La economía política es fuente de fuertes controversias. Los planes de estudios soslayan esa cuestión cuando sitúan a la síntesis neoclásica en el altar del “conocimiento científico”. Ese sesgo académico dificulta (o impide, en la mayoría de los casos) comprender complejos fenómenos económicos. El debate que se pretende acallar incluye desde profundas cuestiones teóricas hasta aspectos aparentemente “objetivos”. Por ejemplo, la economía descriptiva es definida como aquella limitada al relevamiento, descripción y clasificación de datos. Un observador desprevenido podría decir que no existe discusión posible en ese terreno. Sin embargo, los “datos duros” suelen ser menos inocentes de lo que aparentan.
El primer ministro británico del siglo XIX, Benjamín Disraeli, bromeaba diciendo que “hay tres clases de falsedades: las mentiras, las mentiras detestables y las estadísticas”. Esta claro que las estadísticas son insumos imprescindibles para la formulación y evaluación de la política económica. Sin perjuicio de eso, no dejan de ser un grupo de técnicas desarrolladas para la recopilación, presentación y análisis de datos. Los indicadores intentan captar un aspecto de la “realidad” con la mayor rigurosidad posible. Por eso, las estadísticas no son “verdaderas o falsas” sino “mejores o peores”.
Erróneamente, las controversias ciudadanas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvieron (y están) más centradas en su “veracidad” que en la calidad del relevamiento.
La medición del IPC puede verse afectada por muchísimos factores: errores en el diseño muestral, sustitución de bienes realizada por los consumidores (con el agravante de que el sesgo por sustitución es mayor en períodos de elevada inflación), cambios en el lugar de compra, estructura de ponderaciones distorsionada, modificaciones en la calidad de los bienes y servicios relevados, aparición de nuevos productos y desaparición de otros.
El “apagón estadístico” nacional no ayuda a la recuperación de la confianza en las estadísticas públicas. En la actualidad, el gobierno nacional toma como parámetros válidos los índices de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de San Luis. Otras mediciones dan cuenta de niveles aún mayores de incrementos de precios.
Más allá del número en sí, la inflación no impacta de la misma manera en las diferentes clases sociales.
Los índices de precios se calculan a partir de estructuras de gastos relevadas por los institutos estadísticos oficiales. En Argentina, el Indec indaga las costumbres de gastos e ingresos de miles de hogares mediante la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares.
El gasto total es distribuido, ponderado según la información recolectada, en una canasta de bienes y servicios. La cuestión es que los patrones de consumo son heterogéneos. Por lo tanto, los aumentos de precios no impactan de igual manera a todos los sectores.
A fines de la década del cincuenta, el inglés Sigbert Prais advirtió sobre el sesgo plutocrático del IPC: la canasta “promedio” de bienes y servicios suele ser más representativa de los patrones de consumo de los sectores acomodados (por su mayor participación relativa en el gasto total). Prais defendía la idea de construir índices “democráticos” asignándoles idéntico peso a todas las familias.
Los investigadores Demian Panigo, Fernando García Díaz, Sergio Rosanovich y Pilar Monteagudo explican en El impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en Argentina (2015-2016) que “los procesos inflacionarios afectan de manera asimétrica a los distintos sub-grupos poblacionales dependiendo críticamente de la dinámica de los precios relativos. Tradicionalmente, las familias de mayores recursos poseen un patrón de consumo intensivo en servicios (personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables. Por el contrario, en los hogares de menores ingresos las erogaciones se concentran principalmente en alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos (luz, gas y teléfono)”.
La evolución de los precios relativos en Argentina post-triunfo electoral de Mauricio Macri perjudicó en mayor medida a los sectores vulnerables. Los investigadores -utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares y relevamientos alternativos de precios- examinaron el impacto diferencial de la inflación sobre los distintos hogares de la CABA. La conclusión fue que los hogares humildes perdieron más del doble de poder adquisitivo que los hogares acomodados. En números, el 10 por ciento más vulnerable registró una caída del 23,8 por ciento en su capacidad de compra. En cambio, el 10 por ciento de mayores recursos tuvo una baja de poder adquisitivo de 11,1 por ciento.
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