Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
El mundo está atravesado una pandemia de características inéditas para los registros de la economía mundial, reforzando la idea que la incertidumbre es la regla y certeza la excepción. En principio y sin clarividentes mediante, los hechos consolidados marcan que, a nivel mundial, los Estados están manteniendo los ingresos de los trabajadores. Por su parte, el establishment conserva sus beneficios gracias al arbitraje estatal de garantizando salarios en un mundo congelado y comienza a dar la pelea por equiparar los salarios por relocalización o pérdida de demanda, argumentando la inmovilidad de la oferta. Todos queremos más Estado, mientras nos garantice los beneficios.
Como dijimos, la seguridad es la excepción, y las teorías del porvenir, las que vaticinan cómo será el desempeño de las cadenas de suministros cuando se echen andar, seguro que se equivocarán. Los presagios oscilan entre dos extremos. El primero sostiene que “El dinero que ahora se ahorra porque la gente se queda en casa no desaparecerá; volverá a gotear en la economía tan pronto como termine la pandemia” (Gobernador del Banco Central de Islandia), lo que implicaría una rápida recuperación del empleo, aunque con salarios menores, según demostraron las crisis anteriores. Por otro lado, está la mirada más pesimista, que tienen en la Organización Mundial del Trabajo (OIT) a su vocero, sostiene que el resultado serán pérdidas alarmantes de empleo y caídas salariales como consecuencia de ello.
Hay una serie de cuestiones a considerar que confluirán en el empleo. El retorno de ciertas empresas localizadas en países de bajos salarios, que ante la ruptura de la cadena de suministros, sobre todo sanitarios, se reinstalarían lo más cerca posible a cada país de origen, con costos salariales mayores si los comparamos con aquellos donde hoy invierten. Por otro lado, los números del desempleo, la caída del consumo, la pérdida de producción y la reducción de ventas, serían los caballos de Troya capitalistas para que el Estado afronte los costos durante la cuarentena y que se puedan negociar a futuro menores salarios atados al miedo de la pérdida laboral.
La primera idea, la del retorno empresarial, contaría con múltiples ejemplos, donde podemos destacar, por un lado, a las compañías que han modificado sus criterios de exportación, y, por el otro, los países denunciados por apropiación de bienes sanitarios con otros destinos. La idea de que algunas empresas, como Massachusetts PerkinElmer (China), que produce kits para la detección de coronavirus, o 3M (China), que vende mascarillas, decidan no exportar se está imponiendo como regla, principalmente en el sector salud, por el momento. Trajes protectores, respiradores y termómetros infrarrojos deberían fabricarse en cada uno de los países y serían una ventana de opción, siempre y cuando ¡los salarios que se paguen sean competitivos con los chinos!
El mismo juicio de no exportar se aplica para Alemania y Francia, que suprimieron el Mercado Común Europeo cuando se trató del comercio de máscaras y equipos de protección y rastreo del coronavirus. Esa sería la fase amable, con un poco menos de cortesía se presentan los robos de materiales y las denuncias de Francia a Estados Unidos, de Alemania a Estados Unidos, de España a Francia o de Italia a Alemania, todas por piratería, un sálvese quien pueda. La misma lógica de escasez debería de aplicarse para Latinoamérica. Argentina mando un avión a China por suministros; si China recae, ningún avión podrá partir en busca de ayuda o de importaciones.
Bien, si esta idea es por demás de sensata para las potencias centrales, que tienen fondos para implementarlas y absorber los mayores costo generados por el empleo, para los países en desarrollo, tipo Argentina, podría inaugurar una ventana de oportunidades de inversiones con la lógica de la proximidad sanitaria. Su desventaja es que las empresas anticiparon la jugada, tanto del costo salarial diferencial con países asiáticos, como con la retracción de la demanda de productos de fabricación local, en ambos casos, mantener la tasa de beneficios depende de bajar los costos laborales, por un lado, o comprometer al Estado a afrontar una parte de ellos para evitar despidos.
Las primeras medidas en el mundo laboral ante la pandemia por parte de los Estados fue proteger a los trabajadores y no al trabajo, posteriormente sostener los ingresos y los puestos de trabajo. Hoy el coronavirus está afectando a 3.300 millones de trabajadores activos en el mundo, según el nuevo modelo de estimación de la OIT, el impacto inmediato en sobre el trabajo de 2.700 Millones de personas, dependiendo la rama. Y se estima una pérdida laboral de puestos o de horas (48 horas semanales) de 195 millones de personas.
Ante esta lógica los Estados han optado en una primera etapa por aislar a los trabajadores, reducir las horas trabajadas, aplicar subsidios parciales a trabajadores en cuenta propia, ofrecer subsidios por desempleo, eliminar los despidos, etc. Para mantener los ingresos los Estados han garantizado el pago de los haberes, en general afrontando el pago de una parte de los salarios de las pymes, diferir o postergar el pago de contribuciones patronales para los regímenes de seguridad social y por último, para proteger los puestos de trabajo se dieron facilidades impositivas y créditos blandos a las pequeñas empresas, que, en general, fracasaron o se retrasaron debido a la lógica del sistema financiero.
