Ayer se realizó un microfonazo frente al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para visibilizar la situación que atraviesa el sector comunitario al cumplirse 500 días de la sanción del decreto de necesidad y urgencia Nº 267, con el cual el gobierno de Cambiemos derogó una decena de artículos de la ley 26522 que regulaban la concentración y multiplicidad de licencias.
El reclamo se transmitió a través de una cadena nacional que conformaron las redes FARCO, AMARC y RNMA entre otros medios comunitarios, y durante el tiempo que duró la emisión se pudieron escuchar los diferentes tipos de problemas que atraviesa el sector: la dependencia del poder ejecutivo por parte del ENACOM – que tiene la tarea de administrar el espacio radioeléctrico-, la falta de pagos de concursos ganados por medios comunitarios (FOMECAS) y la falta de llamado a nuevos, la judicialización de comunicadores populares, el decomiso de equipos y el rechazo de licencias concursadas sin argumentos.
El AHOGO ECONÓMICO
Entre los oradores, se pudo escuchar el ejemplo que brindó Patricio Enciso de la Cooperativa de Trabajado para la Comunicación Social – que gestiona FM En Tránsito y Revista Güarnin- del Oeste de la Provincia de Buenos Aires: “Morón es uno de los pocos municipios de la provincia que tiene ordenanza de publicidad oficial, pelea que se ganó por el trabajo de muchas organizaciones. Desde que asumió Ramiro Tagliaferro la ordenanza 13 994 no se cumple en varios artículos, en particular el 22, que es el que destina el 4% para los medios cuyos editores o propietarios sean organizaciones sin fines de lucro -que no sólo es nuestro caso sino también el de FM Fribuay de Haedo-“.
“Para 2016 había específicamente en el Municipio de Morón unos 7 millones de pesos, el 4% de ese monto eran casi unos 300 mil pesos, que no se ejecutaron, y en 2017 hay unos 21 millones de pesos destinados a pauta oficial, el 4% serían unos 850 mil pesos, y no hay noticias de ese monto”, agregó.
Al ser consultado sobre el destino del dinero que percibía la cooperativa afirmó: “si lo hubiéramos recibido, con los tarifazos que hubo sólo alcanzaba a pagar los servicios e impuestos. Nada más”.
Esta situación de ahogo económico también afecto no sólo la Revista Güarnin que tuvo que bajar la calidad de impresión debido a los altos costos que le significaban sino también que obligó a otras radios como FM La Cultural 94.3 de Paran o la misma FM Fribuay a tener que apagar los transmisores y solo emitir por internet.
LA REPRESIÓN COMO MEDIO
También se pudo escuchar a lxs representantes de Manifiesta, Anred y Antena Negra TV que relataron la represión que sufrieron como respuesta a la acción de informar y comunicar.
En el caso de Manifiesta – Violeta fotógrafa del colectivo- fue arrestada en una razzia, que se realizó dos horas más tarde del final del acto central del Paro de Mujeres del 8 de marzo por personal de civil y agentes sin identificar; Anred afronta por estos días un juicio contra 3 ex policías metropolitanos -fuerza que absorbió la Policía de la Ciudad- que reprimieron con balas de plomo en la Sala Alberdi en marzo de 2013; en tanto que Antena Negra TV sufrió en 2016 la irrupción de la Policía Federal, que destrozó los estudios y decomisó equipos, bajo el argumento de interferir con la señal PROSEGUR (que transmitía en señal de un canal de aire).
A partir de la sanción de la ley 26522 no se podía considerar ilegal a un medio comunitario, por lo cual no debía iniciarse un proceso penal contra él sino un proceso administrativo, sin embargo, hoy Antena Negra cuenta con dos de sus integrantes judicializados que pueden terminar presos por comunicar.
Esta situación se repitió hace unas semanas, cuando dos radios comunitarias pertenecientes a la Red Ucaya -de la Matanza- fueron decomisadas y uno de los responsables fue detenido por la policía a instancia de la aplicación del DNU 267.
ACALLAR LAS VOCES, NORMALIZAR LA PLURALIDAD
El marco general muestra claramente una asfixia del sector comunitario con la sanción de leyes que permiten el decomiso de equipos y judicialización de sus trabajadores de prensa a la vez que evita o dilata tener que pagar el dinero que le corresponden a los medios comunitarios por ley.
Si se toma en cuenta la situación que travesó el INCAA hace casi un mes, es claro que esta medida no sólo afecta a un sector en particular sino que el proyecto que impulsa el gobierno de Cambiemos se inscribe en el marco de un ataque directo a los actores que promueven la cultura, el empleo, la producción nacional e independiente, la diversidad y la pluralidad.
Los medios comunitarios y de pueblos originarios, la música nacional independiente, el cine y el teatro tienen su amparo tanto económico como jurídico en la ley 26522, sancionada por el Congreso en 2009 por amplia mayoría; hoy a 500 días de la sanción de un decreto que busca cercenar un derecho de todxs, como lo es el de la comunicación, el gobierno solo sigue ofreciendo la razón de la fuerza como diálogo y los medios hegemónicos como tanques mediáticos que buscan homogeneizar un sentido común del pueblo argentino.
EEE
Publicado en:
http://revistappv.com.ar/2017/05/12/3826/
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