El FpV-PJ rechazó el desplazamiento de Godoy de la Magistratura
El bloque de diputados y el titular del PJ denunciaron una “maniobra política” del Gobierno que busca “hegemonizar la Justicia”. Los senadores se pronunciarán la semana próxima. El senador apeló el fallo del juez Lavié Pico.
Por Felipe Yapur
El intento de desplazamiento del Consejo de la Magistratura, vía fallo judicial, del senador, Ruperto Godoy, unificó a los diferentes sectores que conforman el Frente para la Victoria en el Congreso. Ayer, luego de que el legislador apelara el fallo en su contra, los diputados denunciaron “la maniobra política” con la que el gobierno busca “hegemonizar la justicia” e inscribieron el caso Godoy dentro del sombrío panorama de “inseguridad jurídica” que está provocando la presidencia de Mauricio Macri.
Durante la mañana de ayer Godoy apeló el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que declaró inconstitucional el artículo cinco de la ley 26.855 que quitó la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo. Ese fue el argumento por el que ordenó el cese de Godoy en dicho instituto. El escrito presentado por el senador sanjuanino apela la decisión judicial y solicitó un “efecto suspensivo”. El legislador entiende que el fallo encubre una clara maniobra del oficialismo con la que la próxima semana buscará aprobar el jury contra el camarista federal, Eduardo Freiler, y que el voto de Godoy complica esa estrategia. A partir de este hecho el peronismo se movilizó a favor del legislador.
Por caso, el presidente del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde, aseguró ayer, rodeado de un grupo de legisladores de su bancada, que el gobierno utiliza el caso Freiler para “controlar la justicia”. Es más, enmarcó el fallo contra Godoy en un lista de 21 hechos que dan cuenta de cómo el gobierno nacional “avanza contra las instituciones y profundiza la inseguridad jurídica”. En ese listado los kirchneristas suman la irregular incoporación de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal; la designación por decreto simple de los jueces de la Corte Suprema; la transferencia de las escuchas por Decreto de Necesidad y Urgencia desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema; el endeudamiento que lleva adelante el Poder Ejecutivo que puso como garantía los recursos naturales de la Argentina; la prórroga del blanqueo y la ampliación, vía decreto, del alcance para familiares de los funcionarios a pesar de que la ley lo prohibía de manera expresa; el intento del gobierno a través de la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia de direccionar la causa por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que involucran al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y la empresa IECSA que pertenecía al primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra; y la designación “irregular” del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura, entre otros.
Para el diputado Rodolfo Tailhade, el ejecutor de la operación contra Godoy es de Tonelli. “Junto a medios de comunicación y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, defensores de la dictadura, están llevando adelante esta operación con el único objetivo de cargarse al juez Freiler”, aseguró y recordó que el curul de Tonelli le fue arrebatado al FPV gracias al respaldo de otros miembros del Consejo.
El legislador indicó que el oficialismo pergeñó la maniobra cuando se quedó sin el respaldo del consejero Daniel Candis, a quien sindicaron como “el noveno voto” que necesita el PRO para poder desplazar a Freiler. Entonces apareció Lavié Pico, quien tiene en su juzgado dos causas, la de Godoy pero también la que existe contra Tonelli por su ingreso “irregular” al Consejo. “Sin embargo, el juez cuyo padre fue camarista en la dictadura, falló solo en el caso Godoy para poder avanzar en el caso Freiler”, dijo Tailhade.
A su turno, al diputada Diana Conti aportó un dato interesante en el devenir de la decisión que la semana próxima debe tomar el Consejo en el caso Freiler. La legisladora dijo que ya recibió la convocatoria para que el próximo jueves al mediodía jure como integrante del tribunal que debe entender en los jury que defina el Consejo. Puede ser una coincidencia pero ese mismo día el Consejo debe resolver el futuro de Freiler.
Mientras se espera la respuesta a la apelación de Godoy, en el Senado sus compañeros de bloque insisten en que se presente el lunes a la reunión de la comisión de Acusación y Disciplina que, con la presidencia de Tonelli, buscará emitir el dictamen que aconseja el jury contra Freiler. Ayer, colaboradores del propio Tonelli dejaron trascender que el oficialismo no impedirá que Godoy participe en las reuniones del Consejo mientras no haya sentencia firme contra el senador.
El Partido Justicialista también se solidarizó con Godoy. El presidente del partido, el diputado José Luis Gioja, aseguró que el fallo de Lavié Pico “es funcional a los intereses del gobierno” y que sin Godoy en el Consejo “el oficialismo hace y deshace a su arbitrio, y puede, entre otras cosas, tener los votos necesarios para expulsar a cualquier funcionario de la justicia sin oposición”. Los senadores del FpV-PJ se pronunciarán la semana próxima.
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