Realizarán la semana que viene una "acción conjunta" ante la falta de respuesta del Ejecutivo bonaerense. Los maestros ya adelantaron un paro de 24 horas, tras el nuevo fracaso de la negociación.
Por Maximiliano Pérez
La semana de protestas gremiales también tuvo su impacto en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de María Eugenia Vidal enfrenta un creciente grado de conflictividad con por lo menos tres de los sectores que conforman el universo de los trabajadores bonaerenses: los docentes, los judiciales y los médicos del sistema público de salud.
En ese escenario, este jueves se reunieron Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia, Fernando Corsiglia, presidente de la Cicop, y Pablo Abramovich, titular de la Asociación de Judiciales, para comenzar a delinear un "plan de acción conjunta", al que además podrían sumarse los seis gremios docentes tras el rechazo a la última oferta salarial del gobierno.
Hasta el momento, la fragmentación del reclamo sindical le permitió a la administración provincial sortear cinco paros de los profesionales de la salud nucleados en la Cicop, que paralizaron los 80 hospitales públicos de la provincia, y las 48 horas de paro de la Asociación de Trabajadores Judiciales que coincidieron con las dos primeras jornadas de protesta docente, además de las acciones parciales encabezadas por ATE en la áreas de la administración en las que el personal está regulado por la Ley 10.430.
A eso se suman dos traspiés judiciales en el fuero contencioso administrativo, también conocidos esta semana: primero la ratificación, por parte de la jueza María Ventura Martínez, de una medida cautelar que determinó que el gobierno deberá reintegrar los días de paro descontados el año pasado al sector docente, incluyendo en este caso una multa personal de $1.000 diarios al ministro de Educación, Alejandro Finochiaro, hasta que la medida se haga efectiva, y luego una resolución del juez Luis Arias que lo obligó a dar marcha atrás con la conciliación obligatoria dictara para los maestros e indica que deberá abstenerse de aplicar medidas que obstaculicen el derecho a huelga.
"Hay una decisión política de que perdamos poder adquisitivo, en algunos casos tratan de forzarlo en la paritaria como hicieron con la 10430 y donde no lo pueden cerrar en la paritaria lo están haciendo a cualquier precio como con el gremio de la salud", disparó De Isasi minutos antes de ingresar por primera vez a la paritaria docente, también tras una autorización judicial, a pesar de que los maestros afiliados a ATE son una franca minoría.
La “acción unificada” que proponen los gremios más combativos no está definida, pero la decisión de los docentes de convocar a un nuevo paro para el lunes podría traccionar al resto y paralizar la provincia en materia de salud, justicia, educación y por lo menos la mitad del resto de los servicios que dependen del ejecutivo.
Desde el oficialismo vienen minimizando el acatamiento a las diferentes medidas de fuerza, pero en los pasillos de gobernación admiten que un reclamo unificado complicaría “seriamente” los objetivos del gobierno en materia de gasto salarial proyectados para este año.
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