El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue el foco de casi todas las críticas. Imagen: Carolina Camps
El proyecto insignia del Gobierno se encontró con nuevos obstáculos en el Senado
Salvo que se decida a hacer más concesiones, Milei llegará al Pacto de Mayo sin la ley ómnibus ni el paquete fiscal sancionados. Tampoco tendrá dictamen favorable este jueves, en simultáneo al paro de la CGT. El RIGI fue el protagonista de los señalamientos de la oposición light en la segunda jornada de debate en la Cámara alta. Ganancias podría caerse. Todo indica que el texto volverá a Diputados. Define el bloque radical.
Por María Cafferata
9 de mayo de 2024
Los senadores de la oposición no dan el brazo a torcer y, a menos que el Gobierno nacional decida comenzar a hacer concesiones, no habrá Ley Bases y paquete fiscal sancionado para el Pacto de Mayo. El Senado fue escenario de una segunda jornada de reuniones informativas en donde los indecisos —que son los votos claves para la sanción de los dos mega proyectos de Javier Milei— volvieron a plantear una oleada de objeciones y pedidos de modificación para los cuales el oficialismo no tiene aún una respuesta.
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El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el foco de casi todas las críticas, aunque LLA se ilusiona con poder aprobarlo de la mano de algunos votos peronistas. Diferente es el caso de la restitución de Ganancias, que casi inevitablemente se caerá en la votación en particular. En la Rosada, sin embargo, no se estresan demasiado: si bien les preocupan los tiempos, confían en que, más tarde que temprano, tendrán una mayoría en Diputados que les permitirá ratificar la versión original de la ley.
Con la ola de recriminaciones de la jornada del martes todavía resonando en los oídos de los funcionarios, el Gobierno nacional encaró el segundo día de debate en el Senado preparado para lo que, horas después, se confirmaría: no estaban las firmas de los aliados más hostiles —Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Edgardo Kueider (entrerriano exFrente de Todos)— para dictaminar el jueves. La sospecha gestada el día anterior, luego de las críticas proferidas por varios opositores "amigables", se terminó profundizando el miércoles, cuando, a las críticas por el RIGI, se sumaron los cuestionamientos a la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el blanqueo de capitales.
"Se necesita más tiempo porque la ley, así como está, se te puede caer en el recinto. Hay muchos puntos pendientes todavía y si no hacen algunas concesiones te van a terminar volteando los artículos en el recinto", analizaba una dirigenta radical, sabedora de que es la UCR la que definirá el futuro de las dos leyes. La bancada, que ya se había dividido cuando se rechazó el DNU, viene sosteniendo intensas discusiones internas sobre cómo votar los dos mega proyectos. El martes a la noche, los gobernadores radicales, alarmados por la voluntad de algunos senadores de votar en contra de la ley, se habían movilizado hasta el Senado a pedirles que acompañarán las leyes de Milei. De un lado estaban Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que argumentaban a favor de darle al presidente las "herramientas", y del otro estaban Lousteau, Blanco y Maximiliano Abad, que tienen varias objeciones y no terminan de definir si acompañarán o no.
Al frente de todas las críticas esta el RIGI, ese régimen con beneficios exorbitantes —como libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas— por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. No solo la dupla rebelde de Lousteau y Blanco lo votaría en contra, sino que Kueider, los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y, probablemente, "Camau" Espínola también manifestaron su rechazo. Incluso Tagliaferri, la única senadora del PRO — responde a Horacio Rodríguez Larreta— que viene manifestando dudas sobre su acompañamiento a la ley, manifestó objeciones respecto al RIGI. Es decir que La Libertad Avanza necesitará de los votos de algunos senadores de Unión por la Patria —como el catamarqueño Guillermo Andrada o el sanjuanino Sergio Uñac— para aprobar el capítulo.
