Este viernes, por sorteo, se designó en el lugar de Grünberg a la jueza María Gabriela López Iñiguez.
Después de que los peritos oficiales demostraran que no hubo ilícitos
En la causa en la que están acusados Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros ex funcionarios, el juez del Tribunal Oral 1, Adrián Grünberg, afirmó que no debe hacerse el juicio y que todos los imputados tienen que ser sobreseídos, tras conocerse el peritaje de los contadores del Centro de Asistencia Judicial Federal. Pero los otros dos jueces del tribunal insisten en realizar el juicio, que se haría en 2021, año electoral.
Por Raúl Kollmann
Tras un peritaje que estableció, de manera unánime, que "no existe hipótesis delictiva en la operatoria conocida como dólar futuro y no hubo perjuicio para el Estado", el juez del Tribunal Oral número 1 Adrián Grünberg sostuvo que no debe hacerse el juicio y que los imputados tienen que ser sobreseídos por el peso de esa nueva prueba. El fiscal y los otros dos jueces del Tribunal tuvieron la postura contraria y por lo tanto el juicio se va a hacer. Ante esa decisión, Grünberg adelantó que no va a cambiar de opinión, pidió inhibirse y finalmente la Cámara de Casación resolvió este viernes, por sorteo, que el lugar de Grünberg será ocupado por la jueza María Gabriela López Iñiguez.
La previa del juicio por la operatoria de dólar futuro parece tener como trasfondo la ansiedad por tener una foto en el banquillo de los acusados de dos de las principales figuras políticas del país: la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ambos están en la larga lista de imputados, por cuanto CFK era presidenta y Kicillof, ministro de Economía. De todas maneras, el centro de la acusación va también contra el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y otros directivos del banco de bancos.
La mayoría de los imputados pidió que el juicio no se hiciera a raíz del resultado del peritaje que realizaron los contadores del Centro de Asistencia Judicial Federal, que fue creado por la Corte Suprema en 2017. Los peritos oficiales fueron Carlos Alberto Campodónico, Alejandro Del Acebo y la doctora Stella Maris Castagno. Hubo también tres peritos de parte: Carlos Sgarbi, Alfredo O’Connell y Alicia Garófalo. Lo trascendente es que los seis profesionales coincidieron en las respuestas a las 80 preguntas que formuló el Tribunal y sólo se diferenciaron en algunas ampliaciones o aclaraciones.
El razonamiento de Grünberg se expuso en 41 páginas, mientras que sus compañeros Juan Michilini y Ricardo Basilico apenas necesitaron cinco páginas para dictaminar lo contrario.
Grünberg se basó en los siguientes criterios:
* “Se produjo una prueba novedosa que sin margen de duda echa por tierra la acusación e impone concluir en la inexistencia de delito”.
* Las operaciones se realizaron -dice el peritaje- en dos mercados institucionales, el Mercado Abierto Electrónico y el Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex). Los precios a los que se operó fueron los de ambos mercados. “Hubo otros oferentes y no se verificaron diferencias de precio significativas”, señalaron los profesionales de la Corte.
* No había forma de beneficiar a determinado particular porque el sistema lo impide. “Queda descartado que se hubiera procurado un lucro indebido para persona alguna”, dice el texto.
* El propio juez, en ese momento Claudio Bonadio, permitió que se pagaran los contratos, de manera que dio el visto bueno a la operación.
* ”Dicho en forma sencilla, no se administró de forma infiel el patrimonio del Banco Central”, sostiene el peritaje.
* También transcribieron partes de la Carta Orgánica del Central en las que queda claro que el objetivo de sus operaciones no es conseguir ganancias sino apuntar a "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo".
* Pero aún así, el Central tuvo más ganancias en 2015 --cuando se concretó la operación de dólar futuro-- que en 2016. A esto se agregó la “ganancia” de conservar reservas.
* En este caso, los peritos sostuvieron que el dólar futuro permitió “morigerar los efectos cíclicos que presentaban la oferta y la demanda, evitaron el efecto negativo en el nivel de reservas por cuanto alentaba mantener las colocaciones en pesos”. Incluso hace referencia a la pregunta número 38 hecha a los peritos sobre la importancia de evitar las corridas cambiarias.
Al final de su fallo, Grünberg señala “entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate y habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito".
El fiscal Diego Velazco había dictaminado en contra sosteniendo que el peritaje de los profesionales de la Corte Suprema no era la única prueba, sino que había más pruebas y que debían exponerse en el juicio. Pero el argumento determinante de Michilini y Basilico fue que el pedido de sobreseimiento no fue presentado por todos los imputados --por ejemplo, ni CFK ni Kicillof lo pidieron-- y por lo tanto el juicio debe hacerse por una cuestión de equidad. Es un argumento asombroso, por cuanto si no existe delito, no existe para ninguno de los acusados.
A raíz de esa votación dos a uno, Grünberg planteó su inhibición porque ya opinó y no va cambiar de opinión, según dijo. La Cámara de Casación aceptó su inhibitoria, hubo sorteo, y lo reemplazará la jueza López Iñiguez. El Tribunal fijó una audiencia preliminar el 16 de noviembre para evaluar la cantidad de testigos y pensar en una fecha de inicio que sería, tal vez, en 2021.
Todo indica que la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos querrá usar el juicio para la campaña electoral, aunque la imputación es tan débil que ni los que hicieron la denuncia --diputados del PRO-- insisten mucho. Sucede que los beneficiarios de la operatoria fueron todos empresarios y economistas vinculados al macrismo que hicieron plata con la devaluación decidida por Mauricio Macri.
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