El juez Federico Villena, a cargo de la investigación principal del entramado de espionaje.
Para entender el entramado de escuchas y aprietes de la era Macri
Las operaciones de inteligencia están siendo investigadas en doce causas judiciales distintas. Aquí, el detalle de los personajes, los organismos y la mecánica puesta en juego para espiar a opositores, aliados y periodistas.
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
El grupo de espionaje ilegal Super Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Mauricio Macri. El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático. Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos. El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano. Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri. La estrategia consistió en tapar la feroz política económica, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
Primeros
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
El expediente se inició de manera escandalosa. Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
Dado que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza "anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda, "correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera clandestina. O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
Trotyl I
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI. Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila.
El seguimiento a Melo confirmó que visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al exfuncionario. Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo encontrado en su celular le jugará en contra.
Trotyl II
La operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y las operaciones empezaron antes.
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el show mediático.
Super Mario Bros
La trama narco-inteligencia de Verdura y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge “El Turco” Sáez, este último con paso por el Servicio Penitenciario.
En el celular de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco. Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y vigilaban.
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
Los jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario presidencial, y éste a Macri.
Cables
Las andanzas del expenitenciario Jorge “El Turco” Sáez hicieron que la mirada del juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF. A través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos del tendido de espionaje.
Toda la operación fue siniestra: se espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo, anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las estrategias empresarias.
El objetivo era quebrar a una parte de los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus empresas.
Celda
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano. El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
El abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos, barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
En la semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos, explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al aire por el periodista Luis Majul.
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el director de Legales, Sebastián “El Enano” De Estéfano y el director de Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que firmara una resolución para detener a Pablo Moyano. El texto estaba escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
Trucho
El falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban otros directores de la AFI.
Como se sabe, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista Daniel Santoro. En el expediente de Dolores ahora se investiga, por ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y Seguridad.
Masivo
El instrumento del espionaje ilegal fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye Marcelo Martínez de Giorgi.
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces. No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
Maquinaria
El macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue abierto. En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas: desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de audios obtenidos de forma ilegal. Irurzun fue uno de los hombres clave de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
De la misma manera armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la reabra.
Mesa
Entre las doce causas que se tramitan en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad, las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales. En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
Política
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
Pero la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje, sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico: tapar los resultados de la política económica que favoreció a los sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
Por un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que no dieron cuenta los medios. También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos, que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la oposición.
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual falsedad.
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el peronismo. La detención en sí misma fue un extorsión para que declaren contra la exmandataria. Como es obvio, hubo casos de corrupción como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas, cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá. Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica, construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios.
El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
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