Por Diego Rubinzal
El ajustado triunfo electoral de Dilma Rousseff en 2015 presagiaba un segundo mandato conflictivo. A su vez, el nombramiento del ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda generó fuertes resistencias internas en el Partido de los Trabajadores (PT). La política de “austeridad” impulsada por el ex banquero fue defendida enfáticamente por Lula. El líder del PT argumentaba que esa estrategia había dado buenos resultados en el tramo inicial de su primer gobierno. Sin embargo, la situación internacional era completamente diferente. El escenario actual estaba caracterizado por la finalización del boom de los commodities y la debilidad de la demanda mundial.
En ese contexto, el denominado “ajuste expansivo” profundizó los problemas. La desaceleración económica se transformó en una fuerte caída del PIB. La experiencia brasileña, como la de otros países, arroja varias lecciones al progresismo latinoamericano. El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, resumió esas enseñanzas en su reciente conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales.
“Algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque revolucionario, potenciando al bloque conservador. Ciertamente que un gobierno debe gobernar para todos, es la clave del Estado…pero gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que por satisfacer a todos debiliten tu base social que te dio vida, que te da sustento y que te son al fin y al cabo los únicos que saldrán a las calles cuando las cosas se ponen difíciles… no puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado a lo popular. Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, o que va a neutralizarla, cometió un error, porque la derecha nunca es leal”, sostuvo García Linera.
El caso brasileño se ajusta a las definiciones del intelectual boliviano. El ajuste económico intentó moderar las presiones de los sectores de poder (mercados financieros, medios de comunicación) para: 1) revertir la caída en los índices de aprobación gubernamental y 2) incrementar los niveles de adhesión entre los sectores medios que votaron al candidato opositor.
Lo concreto fue que las políticas de ajuste terminaron erosionando el apoyo de las mayorías populares. Desplazada Dilma, la incógnita era que política económica impulsaría la dupla Temer (Presidente interino) - Meirelles (ministro de Hacienda). El economista Eduardo Crespo planteaba que “el PMDB de donde proviene Temer, no es una agrupación de tecnócratas adoctrinados por la ortodoxia macroeconómica…es un partido conservador moderado, con una fuerte base territorial, con numerosos gobernadores, senadores, diputados y concejales obsesionados por perpetuarse en sus cargos. Es el partido del orden, no del caos neoliberal de consecuencias imprevisibles…no es improbable que busquen estabilizar el cuadro institucional con una política macroeconómica más razonable y prudente que la impulsada por el PT desde el 2015”. Lo cierto es que el flamante elenco gobernante impulsa un clásico paquete de ajuste fiscal: recorte del gasto público, eliminación de subsidios, reducción del volumen de préstamos otorgados por el Bndes.
En esa línea, el Presidente interino propuso una enmienda constitucional para limitar el crecimiento del gasto público por hasta 20 años. La iniciativa, remitida al Congreso, restringe el crecimiento anual del gasto público a la tasa de inflación del año previo. Así, el gobierno se vería impedido de aumentar el gasto público real incluso ante el crecimiento de la demanda de servicios y/o de infraestructura económica-social.
Los economistas Pedro Paulo Zahluth Bastos y Guilherme Santos Mello explican en Brasil: La regla fiscal Temer–Meirelles que ese plan “decretará la austeridad permanente para el gasto social y la inversión pública. La seguridad social, por ejemplo, no podrá recibir nuevos jubilados sin recortar el gasto en otras áreas. La inversión en infraestructura no podría aumentar sin reducir los salarios reales de los empleados. El aumento del gasto en salud (esperado con una población que está envejeciendo) provocará una reducción de los gastos en educación”.
Los que no tienen de que preocuparse son los rentistas. El ajuste no los alcanza porque la rígida regla fiscal es solamente aplicable al gasto primario (que excluye el pago de los intereses de la deuda). “Si no existieran trucos contables y fuera implementado antes de la recuperación firme de la economía, el programa de recortes previsto en el ajuste fiscal propuesto va a mantener a la economía en la lona y reducirá todavía más la recaudación tributaria. Si, por el contrario, fuera realizado después de la recuperación, no es baja la probabilidad de que, dada la magnitud de los recortes previstos, pongan de nuevo a la economía en la lona”, concluyen Zahluth Bastos y Santos Mello.
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@diegorubinzal
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