El ex ministro y actual diputado descalificó el fallo, al que tildó de “disparate” y plagado de intencionalidad política. Afirmó que hay una persecución contra Cristina, en la que vinculó al juez con el Gobierno. “Un fallo con maldad o estupidez”.
Axel Kicillof, diputado nacional por el FpV y ex ministro de Economía, es uno de los procesados por el juez Claudio Bonadío, señalado como uno de los principales responsables de las operaciones de dólar futuro en base a las cuales se armó la causa que también involucra a la ex presidenta de la Nación. Kicillof respondió ayer sobre diferentes aspectos del fallo y de las cuestiones políticas que lo rodean. No ahorró críticas ni escondió interpretaciones. Ni siquiera, sobre las intenciones que le atribuye al juez y a sectores políticos de “proscribir a Cristina” y de verla en prisión.
–¿Los tomó de sorpresa el fallo del juez Claudio Bonadío resolviendo el procesamiento de Cristina Kirchner y el suyo, entre otros, como el del presidente y de los directores del Banco Central y el titular de la CNV?
–Era previsible. Lo sorprendente del fallo es la figura penal que se nos imputa: administración infiel. Está claro que el juez Bonadío iba por el camino de imponernos la acusación por el delito de asociación ilícita, pero no tuvo elementos para avanzar por ahí. Es una causa en la que no aparece un solo dato en el que se nos pueda imputar corrupción, ni siquiera se nos denuncia por enriquecimiento propio. Toda la argumentación para dictar el procesamiento es un disparate, como en realidad lo fue toda esta causa desde el principio, la acusación, la imputación. Es una novela de ficción, un absurdo “de pe a pa”.
–Pero el fallo habla de una operatoria ilegal y de delitos cometidos contra el erario público...
–Se supone que si hemos cometido administración infiel es con la intención de favorecer a alguien, y que se vendieron contratos de dólar a futuro a un precio que intencionalmente buscaba beneficiar a alguien. Pero resulta que los que compraron los contratos, y se beneficiaron con la devaluación, no tienen nada que ver con nosotros. Y sí, en cambio, tienen que ver con el actual gobierno. Es Mario Quintana, Nicolás Caputo, Franco Macri. Resulta que tomamos una decisión, vender contratos de dólar a futuro a un determinado valor, que terminó favoreciendo a los funcionarios del PRO; al amigo del presidente y al padre del actual presidente. Pero fue este gobierno, no el nuestro, el que resolvió la devaluación. Los que devaluaron y se enriquecieron son los mismos. Pero en vez de investigar este hecho, se procesa a los funcionarios que cuidaron el valor del peso.
–¿Creen que no tuvieron oportunidad de defenderse, o que no se tomaron en cuenta los argumentos para responder a las acusaciones?
–La sensación que nos deja, la conclusión que sacamos, es que no hay estado de derecho en Argentina. Hay jueces que pueden resolver y fallar cualquier disparate por pura intencionalidad política. Nos hacen a nosotros lo que le está pasando a Dilma (Rousseff) en Brasil. Todo la argumentación de Bonadío a lo largo del fallo revela su convicción de que Argentina tenía que devaluar, y que la devaluación debíamos hacerla nosotros, para después hacer esta política que se está aplicando ahora. Lo que hizo nuestro gobierno fue utilizar todas las herramientas para evitar la devaluación, y hoy está a la vista la política y las consecuencias que se derivaron de la devaluación que luego aplicó Macri una vez que llegó al gobierno. El fallo de Bonadío procesándonos por nuestra política se da justo en la semana que se da a conocer que abril fue el mes de más alta inflación de los últimos 14 años. Y fue la devaluación de diciembre lo que provocó esta disparada de precios. Lo que demuestra lo bien que hicimos en parar la devaluación.
–¿Cuál es el trasfondo político de esta decisión, a su criterio?
–Lo central es que está lanzada una persecución judicial con la intención clara de querer proscribir a determinados dirigentes. La carga contra Cristina revela lo que algunos sectores políticos ya han puesto de manifiesto, que es dejarla afuera de la disputa electoral (se refiere, sin nombrarla, a Margarita Stolbizer, ex dirigente radical, quien señaló que su deseo sería que “proscribieran de por vida” a Cristina). Además, necesitan tapar toda la situación que tenemos en lo social, en lo económico. Y poner en el banquillo de acusados a quienes venimos advirtiendo las consecuencias de estas políticas y denunciando cómo se beneficia con estas medidas a los sectores más privilegiados y se excluye a los más vulnerables.
–Volvamos a la causa y al fallo. Allí se leen diversas acusaciones a la ex presidenta y a usted, como ex ministro, en cuanto al vínculo y la relación con diversos funcionarios nombrados en organismos como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Ahí se pretende demostrar que había un manejo centralizado de las decisiones de política y control financiero. ¿Qué puede decir sobre eso?
