es uno de los Derechos Humanos fundamentales, así reconocido en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados. Su ejercicio compete a todas las personas, pero los profesionales de los medios de comunicación social, por las características de su tarea, son quienes lo ejercen de manera privilegiada.
Esa posición privilegiada implica un contrato tácito con la sociedad, regido por principios éticos que hacen al deber de veracidad y a la lealtad informativa. Por eso, cuando un medio en lugar de transmitir todos y cada uno de los hechos sobre los que versa su información presenta sólo aquellos que son favorables a intereses, ocultando los restantes, está violando esos principios éticos irrenunciables. Esto es, exactamente, lo que hacen Clarín y La Nación, convertidos en una prensa facciosa y mentirosa.
Publicado en :
http://tiempo.elargentino.com/notas/profesionales-de-mentira-clarin-y-nacion-siguen-desinformando
lunes, 20 de junio de 2011
PROFESIONALES DE LA MENTIRA , por Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén (para "Tiempo Argentino" 20-06-11)
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2 comentarios:
Esa foto da miedito ...
Atilio de Burzaco
qué lucha qué lucha!!!
abrazo
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