Cuando el gobierno de la alianza PRO sea juzgado desde la serenidad de la indagación histórica, algunos datos de estilo sacudirán la modorra de los investigadores. El primero será seguramente la impunidad flagrante de la corrupción estructural. El segundo, la transmutación publicitaria que enmascara sus medidas económicas centrales.
Que la máxima autoridad del Ejecutivo, luego de que se le descubran numerosas firmas offshore y cuentas bancarias en guaridas fiscales, sostenga con soltura que ordenará al administrador de sus bienes –que se suponía estaban en un “fideicomiso ciego”– que repatríe su dinero fugado es digno de una saga mafiosa clase B. Luego, que enmarque esta acción con un tono de gesta patriótica entra en el mundo de la farsa. Bien miradas, las acciones del hijo de Franco Macri son apenas un dato cuando quienes decidieron la devaluación de la moneda fueron los mismos funcionarios que luego ganaron millones con la operatoria de dólar futuro, o cuando se ordenaron importaciones de gas con precios por encima de terceras ofertas vía firmas vinculadas a empresas de las que el propio ministro de Energía es accionista. Suma que, a poco de andar, la masiva irrupción de ex directivos de firmas multinacionales al control del aparato de Estado convirtió en letra muerta toda la legislación de ética pública, con nuevos altos funcionarios tomando decisiones de pago de deudas millonarias o contrataciones a empresas que integraban hasta el día anterior. Explotan los datos para que los ciudadanos comunes, en el sentido de no politizados, distingan entre la corrupción estructural y sistémica, la que está integrada a las propias decisiones de política económica, y la más vulgar ejercida por el funcionario marginal que se queda con un vuelto o ayuda a un empresario amigo. Vale aclarar que la introducción constante de la corrupción, de la dimensión puramente delictual, en la discusión política es una desviación lamentable que persigue excluir del debate, precisamente, a la política. Si se trae a colación aquí casi a desgano es porque impacta el nuevo nivel de impunidad. En especial, dado el apagón de la prensa corporativa sobre hechos que hasta el pasado 10 de diciembre habrían resultado escandalosos. Prensa que, además, continúa reciclando a diario material sobre la presunta corrupción del anterior gobierno ante la inocultable evidencia de la autopista del dinero M.
El segundo dato de estilo es el de la transmutación publicitaria de los mensajes en el discurso público, una metodología de camuflaje que va in crescendo. Un breve repaso muestra que la potente devaluación inaugural del 40 por ciento fue vendida como una gesta libertaria, como “la exitosa salida del cepo”. La fuerte transferencia a exportadores primarios, agrícolas y mineros, implícita en la eliminación y disminución de retenciones también se comunicó como liberación, en este caso, de las fuerzas productivas. La inflación desatada, esa que era tan fácil de manejar, y el megatarifazo torpe de los servicios públicos en beneficio de las petroleras, no demandó para su justificación el valor de la libertad, sino el de la verdad: se trató del sinceramiento de los valores reales de todas las cosas frente al descalabro dejado por la pesada herencia. Incluso la caída del nivel de vida de las mayorías resultante de las nuevas políticas fue también un acto de sinceridad. El bienestar y las pretensiones del “empleado medio con sueldo medio” eran una mentira insostenible que, sin embargo, se mantuvo durante una larga década.
Esta semana se produjo un nuevo hit. En línea con la convicción de seguir avanzando contra viento y marea en la restauración neoliberal, el régimen decidió dos nuevas medidas impopulares, el blanqueo de capitales y allanar el camino para la privatización de las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Para una administración que en seis meses solo provocó estanflación gobernando para su clase y cuyo titular acaba de vetar una ley antidespidos, con su imagen pública cayendo sin prisa pero sin pausa, el nuevo paso resultaba difícil. La solución, una vez más, la entregó la máquina de transmutar discursos: el armado de una ley ómnibus para saldar “la deuda con los jubilados” bajo el aura de la “reparación histórica”. La realidad, como en todas y cada una de las medidas tomadas por la nueva administración, difiere del discurso. El blanqueo de capitales, que se había planeado para agosto, fue adelantado de urgencia frente a la completa ausencia de la prometida lluvia de dólares que aportarían a la reactivación del segundo semestre, una mitología en la que ya no creen ni los oficialistas más voluntariosos. La cifra que los residentes mantendrían en el exterior, o en activos externos como los dólares en cajas de seguridad o el colchón, es difícil de calcular por su propia naturaleza. Distintas fuentes la estiman en un rango de entre 250 y 400 mil millones de dólares. El oficialismo cree que de esa masa se “exteriorizaría”, tremendo eufemismo, el 5 por ciento, es decir entre 20 y 30 mil millones de dólares. En promedio ello permitiría recaudar por única vez, entre 2 y 3 mil millones de dólares, masa generosa que iría a pagar el stock de deuda con unos 300 mil jubilados que le ganaron juicios al Estado para recomponer su nivel de haberes, maravillas del sistema judicial, 50 por ciento al contado y otro 50 en tres años en cuotas trimestrales. A la vez también se le reconocerían deudas a otros 2 millones de jubilados que todavía no ganaron juicios o que directamente no los iniciaron, pero que estarían en condiciones de reclamar.
Sin entrar en excesivo detalle, desde el mismo oficialismo reconocen que lo recaudado en el más optimista de los cálculos de blanqueo no alcanzará para pagar el stock adeudado, a lo que se sumará el flujo futuro que se asumiría con 2,3 millones de beneficiarios. La magia será entonces nada menos que la liquidación de activos del FGS, donde se encuentran acciones de empresas como el Banco Macro, Techint o el Grupo Clarín, “recuperación” muy anhelada por el poder económico. No es una especulación. El gobierno no oculta el objetivo. No importa que exista una ley de 2015 que blinda la venta de estas acciones con el voto de los dos tercios de los legisladores. La decisión, se amenaza, hasta podría tomarse por decreto. Desde el fin del sistema de jubilaciones privadas el valor del FGS pasó de 80 mil a 850 mil millones de pesos y sumó grados de libertad a la política económica.
Si la ley ómnibus avanza quedará abierta la puerta para el segundo objetivo del oficialismo, todavía no explícito, pero que se deduce de los números: desfinanciar el sistema público para regresar al viejo sistema de AFJP. Esta fue la lógica histórica de todos los procesos de privatización, primero desfinanciar al Estado para después justificar el take over privado. Vale recordar que el desfinanciamiento de la seguridad social a partir de la creación del régimen de AFJP fue la principal causa del déficit estructural que en los ‘90 se cubrió con endeudamiento externo, situación que terminó en el default y crisis de 2001-2002.
Un pequeño adelanto sobre la máquina de transmutar: cuando llegue la nueva legislación de flexibilización laboral no será tal cosa, sino el máximo benefició para las Pymes de las últimas décadas, una reparación histórica.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-9388-2016-06-05.html
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