El edificio de los tribunales de Comodoro Py en plena feria judicial es casi un páramo, frío y con eco. Más aún a las ocho de la mañana. Si no fuera porque ya le había llegado un rumor, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien estaba de turno, hubiera pensando que la voz en el teléfono le estaba haciendo una ingeniosa cargada: “Tenemos una secretaria detenida su disposición”, le dijo un policía que lo llamaba desde el destacamento, en la planta baja. Y era cierto. María Amelia Expucci, secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal, acababa de ser detenida por la decisión intempestiva del juez de ese tribunal, Juan Carlos Gemignani, quien dio la orden de arrestarla a dos policías de la custodia. Al rato, la denunció por negarse a hacer un inventario del contenido de una caja que estaba en una sala que pretendía usar para una videoconferencia. Ella exigía una orden por escrito, por no ser un tema excepcional como los que se tratan durante la feria. Terminó una hora y media encerrada e incomunicada. Martínez de Giorgi dispuso liberarla enseguida, pese a que Gemignani defendía la increíble detención a capa y espada. Expucci, a su vez, lo denunció por privación ilegítima de la libertad y dio su testimonio ante Daniel Rafecas, a cargo de esa causa.
Martínez de Giorgi notificó al fiscal Juan Pedro Zoni y es probable que proponga desestimar la denuncia de Gemignani. Lo lógico es que incluso pida una investigación penal. De todos modos, desde ayer mismo lo investiga Rafecas, con la fiscal Paloma Ochoa. La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) anunció que denunciará al camarista en el Consejo de la Magistratura y lo acusó de “abuso de autoridad”. El gremio describió el episodio como algo tan “grave” como “disparatado”. Expucci está afiliada al sindicato y es conocida por sus estudios sobre género y violencia contra las mujeres.
La situación, tan fuera de todos los cánones, agitó los despachos federales que trabajan en vacaciones y conmocionó al mundillo judicial en general, donde la frase más repetida del día fue: “nunca vi algo así en mi carrera” o “en democracia”. La única detención recordada de algún secretario era la de Javier de Gama, del juzgado del destituido Juan José Galeano, imputado por falso testimonio en medio del juicio por atentado a la AMIA. La escena de ayer a la mañana es la de una joven funcionaria judicial, que va a cumplir sus tareas de secretaria de una sala durante la feria, para atender cuestiones urgentes como pedidos de excarcelación, y el presidente ocasional le pide una tarea administrativa que no tiene relación con ningún expediente. La mujer le dice que no corresponde, que lo acuerde con la encargada administrativa, o que lo arregle por escrito con del juez a quien ella reporta, Eduardo Riggi. Gemignani, encolerizado, le dice que no se puede negar. “A partir de este momento va a quedar detenida”, le grita. Y llama a los dos policías de turno, mientras la mujer intenta defenderse. El juez les dice a los uniformados que es un caso de “flagrancia de desobediencia” y la aíslan en el destacamento policial, le quitan el celular, hasta que Gemignani hace una denuncia penal.
El camarista entró al juzgado de Martínez de Giorgi despotricando contra los trabajadores judiciales, a quienes atribuye el desprestigio de de “la justicia”. Ahí declaró y denunció supuesta desobediencia e incumplimiento de deberes de la secretaria, sin moverse ni un milímetro de su decisión de detenerla. Dijo que él quería usar una sala de audiencias del tribunal para una videoconferencia con un tribunal provincial, pero que allí había una caja con un material del que debía quedar constancia en un acta, porque eran elementos extraños a la Cámara. Martínez de Giorgi dispuso liberar a Expucci. Cuando le dio la noticia la mujer todavía temblaba, estaba quebrada. Al denunciar y declarar en el juzgado de Rafecas, seguía conmocionada, relató entre llantos el episodio, mientras llegaban su marido, compañeros del gremio y amigos a darle apoyo.
Hacia el mediodía llegó el presidente de la Casación, Alejandro Slokar, quien interrumpió su descanso en el campo y convocó una reunión de emergencia a la que asistieron el propio Gemignani, Riggi, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa. Entre reproches de alto voltaje, quedó claro que el contenido de la caja que el juez quería inventariar era un viejo foco de conflicto suyo con Figueroa: había un monitor y una serie de elementos para montar una instalación para videoconferencias en la Cámara de Casación, que había dispuesto enviar al tribunal el Ministerio de Planificación Federal cuando todavía Figueroa era presidenta la Cámara y el titular de la cartera era Julio De Vido. El tribunal había debatido sobre la pertinencia de recibir ese material, que llegó este año. En el encuentro reservado de ayer, también quedó en evidencia que Gemignani le había anticipado a Slokar que quería volver sobre esa discusión y labrar un acta, pero habrían acordado postergarlo.
Gemignani, de origen radical, arrastra una pelea feroz con Figueroa sobre la causa donde se discutió la validez constitucional de Memorándum de Entendimiento con Irán. El juez quería precipitar la declaración de inconstitucionalidad en un voto que incluso decía que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había traicionado a la patria. Figueroa discrepaba y veía una maniobra política. La disputa judicial dilató todo hasta que desembarcó el gobierno de Mauricio Macri, que directamente desistió del recurso en Casación que había presentado la gestión anterior y quedó firme la inconstitucionalidad.
Slokar, con aval de sus colegas, reasumió la presidencia ayer, pero Gemignani se negaba a entregársela. “No, me quedo hasta la semana que viene”, repetía. Y se mostraba convencido de haber mandado a detener a la secretaria. Un escándalo judicial del que difícilmente salga indemne.
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