Los titulares de la Cámara de Senadores y Diputados avanzan en la implementación de las sesiones virtuales.
Imagen: Leandro Teysseire
CFK y Massa buscan poner al Poder Legislativo en funcionamiento
El Frente de Todos propone tres proyectos. Un paquete para pymes, el impuesto a las grandes fortunas y una modificación en Bienes Personales. Negociaciones con la oposición.
Por Nora Veiras y Felipe Yapur
Las autoridades del Senado y de Diputados decidieron avanzar en la implementación de sesiones virtuales o remotas. La metodología elegida tiene como objetivo mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio y al mismo tiempo legislar. No se trata de un capricho sino de una determinación que se afianzó luego del dictamen negativo del procurador Eduardo Casal sobre la posibilidad de que la Corte Suprema pueda darle validez a las sesiones a distancia. Los bloques del Frente de Todos son más que conscientes del esfuerzo al que está sometido el Estado para que, con una inversión de miles de millones de pesos, no sólo se garanticen las medidas de salud pública para contener el coronavirus sino también las consecuencias económicas que provoca la pandemia. En ese sentido, consideran como necesario e imprescindible la sanción de nuevas leyes, entre la que se encuentra el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que le permitirá al Estado obtener recursos económicos frescos.
Tanto la presidencia de la Cámara alta, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner como la de Diputados, que conduce Sergio Massa, entienden que el rechazo del procurador interino (ver nota aparte) es un anticipo de lo que vay a resolver los jueces de la Corte Suprema. En ese contexto, el Frente de Todos decidió avanzar en el funcionamiento del Congreso pero sin violar la cuarentena y poner en riesgo no sólo la salud de los legisladores sino la de todos los trabajadores que hacen funcionar el Parlamento. Entonces, la única alternativa son las sesiones virtuales.
Hasta el momento se realizaron 17 reuniones virtuales con ministros del Ejecutivo. Solo una de ellas tuvo una falla técnica y para el oficialismo eso representa una prueba de que el sistema es sólido. Ahora bien, los pasos siguientes necesitan de consenso político con la oposición para avanzar. En el mundo prepandemia, cualquier modificación al reglamento se realizaba de manera presencial en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, en la Cámara baja, y en el Senado en la de Asuntos Constitucionales. Una vez acordado, las modificaciones se aprobaban en el recinto. La intención ahora es reunir de forma virtual a estas comisiones para que se dictamine una modificación en el reglamento y se pueda trabajar a través de medios electrónicos.
En este tema las negociaciones están abiertas. Por ahora sólo la Coalición Cívica ha expresado que el trabajo remoto es inconstitucional. La Unión Cívica Radical, en tanto, ha dicho que se debe votar de manera presencial, aunque más no sea la modificación del reglamento. Para algunos integrantes del oficialismo la postura de la UCR deja abierta una posibilidad de negociación y en ese trámite se encuentran.
Ahora bien, la razón de la inconveniencia de sesionar de manera presencial es fundamentalmente epidemiológica porque el distanciamiento social que impone la cuarentena se vuelve imposible en cualquiera de las dos cámaras legislativas. Sólo en Diputados se movilizan unas 700 personas en cada sesión entre legisladores, asesores, administrativos y seguridad. Por eso el oficialismo insiste en la virtualidad del trabajo legislativo.
A modo de respuesta algunos opositores sostienen que se podría buscar un espacio más amplio para sesionar y así mantener la distancia social que reclama la prevención de la coronavirus. Pero eso igual implica el traslado desde los diferentes puntos del país a los legisladores que luego deberán guardar cuarentena.
Pero estas razones esgrimidas por la oposición también ocultan un interés político. La sesión que busca llevar adelante el Frente de Todos es para debatir al menos tres proyectos de leyes. El impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que alcanza sólo a unos 12 mil argentinos, la derogación de un artículo a la ley de Bienes Personales que implementó Mauricio Macri y que les permitió a las grandes empresas pagar menos ganancias al ajustar sus balances por inflación, y un paquete de beneficios fiscales para las Pymes, que van más allá de lo que está otorgando el gobierno nacional. Los dos primeros proyectos son los que más rechazo genera entre legisladores de la oposición y no tanto el hecho de poder sesionar de manera remota.
El dictamen de Casal no sorprendió y mucho menos evitó las críticas. Por caso, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, le dedicó una serie de tuits. En su escrito, el procurador afirmó que no existe un caso para que la Corte se expida pero Peñafort le recordó, a modo de ejempo, el caso del juez Carlos Fayt: “En 1994 se modificó la Constitución. Fayt tenia entonces 76 jóvenes años. Y la nueva Constitución establecia que los jueces podían serlo hasta los 75 años ¿Alguien le pidió la renuncia a Fayt? Nadie. Pero Fayt pidió una declaración de certeza y el Poder Judicial vio caso. Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución! Y ahora Casal quiere decirnos que NO hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”.
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https://www.pagina12.com.ar/261298-se-vienen-las-sesiones-virtuales-en-el-congreso
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