El fiscal Di Lello pidió que se investigue al Presidente por la venta de MacAir a Avianca
El fiscal cree que la venta de la aerolínea de la familia presidencial pudo ser “simulada”, ya que continúan las mismas autoridades. También cuestionó la contratación por parte del Ejecutivo de vuelos privados durante 2016.
Por Irina Hauser
En un dictamen que exhibe una red de relaciones entre quienes manejan la compañía aérea Avian y el Gobierno, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó y pidió que se investigue a Mauricio Macri, a su padre Franco Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, otros funcionarios y a ejecutivos de la empresa. Su presentación plantea que Avian, podría ser una nueva fachada de MacAir Jet, la empresa de vuelos ejecutivos del Grupo Macri, a la que se supone que compró; que la firma consiguió que le adjudicaran las 26 rutas aéreas que pidió, que hasta ahora operaba Aerolíneas Argentina; que también obtuvo 69 rutas Fly Bondi, que tendría entre sus socios a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial; que resulta dudosa la contratación por parte del Poder Ejecutivo en 2016 de vuelos privados por unos 23 millones de pesos en lugar de la flota presidencial o de contratar Aerolíneas o Austral, como indican las normas; y que hubo una flexibilización de las exigencias de un procedimiento de aprobación para vuelos no regulares. Di Lello advierte que lo que se debe investigar son presuntas maniobras para favorecer un “negocio familiar” de los Macri.
Di Lello le pidió al juez Sergio Torres que, con esos ejes, se investiguen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y defraudación contra la administración pública. Además del Presidente, su padre y el titular de Transporte, pide poner la lupa sobre el secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis, al titular de la Administración de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin, al director de Transporte Aéreo Hernán Gómez y al director de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas, antes gerente de MacAir. La ANAC fue la responsable de la aprobación de la adjudicación de las rutas requeridas por Avian y Fly Bondi para que empezaran a brindar el servicio de vuelos “low cost” (de bajo costo”). Cobas tendría otras empresas aéreas (Patagonia Flight y AJS Jet) compartidas con Diego Colunga, hijo de Carlos Colunga, CEO de Avian, que viene ya de MacAir.
La denuncia que dio origen a esta causa penal fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. Di Lello cita párrafos y les da crédito como para impulsar una investigación. Hace hincapié en las siguientes (posibles) irregularidades:
El punto de partida, señala Di Lello, es la venta de la empresa aérea MacAir Jet, dedicada a vuelos ejecutivos del grupo Socma, de los Macri. El fiscal dice que no está claro si su venta a la colombiana Avianca (que en Argentina toma el nombre Avian) fue “simulada”. En las negociaciones habrían intervenido Colunga, Germán Efremovich (titular de Avianca) y Dietrich. En noviembre hubo un anuncio de cambio de autoridades, pero existe una “continuidad de los accionistas argentinos”, empezando por Carlos Colunga mismo, que se mantiene como CEO y quien según los denunciantes es “la persona de confianza de la familia Macri para manejar su empresa aeronáutica” y un hombre “influyente en las decisiones en materia de política aérea. Los denunciantes y el fiscal dicen que no se conocen los montos pagados y la forma en que se hizo la venta de MacAir. También llaman la atención sobre el hecho de que Avianca desembarca en el país, cuando su principal competidora, Sol, líneas aérea, termina quebrando a raíz de que se cancela sorpresivamente su acuerdo de cooperación con Aerolíneas Argentinas.
La utilización de aviones privados para viajes presidenciales y de funcionarios públicos también será parte de la pesquisa. Los diputados denunciantes pidieron, en función de la ley de acceso a la información, datos acerca del estado de la flota presidencial y las razones por las que se la dejó de usar el año pasado. Recibieron, según sostienen, información incompleta, mientras en algunos medios se publicaban informes sobre el supuesto mal estado de los aviones. El gasto en jets privados que consignan es de al menos 23 millones de pesos. Se obvió, además, la aplicación del decreto 1191/12 que obliga al Estado a contratar con Aerolíneas y Austral los pasajes para traslado de funcionarios; lo mismo sucedió respecto de su operadora de turismo, Optar, en lugar de la cual se contrató los servicios de Management Travel, de Salvador Muzzupappa, quien prestó servicio al gobierno porteño cuando Macri estaba al frente. Luego, cuando se lanzó la licitación de la flota oficial, la única empresa en condiciones de competir habría sido Unicos Air, de Diego Martín Colunga, quien –dice el dictamen– compartiría con el funcionario Carlos Cobas las empresas Patagonia Flight y AJS Jet SA.
Entre las decisiones oficiales que se habrían tomado en beneficio de Avian y otras empresas de aviación privada, Di Lello pide investigar por qué y cómo fue que el titular de la Administración de Aviación Civil, Irigoin, dejó sin efecto la regulación que exceptuaba de un procedimiento de aprobación de vuelos a las aeronaves que prestaran servicios no regulares que tuvieran una capacidad menor a 10 pasajeros para extender esa excepción a aviones para 19 pasajeros. Es decir, más aviones fuera de los controles. Irigoin, advierte el dictamen, es hermano de Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma y CEO del Correo Argentino. La otra medida a favor de Avian es la entrega, que se produjo el 13 de febrero último, por decisión de la ANAC del cien por ciento de las rutas aéreas que solicitó y otras tantas para Fly Bondi, que operaba Aerolíneas.
Di Lello pidió como medidas numerosos testimonios, entre ellos el de la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini y su sucesor, Mario Dell’Acqua, al jefe de mantenimiento de la flota presidencial, al ex titular de Sol, entre otros. Y, además, sugiere informes sobre la composición societaria de MacAir, Patagonia, Unicos Air y Fly Bondi; que la Procuraduría antilavado (Procelac) analice las operaciones de pago del contrato entre Avian y MacAir; que se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; y que la Agrupación aérea presidencial realice un informe sobre el estado de los aviones. Ahora debe decidir el juez Torres.
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