Imagen: Dyn.
Por Luis Bruschtein
Los chaqueños irán a votar mañana bajo la amenazante decisión del tribunal que anuló las elecciones en Tucumán. Es una situación parecida. Toda la oposición unida, de izquierda a derecha, pensaba que iba a ganar. Pero el regreso de Jorge Capitanich ordenó las filas del oficialismo y ahora las encuestas y las PASO indican que ganarán por amplio margen y le arrebatarán incluso a la oposición su bastión en Resistencia. Si la oposición consigue un juez amigo pueden repetir la misma historia que en Tucumán, donde dos jueces afirman que los que sabían que iban a ganar, hicieron trampa sin necesitarlo, nada más que por espíritu deportivo. Los dos jueces tucumanos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (con pretensiones de tribunal electoral) Salvador Ruiz y Ebe López Piossek ganaron el campeonato de la desmesura al ser los primeros en anular una elección provincial en treinta años de democracia, con pruebas insuficientes y desde un fuero que no correspondía. Retrasaron 40 o 50 años el reloj de la historia y superaron a los carapintadas como hecho significativo del espíritu antidemocrático que todavía respira en la sociedad argentina y en especial en la corporación judicial. La actitud de Ruiz y López Piossek, como acto de proscripción, hace recordar a las épocas posteriores al golpe del ‘55 y constituye un síntoma de que el modelo preponderante de Poder Judicial se congeló en ese pasado de esencia conservadora y elitista que modeló a la corporación y que nunca fue tocado. Habría que sumar el fallo contra el periodista Víctor Hugo Morales al que se le aplicó una multa millonaria, y la impunidad, en contrapartida, con que el Grupo Clarín adquirió la empresa Nextel con un procedimiento irregular al mismo tiempo que la Justicia impide que el monopolio mediático se desmonopolice. Ese modelo de Justicia quedó claro cuando la derecha radical y el PRO se unieron en el 2010 para llevar al Consejo de la Magistratura a Alejandro Fargosi, cuyo padre Horacio había sido presidente de Aerolíneas durante la administración privada y fraudulenta de Marsans. Actualmente el estudio Fargosi y asociados (Horacio Fargosi falleció el año pasado) asesora al fondo buitre Bulford en el litigio contra Argentina por Aerolíneas. El mismo Alejandro Fargosi está especializado en comunicación por lo que fue directivo de grandes empresas como Telefónica y consecuentemente uno de los principales detractores de una la ley de medios que afecta a las corporaciones multimediáticas.
La oposición naturaliza y hasta se ufana del uso político de la Justicia que ha retrasado juicios por derechos humanos, obstruido leyes aprobadas democráticamente por el Congreso, protegido a corporaciones mediáticas y perseguido a funcionarios. La renuncia de Carlos Fayt a la Corte Suprema demostró que el argumento del oficialismo de que el juez ya no asistía a las reuniones del cuerpo por su avanzada edad no era una excusa sin sentido. El magistrado no estaba en condiciones de seguir en la Corte con sus 97 años y así lo confirmó ahora su retiro. Sobre esa renuncia, el diario La Nación editorializó: “Me voy cuando yo quiero” como si fuera ético que un juez de 97 años se pusiera por encima de la Constitución que estipula que los jueces se deben retirar a los 75 años.
Justicia y medios constituyen una dupla maltratada por el mal uso. El día siguiente de la anulación de las elecciones en Tucumán y en medio del escándalo por la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por el PRO, se conoció el fallo contra Víctor Hugo al mismo tiempo que inspectores del gobierno porteño clausuraban el galpón de móviles del canal C5N. La intención intimidatoria fue evidente. Todo el escándalo Niembro está relacionado con la forma arbitraria y poco transparente con que el gobierno de Mauricio Macri distribuye una pauta publicitaria que ha crecido 900 por ciento desde 2008, a un ritmo mucho mayor que la pauta del gobierno nacional. C5N denunció que el gobierno porteño le había retirado la pauta, que en general, con la llegada de Macri disminuyó o directamente se quitó a los medios críticos de su gestión. Las inesperadas apariciones de Macri durante la televisación de un partido relatado por Niembro no pueden ser facturadas abiertamente. En general los “chivos”, como se denomina esta práctica ilegal bien conocida por los periodistas, no se pueden facturar como tales.
Macri emitió cientos de decretos de urgencia para asignar en forma directa partidas de publicidad que suman cientos de millones de pesos a empresas montadas por ex legisladores del PRO, ex funcionarios o amigos suyos, que creaban empresas cuyo único cliente era el Gobierno de la Ciudad. A su vez, la administración de Macri es la que tiene los topes más altos, entre dos y tres millones de pesos, para asignar partidas en forma directa sin necesidad de licitación pública. El tope en la administración nacional es de 200 mil pesos. El escándalo de Niembro no queda circunscripto al ex vocero menemista, sino que involucra a Macri y al pésimo manejo de la pauta publicitaria durante su gestión.
Mauricio Macri sabe que tiene pocas posibilidades de ganar las elecciones y sabe también que no le conviene ganarlas así. Si el kirchnerismo deja ileso el gobierno, como está sucediendo, a la oposición le será muy difícil concretar sus metas más ambiciosas para la restauración del modelo neoliberal. La crisis económica que esperaban para la recta final de la gestión de Cristina Kirchner no se produjo y la presidenta se va sin desgaste y con alta imagen positiva, incluso con síntomas de recuperación del crecimiento y con logros en la política exterior, como la votación en la ONU contra los fondos buitre.
El desplante rabioso que ha caracterizado la relación de la oposición con el gobierno, una actitud que le impide reconocer zonas de la gestión, como la relación con los fondos buitre, la estrategia sobre Malvinas, la política de derechos humanos y las alianzas regionales, que deberían constituir políticas de Estado, revela algunas señales de revanchismo similares a las que se produjeron tras el golpe de septiembre del ‘55 contra el peronismo. El estado mayor del macrismo hizo trascender que una de las primeras medidas en caso de ganar las elecciones sería la organización de grandes juicios contra la corrupción. Más que una campaña contra la corrupción, este engendro tiene la sombra delatora de una cacería de brujas al estilo de las que ya se realizan con ayuda de periodistas opositores y jueces amigos que abren causas que nunca demuestran nada pero que generan mucho ruido político.
El revanchismo antiperonista del ‘55 se mantuvo durante 18 años, con sus fusilamientos, represiones y proscripciones y siguió latente como una forma natural de los no peronistas para relacionarse con el peronismo desde un pedestal de superioridad y desprecio. Ese revanchismo dejó heridas profundas en la sociedad y le abrió las puertas a la violencia. Es el peor espejo en el que se puede mirar una oposición que mantiene rasgos del viejo gorilismo, al punto de aceptar alinearse detrás del candidato más conservador que había en plaza.
Se habla mucho, y en algunos casos con razón, de algunos vicios del peronismo, y una de las metas de construcción de ciudadanía, para los mismos peronistas, tendría que ser la superación de estas prácticas. Por otro lado, la desaparición del gorilismo sería un avance importante para la madurez democrática del país. Quizá sea el paso más importante para una oposición que con esa actitud se cierra a cualquier posibilidad de coexistencia con el peronismo. Aceptar al otro diferente sin menosprecio ni desdén es la base de cualquier coexistencia democrática. El gorilismo que enturbia la producción y las actitudes de muchos intelectuales y políticos inteligentes de la oposición es un gran enemigo de la democracia.
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