El gobierno porteño volvió a apelar el fallo que lo obliga a demoler el muro de Clarín
El Grupo Clarín, el gran beneficiado con el DNU que anula los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene un nuevo motivo para festejar: gracias a otro recurso del Gobierno de la Ciudad seguirá siendo el ''dueño de una cuadra de la calle Ascasubi, en Barracas, donde construyó un muro que impide la libre circulación de los vecinos.
Por Pablo Kuperszmit
Aunque se conoció hoy, la presentación de la Ciudad fue el 18 de octubre pasado, cuatro días antes del balotaje y mientras corría el plazo de diez días otorgado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que el muro fuera demolido.
Con la firma del abogado Ricardo Scordo, el escrito de la Procuración General no intenta siquiera probar la legalidad del muro, sino que recurre a presuntas formalidades procesales para solicitar la ''inconstitucionalidad'' de la causa.
Es la segunda vez que la Ciudad apela un fallo judicial que ordena derribar el muro de cuatro metros de altura que cierra la calle Asacasubi entre Luna y Magaldi, donde el diario Clarín tiene su planta de impresión.
El 6 de abril pasado, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Lidia Lago, había declarado la ilegalidad del muro y le había dado un plazo de diez días hábiles al Gobierno porteño para que lo demoliera.
''Las calles son bienes de dominio público del Estado, sobre el que recae la obligación de mantenerlas en buen estado (….) y en condiciones de ser utilizadas regularmente'', sostuvo Lago en su resolución.
Pero la Ciudad apeló el fallo con el argumento de que los denunciantes no demostraron ''su condición de afectados actuales o potenciales'' porque ''no alegan, ni menos aún demuestran, que la existencia de dicho muro les produzca un perjuicio personal, concreto y directo''.
La denuncia había sido presentada por los legisladores Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Juan Cabandié, junto a Luis Otazo, un vecino que hace 40 años vive en la villa 21-24, contigua a la calle Ascusubi.
Según el Gobierno porteño, no tienen derecho a presentar la denunciar tres legisladores con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y tampoco un vecino que se ve impedido de transitar por una de las calles de su propio barrio.
Tan poco sustento tuvo la apelación, que el 8 de octubre la Salta II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario la declaró “desierta”, algo así como considerarla inexistente.
El fallo se fundó en que la Procuración no aportó una sola prueba en contra de la cuestión de fondo: la ilegalidad del muro. Y entonces impuso un nuevo plazo de diez días hábiles a la Ciudad para que lo derrumbara.
El 18 de octubre, el gobierno porteño volvió a la carga. A través de Scordo, presentó un ''recurso de inconstitucionalidad'' para impedir la demolición del muro y que la calle Ascasubi siga en poder de Clarín, que la usa como depósito y estacionamiento privado para sus directivos.
El argumento fue el mismo que esgrimió en primera instancia. Que no se tuvo en cuenta que los denunciantes carecen de legitimación procesal y en el caso de Otazo mucho más que eso: que “es un ignoto habitante del asentamiento”, lo descalifica.
''No sabíamos que para efectuar una demanda de amparo el demandante debía ser conocido por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. Buscamos en la normativa vigente y no encontramos nada al respecto'', ironizó Ibarra, quien, junto a Naddeo, solicitó a la Cámara que declare improcedente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuración General.
El planteo de la Ciudad también desconoce que el artículo 14 de la Constitución porteña amplía -y no restringe- la posibilidad de presentar acciones de amparo a ''cualquier habitante'' cuando se vean afectados ''derechos o intereses colectivos''.
''Es claro que la imposibilidad de transitar y circular libremente es una afectación del derecho colectivo y no individual –sostiene Ibarra-. Pretender que un muro que impide la circulación por una calle y sus veredas afecta solamente a las personas que viven a 50 o 100 metros de esta obstrucción es sencillamente un disparate'', agrega.
No se sabe qué terminará resolviendo la Cámara ante el nuevo recurso. Lo que sí se sabe es que, mientras tanto, la Ciudad sigue ganando tiempo.
¿Será parte de la revolución de la alegría? Para Clarín, claro.
Publicado en:
http://www.diarioregistrado.com/politica/137857-el-gobierno-porteno-volvio-a-apelar-el-fallo-que-lo-obliga-a-demoler-el-muro-de-clarin.html
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