Reportes privados critican el panorama que anticipa Milei antes de su asunción. El ajuste de 15 puntos no se corresponde con el estado de las cuentas públicas.
05 DE DICIEMBRE, 2023
por RODRIGO NÚÑEZ
La radiografía del gasto público que desafía la promesa de ajuste de Milei: por dónde puede empezar el recorte
Una de las principales promesas de campaña del presidente electo, Javier Milei, fue avanzar en un profundo ajuste del gasto público que permita un equilibrio prácticamente inmediato de las cuentas públicas. Sin embargo, el mapa de las cuentas del Estado pone en jaque a la "motosierra" que propone el liberal libertario.
Para la consultora Ecolatina, la magnitud del recorte propuesto por Milei -habló de un 15% del PBI- hace pensar en "cierto desconocimiento de la estructura fiscal". El nuevo mandatario aclaró que el ajuste de 15 puntos contemplaba 10 puntos correspondientes al stock de Leliq y Pases, un "error técnico, dado no implica necesariamente que el BCRA está incurriendo en un déficit cuasi fiscal de la misma magnitud", aclaró el informe.
Consecuentemente, según Milei el ajuste de cinco puntos del PBI permitiría alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas para 2024. El gasto público consolidado cerrará 2023 en torno a 38% del PBI. Casi 20% del PBI corresponde exclusivamente a gasto nacional y el resto refiere a gasto de las provincias y municipios.
Punto de partida 2024
Corridos 10 meses, el déficit acumulado asciende a 1,6% del PBI. Cumplir con la meta comprometida con el FMI supone un déficit primario adicional de 0,3% del PBI en los últimos dos meses. Esto implica que, aun asumiendo que los ingresos sostienen la dinámica actual, el gasto primario debería ajustar más de 30% en términos reales.
Según la consultora LCG, este 2023 cerrará con un déficit primario de 2,7% del PBI, 0,8 puntos por encima de la meta comprometida con el Fondo. Será sobre este nivel a partir del cual deberá arrancar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y desde este escenario se abren las posibilidades del ajuste real.
Del lado de los ingresos, el fin de la sequía permitirá la recomposición de los derechos de exportación (+0,7% del PBI), pero la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias restará recursos por 0,3% del PBI de las arcas nacionales, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Cerrada la posibilidad, por decisión política, de recurrir a financiamiento monetario por parte del BCRA y asumiendo un limitado acceso a los mercados de deuda, podría ser necesario equilibrar el resultado financiero. Esto exigiría un esfuerzo todavía mayor en términos de recorte del gasto primario para poder cubrir el pago de intereses por 2,1% del PBI previstos para 2024. Sin considerar subas de impuesto, esto demandará un ajuste del gasto primario equivalente a 4,4 puntos del PBI. La ecuación cambiaría completamente si el impuesto PAIS se mantiene o si se unifica el tipo de cambio.
Por dónde puede empezar Milei
El 40% del gasto corresponde a gasto en seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otros). Estos gastos cuentan con ajuste automático a través de la fórmula de movilidad por lo que cuentan con inercia propia. En un escenario de inflación en ascenso, la fórmula implicará una licuación del gasto en términos del PBI. Parte de esta caída se compensaría con salarios y gasto operativo creciendo en línea con la suba de precios. Modificar esta dinámica requiere cambiar la ley en el Congreso, algo que inicialmente luce complicado.
Por ende, el ajuste impactará de lleno sobre el restante 60% del gasto. La obra pública, los giros a las provincias y las transferencias a empresas públicas podrían ser las principales variables de la reducción del gasto. Conjuntamente representan 17% del total, equivalente a 3,3% del PBI. Aun cuando se avance en su completa eliminación, no será suficiente para la dimensión del ajuste propuesto.