Argentina en este rubro tiene un doble desafío: mantener los ingresos y el trabajo, uno de los sectores más golpeados durante la gestión del gobierno anterior, que perdió en total unos 315 mil puestos de trabajo, en especial en la industria, donde la sangría fue 170 mil puestos. El Estado, a través de la ampliación del Decreto N° 297/20, que estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con el DNU 376/20, que otorga créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, así como la reducción de los aportes patronales, cubriría a potenciales receptores que rondarían los 2 millones de personas.
Hasta aquí, en Argentina, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el pago de un salario complementario a los trabajadores privados, estaría cumpliendo con el artículo ocho de DNU 297/20 ARTÍCULO 8º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Pero esta protección de ingresos está íntimamente asociada a las consecuencias del aislamiento social obligatorio en la mayoría de los países, es decir, durante la cuarentena; la verdadera pelea se dará cuando esta se flexibilice. Aun así, empresas como Techint despidieron trabajadores o pagarán una porción de los sueldos, y McDonald’s, Burger King, KFC, Wendy, Burger 54, Mostaza y Starbucks se aventuraron a pagar un 50% menos de salarios en marzo, incumpliendo el DNU 297/20. La denuncia de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo revirtió la medida en el mes de marzo, pero disminuyó los haberes en un 30% para el pago de abril, sin ningún argumento válido para recortarlo más que el miedo al despido.
Veamos más de cerca esta idea. La intención de adelantar recortes salariales tiene como finalidad mantener los beneficios o minimizar las pérdidas futuras por relocalización o caída en la demanda. Se pretende forzar una salida de la cuarentena desordenada, con caídas en la demanda y falta de respuesta de la oferta, que presione sobre las condiciones del mercado laboral y garantice nuevas caídas salariales, sin lógica de productividad. Ante la falta de demanda, se reclama nuevamente a la selección entre recorte salarial o despidos, para volver a retraer los salarios, o conseguir que el Estado garantice una parte de los mismos. De esta manera, se limita la diferencia salarial de la deslocalización o por la reducción de la demanda, pretendiendo que afecte de manera marginal sus beneficios.
Brasil es un buen ejemplo a seguir. El Supremo Tribunal Federal autorizó que se prescindiera de los sindicatos en la reducción proporcional de horas o salario en la actividad privada. Si no se trabaja no se cobra. La idea es simple: quien no trabaja que su costo lo afronte el Estado; quien trabaje menos cobrará menos, y ante la eminente pérdida de trabajo, la reducción salarial de común acuerdo entre empresa y trabajador sería la mejor solución.
La OIT entiende que se encuentra en riesgo un porcentaje de la población laboral de ciertos sectores específicos. (Por cierto, cualquier estimación debe tomarse con mucho cuidado, dado el desconocimiento existente de una gran cantidad de variables). Oxford Economics creía que los EE. UU. tendrían 20 millones de desempleados, algo que consiguió en solo 2 semanas. Las proyecciones de caída del PBI, empleo, demanda, no son conocidas, pero los registros de sucesos pasados, como el que narra Michael Roberts en La Gran Depresión, se sabe que “no hubo ningún retorno al crecimiento tendencial anterior. Cuando se reanudó el crecimiento, fue a un ritmo más lento que antes”. Y según Ken Rogoff, ex economista jefe del FMI, “Estamos asistiendo a un colapso de los precios de los productos básicos y a un colapso del comercio mundial diferente a todo lo que hemos visto desde la década de 1930”.
Para el caso de nuestro país, siguiendo la definición de la OIT de los trabajadores en situación de riego por sectores, elaboramos una tabla, que aparece al final del texto, y que establece que de los 6 millones de trabajadores registrados en el sector privado, están comprometidos 3 millones de trabajadores, de los cuales 626 mil serían los de riesgo, lo que elevaría el desempleo en 5% en el segundo semestre.
La historia de la economía argentina demuestra, ya sea en la dictadura militar (1976-1983), durante caída del radicalismo (1987-1989), o el menemismo, que las relaciones de aumento del desempleo traen retrocesos salariales del orden del 30%, con una duplicación del desempleo. En 1979 había un 2.6% desempleo, 1983 un 5.5%, 1989 un 8.9% y 1999 se alcanzó el 14.5%. Todos los saltos del desempleo fueron con pérdidas salariales extravagantes, y al parecer, este es el panorama que se quiere instalar.
Cómo combatir esta lógica, que suele intimidar a los trabajadores, sindicatos o gobernantes, donde la derecha y la izquierda adhieren a un ingreso básico universal, sólo dependerá de la lógica que se le dé. La derecha lo admite mientras se eliminen las protecciones sociales del Estado del bienestar. El progresismo va desde elevar el piso salarial hasta recomponer los ingresos, mientras que otros tratan de impulsar el ingreso básico universal como un modo de evitar un futuro aún más sombrío, o como una oportunidad para construir una utopía.
Lo cierto es que el poder de los empleadores está en relacionar trabajo con comida y desempleo con hambre. Ese es su poder. Si esta lógica se quita de la ecuación, su poder se diluye. Esta será la batalla que vendrá.
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