Ordenó que se tome juramento a los nuevos miembros
El autovotado presidente del máximo tribunal quedó finalmente al frente del cuerpo que designa y remueve a los jueces. Se valió para ello de un fallo firmado por él mismo y los otros cortesanos. La Corte dejó sin efecto resoluciones de tribunales inferiores que impedían la avanzada. El bloque de diputados del Frente de Todos denunció la "gravedad institucional" del hecho.
18 de abril de 2022
"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene la resolución de la Corte Suprema.
Así, en tiempo récord el máximo tribunal, movió las piezas para que Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, asuma al frente del Consejo de la Magistratura, desoyendo las críticas a esa posibilidad por ser considerada una maniobra anticonstitucional.
La resolución de la Corte Suprema fue firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti se encuentra fuera del país.
Más temprano, la Corte había pedido al juzgado federal de Paraná que le remitiera el expediente que había otorgado la cautelar que frenó la designación de integrantes del Congreso en el Consejo.
De este modo, la Corte Suprema señaló que avanzará con la jura de los nuevos integrantes.
En ese sentido, respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.
En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".
En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".
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