Sin margen para reacciones corporativas
El choque entre un gobierno que intente cuestionar privilegios y el poder judicial tal como está diseñado hoy es natural, ineludible. La historia es conocida: cuando el absolutismo tuvo que abrir a la participación popular, por vía parlamentaria, el proceso de toma de decisiones, los jueces quedaron como última frontera del statu quo. Carlos Pagni lo explicó de manera descarnada en la edición 2013 del Campus Faes, foro paradigmático del liberalismo a nivel global: “Deliberadamente se lo quiere conservador (al poder judicial), para corregir eventuales desvíos de una mayoría equivocada.” (sic)
Ahora bien: ¿quién y cómo determina el error de una mayoría? A las claras salta la tensión entre democracia y, por así llamarla, justicia. Cualquiera que haya pasado por un aula de Derecho sabe de doctrinarios que hace siglos se rompen la cabeza pensando algún modo de vincular más directamente a los magistrados con el escrutinio de la ciudadanía. Es que el fundamento del poder de disponer sobre la libertad, el patrimonio, etc., de las personas es la autorización previa.
Alberto Fernández debe ir a fondo con su decisión de eliminar el sistema jubilatorio de privilegio de que gozan los jueces. Por dos motivos. Primero porque es difícil imaginar que pueda impugnar otras injusticias si primero no va por ésta. Siendo que cualquier definición gubernamental puede acabar en tribunales, desjerarquizarlos sería una señal hacia todos los desiguales: que sepan que no hay más margen para reacciones corporativas. Y segundo debido a que, simbólicamente, no hay cómo presentar en sociedad, una a la que se le pide la paciencia que demanda la bomba a punto de estallar que dejó el macrismo mientras se la desactiva, que gente a la que le va mucho mejor que a casi todos saldría de ésta intacta. Es la épica que va a parir al nuevo gobierno.
El consenso social ya existe, hace rato que están sobre la mesa las prebendas excesivas de los magistrados. De yapa, esto servirá para poner en evidencia a la mayoría de la nueva oposición. En diciembre último, apenas asumido Alberto, chicanearon con el tema para entorpecer la sanción de la ley de Emergencia, Solidaridad y Reactivación, que no lo incluía. Y ahora que sí se tratará, planean teñir de nuevo el clima de grieta antichavista, por el peligro para la república y sarasa.
En realidad, estamos frente a la reedición de la alianza que ya golpeó a CFK desde 2012 (hasta hoy) entre lo que después sería Cambiemos y los sectores más retrógrados del poder judicial, una vez más buscando bloquear a un gobierno peronista, y que es en definitiva otro capítulo más del Lawfare que embate contra proyectos populares en toda América Latina.
Hace bien el Presidente en siempre agotar todos los esfuerzos antes del conflicto. Pero pronto, parece, comprobaremos que no hay la misma voluntad del otro lado. En tal caso, al menos le quedarán pruebas de que él quiso ir por las buenas cuando llegue la hora del decisionismo.
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