El fiscal Di Lello busca para determinar si el oficialismo recluta a trabajadores estatales para realizar actividades proselitistas.
Juan Amorín
23 de agosto de 2019
amorin@cenital.com @juan_amorin
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello inició este viernes una causa preliminar para investigar la utilización de empleados públicos para actividades vinculadas a la campaña de la fuerza oficialista "Juntos por el Cambio" en dependencias nacionales, provinciales, municipales y organismos descentralizados del Estado.
En base a la investigación publicada por Cenital este miércoles, el fiscal decidió convocar a declaración testimonial para el próximo 29 de agosto a los delegados de ATE Eduardo Nasif y Santiago Fernández Galeano, quienes habían presentado una nota dirigida a Federico Ballán, a cargo de la Subsecretaría de Vías Peatonales de la Ciudad, uno de los tantos organismos públicos denunciados por obligar a sus empleados a participar de timbreos, ir al call center de campaña de Juntos por el Cambio, volantear, fiscalizar para ese frente y hasta asistir a los actos de Mauricio Macri.
"Manifestamos nuestro total repudio a los aprietes que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras en diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos donde antes y después de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado domingo 11 de agosto, instigaron no sólo presionando por el voto por el oficialismo, si no que pidieron 'compromiso' para poner mesas partidarias los días sábados, ir a los actos políticos, concurrir al call-center, timbrear y fiscalizar el día de las elecciones y que de no ganar los comicios, no se garantizaba su continuidad laboral", expresaron desde ATE Consejo Directivo Capital Federal mediante un comunicado. Y advirtieron que también se manifestaron las presiones "interrogando a quiénes habían votado en las PASO y por qué, además de nuevamente poner en el plano de la incertidumbre los puestos de trabajo", según consigna la nota dirigida a las autoridades oficiales.
Además, el fiscal incluyó el artículo de Cenital en el que se detallan las prácticas y los diferentes organismos estatales donde se vulneran los derechos laborales de los trabajadores, así como también las declaraciones de distintos empleados públicos a la emisora Futurock.
En los últimos días, los casos se multiplicaron y se extendieron por todo el país: trabajadores de ministerios, municipios, organismos descentralizados, y hasta de atención ciudadana como hospitales y centros de salud, relatan que en la previa a las elecciones primarias fueron obligados a realizar todo tipo de tareas, algunos bajo amenaza de despido por la "no renovación" de sus contratos laborales.
Frente a estos abusos, los empleados del Estado comenzaron a organizarse y crearon la página web No es mi trabajo, donde recaban testimonios en forma anónima de las dependencias del Gobierno en las que están obligando a hacer tareas militantes y también detallan las leyes que los protegen para poder negarse y no sufrir consecuencias.
Allí se están acumulando decenas de denuncias contra el gobierno nacional, de la Ciudad, de la Provincia, organismos descentralizados e incluso de proveedores del Estado.
De confirmarse las denuncias realizadas por los trabajadores estatales de todo el país, el oficialismo podría verse en problemas: la ley establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política, así como también está prohibido utilizar personal, bienes o recursos del Gobierno con fines particulares.
De cara a las elecciones generales, la metodología no cambió, aunque sí el responsable de llevarla a cabo. El ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich tomó la posta y a través de Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos, ya comenzó a ordenar el reclutamiento de fiscales a través del Estado: "Hola a todos. Confirmaron que el Ministerio de Transporte será responsable de la fiscalización en todo el país para las elecciones del 27 de octubre. La idea es armar una mega logística movilizando entre 100.000 y 200.000 personas en todo el país para cubrir cada una de las 100.000 mesas. Se va a incorporar gente de otros lugares del gobierno y del sector privado. Desde el Ministerio de Transporte se apuntaría a conseguir 10.000 personas. Aquellos que se quieran sumar serán bienvenidos, los que tengan amigos y familiares fuera dentro y fuera de la Ciudad de Buenos Aires que quieran ayudar también serán bienvenidos. Por último, todos los que tengan ideas, sugerencias de buenas prácticas, etc. será importantes recibirlas. En unos días pasaremos un un link donde se puedan anotar para fiscalizar en el lugar del país donde se encuentren", envió Orfila a la segunda línea de Trenes para que ellos a su vez bajen el mensaje y confirmen la cantidad de empleados reclutados para Juntos por el Cambio.
Publicado en:
https://www.cenital.com/2019/08/23/abren-una-causa-para-investigar-si-juntos-por-el-cambio-obliga-a-empleados-publicos-a-participar-de-su-campa%C3%B1a/64083
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