El último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo signado por la escasez de dólares como limitante de la actividad económica. Esa restricción externa, tal como la denominan en la jerga técnica los economistas, era la expresión de problemas como la fuga del excedente al dólar, el déficit energético e industrial o la importación de pautas de consumo, que trababan el proceso de ampliación de la producción y el mercado interno. Ante esa situación, se implementaron medidas que generaron disgusto en sectores medios y empresariales como las restricciones a la compra de dólares o la demora administrativa de las importaciones. El consecuente desgaste social fue derivando en un desmembramiento del armado político y finalmente, en la derrota del FpV en las últimas elecciones.
En plena campaña, Mauricio Macri prometió resolver tan compleja problemática mediante una profecía bíblica: “Cuando sea presidente, van a llover dólares”. En la visión del Presidente y sus asesores económicos, la falta de dólares era el resultado de la poca confianza que generaba CFK entre el empresariado local e internacional. Su simple reemplazo por un presidente confiable para los mercados, generaría un ingreso de divisas que permitiría relanzar la actividad económica.
Tras el triunfo electoral, la agenda económica del nuevo gobierno se volcó de lleno a generar las condiciones meteorológicas para el diluvio. Era necesario mostrar con claridad a propios y extraños que el populismo había llegado a su fin, y que un gobierno de signo opuesto había asumido. Por eso, pese a lo ajustado del triunfo electoral, se decidió dejar de lado el gradualismo y se optó por la doctrina del shock, aún al costo de ensanchar la grieta y posponer la unión de los argentinos.
El veloz levantamiento del “cepo” con la consiguiente devaluación del peso, el acuerdo apresurado con los fondos buitre, la suba abrupta de las tarifas, la reducción de retenciones a exportaciones primarias, los despidos de trabajadores y el alineamiento internacional con Estados Unidos, conformaron la batería de medidas destinada a generar un shock de confianza en el mundo de los negocios. El obligado costo político de esas políticas sería parcialmente descargado en la gestión anterior mediante el artilugio de “la herencia”, y una vez que comenzada la bonanza económica, el apoyo social se recompondría fácilmente.
Sin embargo, ya entrado el segundo semestre, el ingreso de dólares del sector privado continúa sin aparecer, más allá de la liquidación de la cosecha de soja y de parte de los stocks acumulados en los años anteriores. Por eso, la estabilización del mercado de cambio se logró mediante el endeudamiento público externo que se incrementó en una tercera parte desde la asunción de la nueva gestión. En ese proceso, la Nación colaboró con 24.090 millones de dólares –donde casi la mitad fueron directo a la mano de buitres y acreedores externos– y las provincias con 4650 millones de dólares.
¿Cuánto más se puede endeudar al Estado? La buena herencia del bajo endeudamiento todavía da bastante aire a esa política. Sin embargo, el contexto internacional no ayuda a conseguir buenas tasas y algunas calificadoras ya hablan de “indigestión” de bonos argentinos en los mercados. Tampoco ayuda la duplicación de las tasas de inflación generada por el shock cambiario y tarifario, que también ahuyenta de la bicicleta financiera a los capitales especulativos privados, por temor a que nuevos “sinceramientos” en el valor del dólar, los agarren pedaleando en la plaza local.
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