Durante muchos años el kirchnerismo se enredó en estadísticas de precios acomodadas por el Indec, minimizó el impacto en la percepción social de la inflación, eludió un debate profundo sobre cuáles eran las fuentes de esa tensión y hasta los funcionarios tenían vedado hablar de ese acontecimiento económico. Los aumentos de precios constantes aunque sin espiralizarse condicionaron la discusión económica sin respuestas oficiales convincentes. En un comportamiento espejo, el macrismo está haciendo lo mismo con la ola de despidos. Dibuja números sobre el empleo privado, promete una lluvia de inversiones con creación de empleo y lanza a sus funcionarios a colisionar con el drama sociolaboral de miles de trabajadores diciendo que es una “sensación” (Alfonso Prat Gay), que “no hay despidos” (Marcos Peña) y hasta el más audaz “hay aumento del empleo” (Jorge Triacca). Es un juego arriesgado este relato ficcional: el desempleo es un factor de inestabilidad social bastante mayor que la inflación con generación de empleo del kirchnerismo.
Como no hay datos oficiales confiables con el inédito apagón estadístico del Indec, las cifras de despidos se van construyendo con información proveniente de sindicatos, de los propios trabajadores, de cámaras empresarias y conflictos difundidos por medios de comunicación. El Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma relevó que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo de este año hubo 68.563 despidos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el privado. El informe aclara que es un relevamiento de mínima, ya que no incluye las denuncias realizadas por dirigentes sindicales en términos generales ni las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente.
Otro informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que en el sector público y privado suman en total 141.542 despidos en el primer trimestre del año, con mayor incidencia en la construcción (mano de obra menos calificada) en la actividad privada, y en las provincias en el ámbito público. Hasta la Unión Industrial Argentina que formó parte del frente empresario en contra de la ley de emergencia ocupacional advirtió que en el primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100.000 y 200.000 empleos.
El gobierno comenzó su gestión presumiendo que estaba eliminando “la grasa militante”, “los ñoquis”, “el empleo inútil” en el Estado, iniciando una persecución política a trabajadores estatales y además despidiendo en cantidad por el cierre de programas específicos de varios ministerios. Además puso en revisión la totalidad de los contratos de trabajadores que se desempeñaban en planta transitoria y a través de convenios de asistencia técnica con universidades nacionales. Creo el Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra que hasta ahora ha actuado como un ministerio de despidos y de agencia colocación laboral en el Estado para familiares y amigos de funcionarios, políticos y allegados al macrismo y radicalismo. Si a las desvinculaciones producidas a nivel nacional se le agregan las efectivizadas en provincias y municipios, la totalidad de los despedidos en el sector públicos supera los 40 mil trabajadores. Los retiros fueron además sin la indemnización correspondiente pese a que la mayoría de los contratados llevaban años ejerciendo tareas en una situación de precariedad laboral.
Este mismo comportamiento está siendo imitado por empresas que se desprenden de personal sin abonar indemnizaciones, estimando que un juicio laboral puede tardar de 3 a 4 años mientras va aliviando sus costos inmediatos y especulando a la vez que un acuerdo-mediación posterior le será menos oneroso. Así el gobierno de Macri con despidos masivos y sin indemnización está indicando a los empresarios cuál es el camino a transitar en relación a la plantilla de personal.
La información disponible de despidos en el sector privado está más dispersa, y mientras continúa el apagón en el Indec sin dar cuenta de la situación del empleo, el Ministerio de Trabajo salió al rescate del resto del gobierno realizando la tarea de adornar el panorama laboral. Distribuyó un informe que pretende demostrar que la economía en lo que va de la gestión Macri no ha destruido puestos de trabajo en el sector privado registrado. Destaca que en febrero pasado con respecto el mes anterior hubo un incremento de 17.972. Como el informe descriptivo no lo menciona, es necesario recorrer los cuadros estadísticos completos para verificar que durante el gobierno de Macri, de diciembre del año pasado a febrero de éste, hubo una pérdida neta de empleo de 19.938. En diciembre la caída fue de 23.156 y en enero 14.754, parcialmente compensada con la cifra de febrero. O sea, el propio Ministerio de Trabajo tiene identificado destrucción de puestos de trabajo.
Esta información proviene de la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social de la AFIP. Es la misma fuente oficial que desmiente al propio Presidente Mauricio Macri acerca de que no hubo creación de empleo en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 2011 se creó empleo formal de manera ininterrumpida. Fueron 440.829 nuevos puestos en blanco desde 2011 y 830.623 desde 2010. Entre 2011 y 2015 el sector privado generó 285.731 puestos, mientras que el sector público, 155.098 trabajadores. El mismo cuadro distribuido por el Ministerio de Trabajo para demostrar que no hay problemas en el mercado laboral revela que el empleo privado formal subió 71.749 trabajadores en el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno de Macri ha creado las condiciones para que el sector privado quede habilitado para desprenderse de personal, primero abriendo la puerta a los despidos masivos sin indemnización en el sector público, y después con una política económica recesiva en un contexto internacional desfavorable. Abrió la puerta para que el empleo quede bajo una amenaza permanente con el objetivo de disciplinar las demandas salariales y de ese modo provocar un impacto regresivo en la distribución del ingreso. La extraordinaria movilización obrera de ayer marcó límites a esa pretensión del poder económico expresada en política de gobierno por el macrismo.
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