Por otra parte, el gasto en salarios absorbe 13% del total del gasto primario (2,6% del PBI). Asumiendo que la paritaria 2024 finalice con un aumento en línea con la inflación, el peso del gasto salarial volverá a crecer. Sin embargo, si Milei inicia una reforma del Estado, las remuneraciones del sector público se verían claramente disminuidos.
En segundo orden de relevancia se ubican los subsidios corrientes a la energía y el transporte, que representan 11% del gasto primario. Después del esquema de segmentación de tarifas en función de los ingresos implementada en 2022 y 2023, el gasto en subsidios se redujo 0,6 puntos para alcanzar 2% del PBI. Eliminar por completo esta partida derivaría en un aumento de tarifas en los hogares de menores ingresos. A precios de hoy implicará multiplicar por más de tres las tarifas de los hogares de los segmentos N2 y N3 (240% y 207%, respectivamente).
Los programas o beneficios sociales se llevan otro 11% del gasto primario y suman 2% del PBI. Se trata principalmente del gasto asociado a programas como Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, Becas Progresar, entre otros. Milei se encargó de aclarar que, en un principio, estas partidas no serían sujetas de recorte, pero habrá que "desensillar hasta que aclare".
¿Y la obra pública?
En lo que respecta puntualmente a la obra pública, el gasto cerrará en torno a 1,5% del PBI, representando apenas 8% del gasto primario. Las transferencias corrientes a las provincias equivalen a 6% del gasto, 1,1% del PBI. Son transferencias por fuera del reparto de recursos que genera la Coparticipación, pero que en muchos casos cuentan con una ley que exige el giro de esos fondos. Un ejemplo evidente es el de las transferencias por el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que implican un complemento de ingresos para los docentes provinciales.
Con una cuota mucho más amplia de discrecionalidad, también se cuentan dentro de estas a los Aportes del Tesoro Nacional, cuyo reparto queda a cargo de decisiones del Tesoro y, en principio, resultarían más fáciles de ajustar. En 2022 representaron 0,04% del PBI y en lo que corre de 2023 equivalen a 0,02%, por lo que el ahorro por esta vía sería más bien menor.
Finalmente, el proyecto de ley del Presupuesto 2024 contempla un superávit de parte de las empresas públicas por el equivalente a 0,13% del PBI. Sin embargo, parte de este resultado se logra con giros que estas empresas reciben del Tesoro para cubrir una porción de sus gastos. En total, estas transferencias a empresas públicas suman 0,6% del PBI.
Avanzar en privatizaciones es una posibilidad recurrente en el discurso de Milei. Sin embargo, contemplarla como una medida generalizada parece una opción drástica. Luego hay entes, estructuras, regímenes de jubilación o de cese, cuya posible reorganización podría impactar en salarios, transferencias o jubilaciones, cada caso teniendo un impacto bajo desde un punto de vista macro. Pero la supresión de estos giros de fondos podrían aportar a lo simbólico, lo cual habilitaría a abrir discusiones en otros frentes de mayor resistencia.
El gasto tributario
Las exenciones impositivas y otros tratamientos especiales en los gravámenes son el dinero que el fisco se abstiene de cobrar y que revirtiéndolos podría generar una mejora en el resultado oficial sin representar un recorte del gasto primario. Según cálculos oficiales, totalizan 2,3% del PBI. El ministro de Economía, Sergio Massa, los tenía en la mira.
Respecto a la exención de impuestos (1,73% del PBI), se destacan: Ganancias a Magistrados del Poder Judicial (0,16% del PBI), alícuotas reducidas de IVA para bienes de la canasta básica (0,62% del PBI) y exenciones de IVA a Prestaciones médicas a obras sociales y al INSSJP, entre otros (0,55% del PBI).
En regímenes de promoción (0,61% del PBI) se incluyen: Promoción económica de Tierra del Fuego (IVA, ganancias, derechos de importación por 0,33% del PBI), fortalecimiento de PyMEs (0,15% del PBI), Economía del Conocimiento (0,04% del PBI) y Autopartismo (0,01% del PBI), entre las principales.
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