El desacato que dictó ayer el juez Thomas Griesa contra la República Argentina admite una lectura judicial y otra política. Sobre la primera, hay que decir que no hay en la legislación estadounidense aval para declarar en desacato a un Estado extranjero, más bien ocurre todo lo contrario. Según la ley de "Inmunidades Soberanas Extranjeras" (FSIA), la propiedad de un Estado extranjero es "inmune de embargo, secuestro y ejecución". Por eso Griesa no multa, porque una orden de sanciones pecuniarias, que afecta las propiedades soberanas, sería imposible de cumplir sin estar violando, a la vez, la propia ley estadounidense que el juez, en teoría, debe acatar.
Además, el derecho y la práctica legal internacional impiden represalias de este tipo. Países como Canadá, Reino Unido, Israel y Australia lo prohíben en sus legislaciones de modo taxativo, la Carta de la ONU habla de la "igualdad soberana de todos sus Miembros" y la Carta de la OEA expresa, de manera tajante: "Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado".
Griesa dice que la recientemente aprobada "Ley de Pago Soberano", medida autónoma que la República Argentina tomó para seguir cumpliendo sus obligaciones con el 94 % de los bonistas que entraron a sus canjes, desconoce su fallo incumplible que exige pagarle a los holdins y a los buitres –el 1%– al mismo tiempo, y se queja porque eso sería, en la extravagante interpretación de su rol en el pleito, un desacato, desconociendo que un tribunal de los Estados Unidos no puede prohibir que un Estado extranjero debata y apruebe normativa propia. De lo contrario, sus facultades serían las de un juez imperial cuya jurisdicción no reconocería límites planetarios. Una exorbitancia, aún para un magistrado de los Estados Unidos. Al menos hasta hoy, la capital de la Argentina sigue siendo Buenos Aires, y no Washington o Nueva York.
Griesa aplica la ley, o mejor dicho, la interpretación que él hace de la misma, como si la Argentina fuera un particular o una empresa. Desconoce que dictar el desacato contra un país soberano como el nuestro tiene derivaciones que lo exceden en sus atribuciones. La deuda con los holdouts que podrían pedir un tratamiento similar al que reciben los buitres en su fallo dispararía de modo reflejo un reclamo casi inmediato de unos U$S 20 mil millones (las dos terceras partes de las reservas del país) y la activación de la cláusula RUFO por centenares de miles de millones de dólares, que haría caer la exitosa reestructuración de la deuda canjeada en 2005 y 2010, y habilitaría la quiebra del Estado Nacional por varias generaciones.
Anoche, el gobierno repudió la medida del "juez municipal" y pidió que Estados Unidos acepte la demanda que nuestro país presentó en la Corte de La Haya para que responda por la actitud destemplada y avasallante de un representante de su Poder Judicial. "La decisión del Juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina", sostiene el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lleva la firma de Héctor Timerman. Hasta aquí, la lectura judicial de lo decidido por Griesa.
En términos políticos, puede decirse que el desacato del juez neoyorquino responde a una pésima evaluación de la realidad interna que atraviesa nuestro país por parte de un sector del Departamento de Estado. El kirchnerismo gobernante será, para los diarios que ya sabemos, y que forman parte de la minuta desinformativa del magistrado y los diplomáticos como Edgar Sullivan, encargado de Negocios de la embajada estadounidense, la corporización de un autocracia de tinte populista sin arraigo efectivo en la sociedad, pero la verdad es que las últimas encuestas, entre ellas una de Consultora Equis que relevó 1200 casos entre junio y julio de este año, revelan que el 66,2 % de los participantes se mostró de acuerdo con la forma en la que el gobierno negocia con los fondos buitre, y que el 70,1 % de esa gente votaría al candidato que postule la presidenta Cristina Kirchner. Esa foto refleja, en términos técnicos, un piso del 40% para las elecciones de 2015. Alto, demasiado alto para un gobierno que, según Joaquín Morales Solá o Carlos Pagni, está más cerca del olor a cala que de la resurrección. ¿Quién de los opositores llegaría hoy al 31% de las adhesiones necesarias para evitar que el Frente Para la Victoria gane en primera vuelta con cualquiera de sus candidatos?
El sector del Departamento de Estado que monitorea el fallo Griesa incurre en equivalencias extravagantes. Supone que un desacato dará aire a la oposición local, que multitudes se podrían volcar a las calles como sucedió en Venezuela para derrocar al gobierno, que las marimbas caraqueñas son equiparables a los cortes de la Panamericana que ensaya la izquierda desopilante, que los sindicalistas antikirchneristas gozan de mejor reputación que el más criticable de los funcionarios kirchneristas, en fin, que la guerra de cuarta generación con la que pretenden esmerilar a un gobierno insumiso necesita, apenas, del síndrome portorriqueño de la política doméstica, de la nostalgia de las "relaciones carnales" de otro tiempo y de los foros de lectores de los diarios Clarín y La Nación que destilan una violencia que sueñan con ver trasladada a las calles.
Se equivocan feo. Griesa con su intromisión descarada en la soberanía nacional le acaba de entregar una mochila de plomo a los opositores que desde el primer día lo pusieron en el lugar de la sensatez y, por default, le entregó al gobierno una distinción patriótica que reconfigura todo el escenario político local, empujando a la marginalidad a los espacios liderados por Mauricio Macri, Sergio Massa y Julio Cobos. Ellos no competían para ser concejales del distrito de Nueva York, querían ser presidentes de la Argentina.
Pero para ser presidentes, primero tendrían que reconocer que la Nación existe y que los fallos de jueces extranjeros que atentan contra la propia soberanía la desconocen en la práctica. Así de simple, así de dramático. Es probable que los cerebros del Departamento de Estado se hayan equivocado porque el insumo noticioso que utilizan está contaminado de una exagerada irrealidad. Las editoriales de Clarín y La Nación delatan un rechazo visceral al kirchnerismo que nubla la realidad de las cosas, incluso para los legítimamente antikirchneristas. Donde el Pentágono ve marimbas y autos incendiados, hay una sociedad que quiere vivir en paz. No sería extraño que la desestabilización que buscan se traduzca finalmente en multitudes saliendo a las calles, aunque no para pedir que el gobierno democrático se vaya, como soñaban, sino para ratificar que entre los buitres y la Patria no hay elección posible.
Mejor dignos y desacatados, que de rodillas, sin Patria y sin futuro. Hacernos ver esto, verificarlo en los hechos, es lo único que, al fin de cuentas, debemos agradecerle al increíble juez Griesa y sus amigos.

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