En otras marchas, los manifestantes solo debieron notificar con antelación la realización de la protesta. Qué dice la ley.
11 de abril 2017
El Gobierno salió a justificar la represión a los docentes con una supuesta falta administrativa de parte de los gremios. Argumentaron que no tenían autorización y no habían presentado informes técnicos para montar la carpa itinerante. Pero la ley lo desmiente.
El código contravencional juega a favor de lo que afirman los gremios. En el apartado dedicado al uso del espacio público, el artículo 78 establece: "Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento".
Es decir, el derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades no está sometido por el código de contravenciones y el manifestante debe dar "aviso", que es unilateral, y no pedir "autorización", que implica una respuesta explícita de la contraparte (en este caso, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires).
"La carpa estaba puesta sin interrumpir el tránsito vehicular. En principio, no veo que se haya violado ninguna norma, el problema es que evidentemente no querían una carpa blanca", afirmó a El Destape Juan Pablo Godoy Vélez, integrante del Consejo de la Magistratura porteño y miembro del Encuentro de Abogados Independientes. "No necesitás autorización, das aviso para arbitrar los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos manifestantes y los que transitan la zona", explicó.
En declaraciones a radio Mitre, Larreta aseguró: "Tenés que presentar además un informe técnico de un profesional que garantice la seguridad de lo que se va a armar. Es normal que se pidan permiso para uso de espacio público cuando hay una marcha, un show, un festival o una feria".
La enumeración del jefe de Gobierno no es secundaria. El propio Código Contravencional distingue claramente entre uso de espacio público para ejercer los derechos constitucionales y el uso para "actividades lucrativas", en los cuales sí habla de "autorización" (artículos 83 y 84). "Quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos", asevera la norma.
Para Godoy Vélez, "en la Constitución no hay nada que impida o regule el derecho a manifestarse". El Destape intentó comunicarse con funcionarios y voceros del Gobierno porteño para conocer qué normas se estaban incumpliendo, pero las llamadas y los mensajes no fueron contestados.
Los antecedentes de las últimas marchas
El día de la represión, CTERA mostró que efectivamente avisó que iba a realizar un acto el lunes siguiente, en referencia a la carpa itinerante que pensaba montar frente al Congreso para pedir la apertura de la paritaria nacional. El aviso fue enviado el viernes 7 de abril y posee el sello de recepción de mesa de entradas.
Una fuente de la CTA consultada por El Destape desmintió que hayan tenido autorización para realizar la Marcha Federal, en la cual montaron un escenario en la Plaza de Mayo. "Solo notificamos y listo, si esperamos autorizamos la hacemos dentro de 4 meses o no se hace nunca". "Es todo verso lo que están diciendo", afirmaron.
El caso del 24 de marzo es particular. Al tratarse de una manifestación tradicional, los mecanismos para realizarlo ya están más aceitados. Según explicaron desde la agrupación HIJOS, el Estado es quien provee el escenario todos los años y desde las organizaciones piden ciertas cuestiones, como el servicio del SAME. En estos casos sí precisan la respuesta para confirmar que tendrán esa asistencia, pero nunca tuvieron problemas en ese sentido. El gran cambio este año en relación a los anteriores es que en esta ocasión las reuniones previas fueron con el Gobierno porteño ya que, argumentaron, "Patricia Bullrich incumplió todos los compromisos".
Para la Marcha del Orgullo LGBT, el Gobierno porteño suele pedirle a los organizadores la contratación de un seguro contra todo riesgo (alrededor de $10 mil, deslizaron a este medio) , la instalación de baños químicos y un permiso de corte de calle, algo bastante polémico si se tiene en cuenta la legislación vigente. De los dos escenarios que se montan, deben presentar un croquis de dónde estarán ubicados.
Precisamente, la organización (organismos como CHA o la Federación LGBTIQ) presenta los papeles que le piden pero año a año lo objetan, argumentando que no les corresponde hacerlo.
Publicado en:
http://www.eldestapeweb.com/represion-docentes-que-no-era-necesario-que-pidieran-autorizacion-n27673
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