–Leyendo los argumentos de la causa para construir la acusación, queda muy evidente que la única base de muchas de estas aseveraciones son notas de diarios que fueron fuertemente opositores a nuestra política. Incluso cita un discurso de Cristina, en la que la Presidenta me elogia y me señala como uno de sus más fieles, o más cercanos funcionarios, no recuerdo bien. Pero Bonadío se agarra de eso para decir que era Cristina quien tomaba la decisiones de política económica, y a partir de ahí poder acusarla de ser la responsable de alguna medida que él va a condenar. En realidad, es todo un gran disparate, porque bastaba con recurrir a la Constitución Nacional para decir que el Presidente es el máximo responsable de las políticas del Ejecutivo. Pero todo el fallo es así, armado de un modo muy poco serio.
–¿Y sobre la cuestión de fondo, la venta de contratos de dólar futuro? ¿Ve en el nuevo fallo una argumentación distinta que ahora comprometa a quienes utilizaron esa herramienta de política económica?
–Lo que dice Bonadio es que usamos recursos públicos para tratar de parar una corrida cambiaria, y a partir de ahí nos imputa la administración infiel, por una operatoria ilegal con un altísimo costo para el erario público. Con ese criterio, mejor ni hablemos de lo que está haciendo Sturzenegger (presidente del Banco Central) con las Lebac para frenar la suba del dólar y la inflación. Ya tiene más Lebac en el mercado que circulación monetaria (billetes y monedas), y están colocadas a tasas altísimas. Cuando tenga que pagarlas va a tener un costo multimillonario para el Estado. Los costos de esta política monetaria son más que evidentes, y a nadie se le ocurriría imputar a quienes la ejecutan por administración infiel o asociación ilícita sólo por el costo fiscal.
Además, las consecuencias económicas de estas altas tasas son inmediatas, en perjuicio de la actividad productiva y a favor de los especuladores, por ejemplo de los que se benefician con la bicicleta financiera entrando dólares al sistema para cambiarlos por pesos, obtener un altísimo rendimiento, y después volver a fugarlos convirtiéndolos otra vez en dólares. No es como el caso de los contratos de dólar futuro, que tuvo que haber una decisión de otro gobierno de devaluar, para que surgiera el perjuicio para el fisco y grandes ganancias para algunos privados.
Nosotros tomamos esta decisión de vender contratos de dólar futuro no con la intención de beneficiar a nadie. Bonadío, en su argumentación, señala como que ya era un hecho que se iba a devaluar. Pero los ajustados resultados con que se definió la elección (entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, por un punto y medio a favor de este último) demuestra que la política económica no estaba predeterminada. Al ver el resultado electoral, queda claro que ese argumento es una fantasía.
Además, fue el propio Bonadío el que después autorizó el pago de los contratos de dólar futuro a funcionarios y allegados del actual gobierno. Si era una operatoria ilegal como ahora sostiene en el fallo, ¿por qué aprobó el pago? Es todo un razonamiento muy raro, contradictorio. Lo que demuestra una de dos cosas, estamos ante un fallo escrito con mucha maldad, o con una alta cuota de estupidez.
–En su fallo, el juez también cuestiona los contratos de dólar futuro porque dice que no incidían para nada en el valor a término de los contratos privados, o el precio de mercado de las operaciones a término. Ahí se afirma el juez para decir que la venta de contratos a futuro eran operaciones a pérdida segura.
–Lo que querían los especuladores, el macrismo y es lo mismo que ahora refleja Bonadío, es que la devaluación la hiciéramos nosotros. De lo que se nos acusa es de no haber devaluado, de haber defendido el peso. De haber estado contra esta política que después se ejecutó. ¿Cómo es este razonamiento de que eran operaciones a pérdida porque no correspondían con los precios de mercado? Es un argumento invalidante de cualquier acción de política económica que vaya en contra del precio de mercado, entonces hay que dejar que el mercado decida. No tiene ninguna lógica, salvo la intención política de este fallo, de quienes la impulsan, y de un juez que está muy ligado al actual gobierno. Tanto, que cuando el Consejo de la Magistratura tuvo que tomar su caso, decidió que la instrucción quedara bajo la responsabilidad de un integrante designado por el Ejecutivo. Bonadío pretende llevar esta causa hasta las últimas consecuencias, aunque no tenga elementos ni argumentos para impulsarla.
–Las últimas consecuencias sería condenarlos y enviar a prisión a Cristina Kirchner a prisión. ¿Llegará hasta esa instancia?
–Contra eso estamos peleando.
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