A siete meses de su asunción, el gobierno macrista actúa con dos velocidades para hacer las cosas. Una rápida y una lenta. La primera, en vértigo continuo, es aplicada para beneficiar a los sectores que concentran la riqueza del país. La segunda, trabada y morosa, corresponde a medidas aisladas que vendrían a atenuar los efectos socialmente devastadores de su política económica, apenas concesiones con las que estira la ficción de que atiende los intereses de todos, cuando en verdad ocurre todo lo contrario.
La baja de retenciones al campo se hizo en una semana. El beneficio a los oligopolios de la comunicación, en dos. El tarifazo en los servicios públicos se lanzó a los dos meses. El veto a la Ley de Emergencia Ocupacional fue fulminante, casi de un día para el otro. Todo vía resoluciones y decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, con la rebaja del IVA o la de Ganancias y con el pago de los juicios a los jubilados existe un delay entre el momento del anuncio y el de la ejecución, mediado por una serie de idas y vueltas legislativas que nunca se sabe muy bien dónde acaban, si respetan lo que se publicó en los diarios o la letra chica determina luego efectos menos generosos para los alcanzados en los beneficios.
Lo mismo ocurrió con el aumento del gas: se decidió un día, en algunos casos trepó hasta el 1500 por ciento y pasaron casi tres semanas desde que se dijo que iba a haber una marcha atrás con la tarifa hasta que, producto de la indignación y la protesta ciudadanas, se fijaron límites, igualmente altísimos, del 400 y el 500 por ciento. Muchas de esas boletas ya fueron pagadas, habrá que ver qué tan eficiente es el sistema de devolución y si la supuesta rebaja conforma a los usuarios bajo amenaza constante porque –y esto merece ser recordado- el disparate del ministro Gerardo Aranguren sólo representaba el 40 por ciento del “sinceramiento” tarifario al que aspiran tanto el gobierno como las concesionarias.
Es evidente que el oficialismo se asigna prioridades cuya premura no aplica a la agenda social, sino al conjunto de medidas que permitan replegar al Estado hacia un lugar de árbitro bombero de los sectores que hasta no hace mucho accedían con comodidad a ciertos bienes y servicios y hoy deben resignarlos por el contexto de transferencia de ingresos claramente regresivo planteado por el gobierno. En síntesis, cambiaron los beneficiarios.
Las de Javier González Fraga y Gabriela Michetti son voces brutalmente honestas en el firmamento oficial, aunque con sus declaraciones produzcan rechazo. Nadie como ellos explicó de modo tan transparente cuál es el objetivo último de la reingeniería social y económica macrista: que los sectores asalariados que durante una década fueron incluidos al universo de consumo masivo, acepten con mansedumbre el relegamiento y la exclusión que comienzan a vivir, porque esto es “lo normal”.
Se acabó “la fiesta”, dicen. Es mentira: empezó la de ellos.
Cuando otros recitan que “la fiesta” terminó, en realidad, lo que están queriendo decir es lo mismo que Michetti y González Fraga desnudaron con sinceridad obscena. El país donde los que vivían de un ingreso podían comprar televisores, motos, heladeras o viajar al exterior, tiene fecha de defunción porque era “anormal”. El que ya está entre nosotros, el macrista, pretende lo opuesto: volver aceleradamente a aquel donde estas pavorosas consecuencias de la democracia redistributiva no existían. Ni en el volumen mayorista, ni en la calidad concupiscente que alcanzaron, además, en la última década.
Igual, hay que decirlo, ni la vicepresidenta, ni González Fraga se fueron de boca. No actuaron por torpeza, no fueron deslices. Piensan así. Porque así piensa el gobierno de Ceos y gerentes y así se habla en las reuniones de gabinete. Por más intentos que haga Federico Pinedo por racionalizar el discurso revanchista o el clasismo desmedido de los funcionarios de su administración, no hay manera de disimular lo que son: cruzados ideológicos contra el “populismo” y todo lo que huela a reparto más o menos igualitario, entrenados por fundaciones que reciben aportes de bancos nacionales y extranjeros, fondos de inversión dudosos y empresas multinacionales que luego pasan a cobrar lo invertido en políticas públicas, normas y desregulaciones que los favorecen, decididas por sus viejos becados reciclados como funcionarios.
El proyecto ómnibus que mandó el macrismo con el blanqueo, el pago de los juicios previsionales y la moratoria fiscal es un buen ejemplo de las distintas velocidades con las que actúa el gobierno, producto de su ideología. El pago a los jubilados litigantes será menos generoso de lo que se suponía, el índice de actualización no será el que fijó la Corte sino otro menor, además se les cobrará Ganancias y ni siquiera se les abonará todo junto, sino en tres años. Ya se dijo: es un beneficio, mezquino o mezquinado cuando se lee la letra chica del proyecto, pero aun así, el jubilado que cobre podrá disponer de un dinero del que hoy no dispone. Ahora, cuando se observa el blanqueo y la moratoria, todo es ganancia para evasores y lavadores, no hay perjuicio ni tacañería de parte del Estado, solo comprensión y perdón fiscal. Es más, si declaran la plata negra, ni siquiera la tienen que repatriar.
Debajo de lo que se juzga como positivo para un grupo de jubilados, algo que no está en discusión, aparece un iceberg de injusticia histórica. Los fugadores seriales, los evasores contumaces, los que realmente vaciaron las cajas y empobrecieron las arcas del fisco durante años, usan hoy de escudos humanos a los abuelos litigantes para entrar como tromba al Congreso y confeccionarse una legislación a medida que los indulte de requerimientos y exigencias futuras.
Hasta el presidente justificó la evasión, cuando dijo que iba a traer su dinero de Bahamas porque ahora sí confía en el país. Es el latiguillo típico del evasor, el sentido común sobre el cual se construyó un sistema impositivo que castiga al que paga y beneficia al que no lo hace, fugando divisas del sistema y del país. El procesamiento de Ricardo Echegaray -ex titular de la AFIP, hoy en la Auditoría- que dictó el juez federal Claudio Bonadío va en la misma dirección: lo acusan de haber hecho pública la lista de titulares de cuentas del HSBC de Suiza donde aparecían empresas y particulares que no las tenían declaradas. Es el primer paso para cerrar esa causa y liberar de reproche a los enlistados, todos poderosos.
También el apetito por el 20 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, compuesto por acciones de Clarín, el Banco Macro, Consultatio y otras tantas empresas que timbeaban con las AFJP hasta que sus fondos fueron estatizados, surge detrás del proyecto ómnibus que Macri envió al Parlamento. Las empresas ya avisaron que están dispuestas a recomprar esas acciones y sacarse de encima, con el visto bueno del oficialismo, a los representantes que el Estado tiene hoy en sus directorios. Es redondo. Y todo esto -amnistía fiscal, oportunidades de negocios para los evasores, revancha empresaria contra el Estado-, anunciado en los diarios y la TV como un gesto de reparación inédito a jubilados y pensionados litigantes. Si no fueran tan perversos, serían brillantes.
Se acabó “la fiesta”, dicen. Es mentira: empezó la de ellos.
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