En oportunidad de la campaña presidencial anunciamos algunos de los males que creíamos que nos deparaba el futuro de resultar Macri electo presidente. Nos bautizaron como la “campaña del miedo”. La realidad, a escasos meses de la asunción del flamante presidente, indica que nos quedamos cortos.
Las evaluaciones que hicimos en aquel entonces no eran caprichosas sino que se fundaban en las declaraciones del candidato y su “equipo” así como en las conductas y medidas de gobierno del entonces Jefe de Gobierno porteño.
No puede sorprendernos –aunque la falta de sorpresa no endulce la amargura– que Macri haya vetado una ley que tiene un amplio consenso en el arco político. Ya como Jefe de Gobierno vetó ni más ni menos que 125 leyes de la Legislatura Porteña entre las que se encuentran algunas proyectadas, impulsadas y aprobadas por su propio espacio político y otras. como por ejemplo: La ley de aborto no punible; ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas -de iniciativa de una legisladora del PRO; ley que regulaba la publicidad oficial; anuló un subsidio para Teatro por la Identidad; ley de régimen de protección para empresas recuperadas; ley de jubilación para músicos, y hasta una ley de semáforos para ciegos. Dime a quien vetas y te diré quién eres…
El veto de hoy es contra una ley que goza del consenso de buena parte el arco político, es contra una ley que declara la emergencia ocupacional porque sabemos que los despidos se han convertido en esta nueva era en causa principal de la angustia de los argentinos y contra una ley que cuenta con la aprobación de la inmensa mayoría de los argentinos a la espalda de quienes parece gobernar el Presidente.
No cuestiono en modo alguno la facultad constitucional que le ha sido conferida al Presidente y que lo habilita legalmente a vetar la norma, pero tampoco se puede desconocer la diferencia entre legalidad y legitimidad; la diferencia entre el ejercicio regular y el ejercicio abusivo de los derechos; como tampoco se puede desconocer el principio de progresividad de los derechos sociales. Del mismo modo, tampoco ignoramos la facultad que asiste al congreso de insistir en la ley para lo que se requerirán mayorías especiales, por lo que la exhortación al presidente a que no vete la ley se traduce, una vez vetada, en una exhortación a los parlamentarios a que insistan la sanción de esta ley que el pueblo argentino nos demanda.
La ley es constitucional, el veto no lo es. El art. 14 bis consagra la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público, dos garantías previstas en la parte dogmática, y el art. 75 inc. 19 establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social mientras que el veto es una facultad presidencial que en modo alguno puede ser interpretada como una capacidad para privar a los trabajadores de estas garantías. En caso de colisión, si la hubiere, no se puede dudar cuál es el bien que debe primar. Si la facultad de vetar una norma es ejercida en contra de estas garantías, el ejercicio del derecho a veto constituiría un abuso de derecho.
El entrañable Luis Alberto Spinetta nos contaba en la década del 70 la historia de un Capitán Beto que tenía un equipo tan precario como su destino. Cada cual es artífice del suyo. Con el ejercicio tan antipopular de la facultad de vetar, el presidente Veto no hace más que encerrarse en su cápsula y alejarse más y más de las necesidades del pueblo.
Nosotros buscamos el éxito en la gestión del gobierno, por eso señalamos necesidades y marcamos errores. Es con esa vocación que le pedí al presidente Macri que no vete la ley diseñada para proteger el empleo porque si el Presidente la veta, va a tener otro veto, que es el de los trabajadores.
por Héctor Recalde *
* Jefe del bloque de diputados del FpV.
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