Imagen: Leandro Teysseire
El Grupo Macri le debe al Estado 4 mil millones por el Correo
La denuncia es contra el Poder Ejecutivo por haberse perdonado, a través de un decreto, la millonaria deuda por el Correo.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a la Presidencia de la Nación por haber convalidado -mediante un decreto- el cierre de un sumario administrativo dentro del Poder Ejecutivo que buscaba establecer las responsabilidades de los funcionarios en el acuerdo impulsado por el Gobierno para perdonarle casi la totalidad de la deuda de 4 mil millones de pesos al Correo Argentino, empresa del Grupo Macri. El objetivo de la demanda es que se declare nulo el decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y que la Procuración del Tesoro de la Nación reabra la investigación administrativa disciplinaria contra los agentes del entonces Ministerio de Comunicaciones que aceptaron, en junio de 2016, la oferta efectuada por la firma de la familia presidencial. En el marco de esta causa, el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, deberá declarar hoy en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Lo que resulta más peligroso aún es la afectación del interés público ocasionando un grave perjuicio a la sociedad en su conjunto, que puede derivar en un verdadero escándalo jurídico por contradecir los avances y resultados obtenidos hasta el momento”, puntualizó el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, en el escrito publicado el lunes. La presentación exhorta nada más y nada menos que al Estado Nacional - Presidencia de la Nación a anular el decreto 907/18 que Michetti suscribió en noviembre del año pasado para rechazar un recurso jerárquico interpuesto previamente por el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción que conduce Rodríguez. Fue la vicepresidenta quien intervino, ya que el presidente Mauricio Macri se excusó de hacerlo por tener participación societaria en las empresas controlantes del Correo.
El recurso de la PIA se oponía a una resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación que, alegando que “los hechos objeto de la mencionada investigación no constituían irregularidad administrativa imputable a agente alguno” y determinando “la inexistencia de perjuicio fiscal”, cerró el sumario que investigaba “la actitud de los funcionarios públicos al aceptar un acuerdo ruinoso para el erario y todos los actos precedentes que condujeron al mismo”.
En la demanda, que será tramitada en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodríguez lanza duras críticas al accionar del Poder Ejecutivo, representado en la figura de Michetti como firmante del decreto, ante las sucesivas advertencias de la PIA. “Lo realmente acontecido difiere de los argumentos utilizados por la vicepresidente de la Nación para resolver sobre el recurso jerárquico interpuesto por esta Procuraduría”, señala la denuncia, y dispara: “Una posible respuesta a tal examen parcial podría encontrarse en la voluntad de apresurar el cierre de la actuación disciplinaria en pos de justificar la conducta de quienes habrían sido los ejecutores de una decisión que beneficiaba a terceros”.
A esta altura, el caso del Correo se ramifica en varios aspectos. Uno de ellos es el expediente comercial, que lleva 17 años, que establece que el Correo debe pagar su deuda. Recién con la llegada de Cambiemos, el Gobierno, mediante el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, aceptó una oferta que era idéntica a la última presentada bajo la administración de Cristina Fernández Kirchner y que había sido rechazada. Sin embargo, el acuerdo se frenó cuando la fiscal Gabriela Boquín denunció que era “ruinoso y abusivo” por implicar el perdón que la deuda casi completa. Hasta entonces y a pesar del tiempo transcurrido, no hubo un nuevo acuerdo por la deuda.
En paralelo, hay un expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo que avanzó en los últimos meses. En esa causa, el magistrado citó a indagatoria al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, junto con Mocoroa, el ex titular de Correo Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la empresa -que impulsó el apartamiento de Boquín- Jaime Kleidermacher, quienes están imputados por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
Al respecto, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que “existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones y el Correo Argentino fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado”. Aguad, que actualmente encabeza la cartera de Defensa, deberá presentarse para dar explicaciones hoy ante la Justicia.
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https://www.pagina12.com.ar/183545-abren-investigacion-por-el-autoperdon-del-curreo
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