Otro de los puntos que tambalea es la eliminación de la moratoria jubilatoria que se había sancionado el año pasado. A los 33 votos en contra de UxP, se le suman el de los santacruceños, la neuquina Lucila Crexell (que ingresó dentro de una lista de Juntos por el Cambio pero ahora mantiene una alianza con el gobernador "Rolo" Figueroa), la rionegrina Mónica Silva, Kueider, Espínola e, incluso, la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider viene trabajando para que los tres integrantes de Unidad Federal —él, Vigo y "Camau"— voten de manera unificada, volviéndose así un actor clave que podría definir qué artículos se caen y cuáles no. Cerca del correntino y el entrerriano, sin embargo, reconocen que Vigo está más "limitada" al tener que responder a los intereses del gobernador Martín Llaryora. El RIGI es uno de ellos —Llaryora ya llamó a votarlo a favor—, pero moratoria no.
Las privatizaciones, mientras tanto, recibieron algunos cuestionamientos más puntuales de parte de senadores como Blanco (que es fueguino y está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas). Pero el oficialismo confía en que tendrá la mayoría para aprobarlo. Distinto es el caso de las facultades delegadas: son varios los senadores que no quieren darle facultades extraordinarias al Presidente y en UxP ya se anotan el rechazo de Crexell, Silva, los santacruceños y Kueider.
Ganancias es una discusión aparte que se debatirá el jueves en la comisión de Presupuesto. Los patagónicos demandan que se incluya algún tipo de excención para la zona —que cuenta con un costo de vida más elevado y, por lo tanto, salarios más altos— y amenazan con voltearle el capítulo si el gobierno no acata.
El escenario de objeciones, en principio, no ofrece un panorama muy alentador para el oficialismo. Por estas horas, sin embargo, la mayor preocupación del gobierno es sancionar lo antes posible las leyes para poder llegar al 25 de mayo con los dos proyectos convertidos en ley. En Casa Rosada no se muestran reactivos a incluir modificaciones, confiados en que, cuando los proyectos vuelvan a Diputados, el oficialismo podrá reunir de nuevo una mayoría para ratificar la versión original.
El debate
La segunda jornada de debate del plenario de comisiones en el Senado había contado con la presencia, primero, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Uno de los principales temas de discusión, que no se había tocado el día anterior, fue la reforma laboral, que el Gobierno defendió con entusiasmo. "Si las normas no acompañan, si crean un riesgo exagerado o son imposibles de ser controladas, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa", explicó el exabogado del Grupo Techint, reivindicando una reforma que elimina las multas por trabajo no registrado y propone reemplazar las indemnizaciones por fondos de cese laboral. "Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas, como en los 90 que fracasó, van a conseguir resultados diferentes", cuestionó Mariano Recalde (UxP).
Lousteau, mientras tanto, aprovechó la presencia de Chirillo para volver a apuntar contra el RIGI y cuestionarle por la forma que uno de los artículos —el 191— sostenía que las empresas que adhirieran al régimen no podrían ser afectadas por restricciones de insumos en base a "prioridades de abastecimiento": "Si en algún lugar en Argentino uno de los insumos, agua o energía, pasa a ser clave y escaso, (la empresa) tiene prioridad sobre la gente", cuestionó el senador radical. "Quizá la redacción no sea feliz", reconoció Chirillo, a lo que Tagliaferri, fuera del micrófono, le respondió "Hagamos que sea feliz".
A Chirillo los senadores le cuestionaron la deuda que Nación tiene con las generadoras de energía. Uno de los más incisivos fue, en ese sentido, Kueider, que denunció que a las empresas entrerrianas se les estaba haciendo "imposible operar". El secretario de Energía solo atinó a responder que estaban "trabajando" en el tema y, acto seguido, pasó a defender la decisión del Gobierno de modificar la ley de hidrocarburos de forma tal que la prioridad del Estado nacional no fuera ya el autoabastecimiento: "Tenemos una ventana de oportunidad, tenemos que sacar la mayor cantidad de exportación posible", expresó. Le respondió Oscar Parrilli: "Lo único que quieren es maximizar las ganancias. Parece que tuviéramos un CEO de una empresa multinacional que viene a explotar los recursos de Argentina".
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