Todos sabemos que si el martes a la noche un presidente peronista hubiera twiteado “Gorilas hijos de putas tiemblen, los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”, ayer a primera hora habrían llovido decenas de denuncias ante la Presidencia de la Cámara de Diputados solicitando su juicio político.
Como estamos en periodo de receso, al mediodía se habría autoconvocado la Cámara, y la denuncia habría sido remitida a la Comisión de Juicio Político, que en el transcurso de la tarde hubiera realizado la investigación sumaria correspondiente y encontrado mérito suficiente para, al caer la noche, elevar su dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, que habría aprobado la acusación con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
Durante la madrugada de hoy, en una “maratónica sesión”, como le gusta decir a la prensa, el Senado actuando como tribunal según establece la ley de Juicio Político, hubiera dictaminado su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Una vez destituido, para estas horas el (ex) presidente peronista además estaría detenido por orden de un juez federal para investigar la acusación presentada de oficio por un fiscal por los delitos de amenazas, incitación a la violencia y discriminación.
Tal vez los plazos supuestos en el hipotético caso descripto sean exageradamente breves, pero no hay dudas de que el resultado final sería el relatado.
Un país en el que la fuerza política que representa a un amplio sector de la sociedad es víctima de semejante nivel de discriminación, sencillamente es inviable.
por William Scholl
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