Javier Milei durante la presentación de su libro en Madrid.
¿Qué sucede en otros países cuando un presidente viaja a un acto partidario?
El viaje de Javier Milei a España desató la polémica. Las leyes de Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros, obligan a los partidos políticos gobernantes a correr con los gastos de los viajes personales de los presidentes. En Argentina no existe una ley específica sobre el tema, pero quienes transitaron por la Casa Rosada sostienen que usar fondos públicos en beneficio personal encuadra en malversación de caudales públicos.
Por Raúl Kollmann
19 de mayo de 2024
La consigna “con la nuestra”, tantas veces repetida por Javier Milei, aplica perfectamente a sus viajes privados, como el que realiza a España, en el que participa de un acto partidario de Vox, la fuerza de ultraderecha. En su carrera por la reelección, en 2019, la tesorería de la campaña de Donald Trump, tuvo que pagar 1.400.000 dólares por el uso del avión Air Force One, para participar de algunos actos en La Florida. Lo propio tuvieron que hacer Barack Obama por dos viajes en 2012 y antes George W. Bush en 2004. En todos los casos se utilizaron criterios discutibles: se calculó el costo del pasaje en primera clase o de un charter. Las organizaciones civiles siempre consideraron que el cálculo es bajo, porque un viaje presidencial implica el movimiento de todo el aparato de seguridad, no sólo en el viaje mismo. La cuestión no está planteada únicamente en Estados Unidos. Las leyes obligan a los partidos de un presidente a pagar los gastos en el Reino Unido, Canadá, Australia y muchos otros países. Incluso con términos más duros que los que rigen en la política norteamericana. La Argentina no tiene una ley específica, pero quienes transitaron por la Casa Rosada sostienen que encuadra en malversación de caudales públicos utilizar fondos que tienen un destino y se tuerce en beneficio personal.
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Seguridad y excusas
Las normas generales admitidas por todos los países priorizan la seguridad presidencial: un mandatario no debe viajar en vuelos comerciales si tiene un avión oficial disponible. Es el caso del ARG-01, un Boeing 757-256, comprado durante el gobierno de Alberto Fernández. Además, debe tener la custodia y los acompañantes correspondientes. Es cuestión de seguridad del presidente pero también de los pasajeros de un avión comercial.
Sin embargo, las leyes y los códigos de la mayoría de los países impiden que un presidente utilice lo público en su beneficio personal, o sea, en una gira proselitista o partidaria. Es algo común en los países (Estados Unidos entre ellos) que admiten la reelección. Y también sucede en las elecciones de medio término. Los presidentes hacen campaña.
En una jugada de urgencia, ante los cuestionamientos, el vocero presidencial Manuel Adorni, adujo que habría una reunión con importantes empresarios españoles, algo que nunca figuró en los objetivos del periplo. A las corridas tuvieron que armar un listado y, por supuesto, los CEO de las compañías que tienen intereses en la Argentina tuvieron que hacerse presentes a las corridas.
Incluso esa alternativa está planteada en las normas norteamericanas: si un presidente va a un acto partidario, pero también se encuentra con el gobernador de ese estado o realiza cualquier actividad oficial, se hace un prorrateo: el partido político le paga al Tesoro una parte y el Tesoro absorbe el resto.
En Estados Unidos la norma se llama Hatch Act; en el Reino Unido la cuestión se rige por el Ministerial Code; en Canadá por el Conflict of Interest Act y en Australia el mandatario firma un compromiso de no usar los bienes del estado para actividades no-oficiales. En Alemania el Konrad Adenauer, que es el avión presidencial, es operado por la Fuerza Aérea y rige una prohibición de utilizarlo para vuelos que no sean oficiales. En Francia el avión presidencial se llama Cotam 001 y tampoco existe una norma escrita: se trata de parámetros de transparencia que todos los mandatarios cumplen. Lo mismo en España.
Cálculos flojos
Aún en esos países, se cuestionan numerosísimos aspectos de la operatoria partidaria de los presidentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Australia se hace el cálculo del costo del vuelo en base a lo que vale la misma travesía en un charter, en avión equivalente. En el caso del vuelo de Milei a Madrid, los valores oscilan entre 237.000 y 257.000 dólares por tramo, o sea medio millón de dólares, sólo por lo que vale el vuelo. Ese medio millón no incluye, además, el costo del avión parado en Madrid durante tres días. Y ni hablar de los gastos de hotel del mandatario, su comitiva y su custodia; la movilidad, las comidas y todas las demás erogaciones.
En Estados Unidos hay planteos judiciales contra Trump porque, además de aviones, utilizó sus hoteles y resorts en los periplos partidarios. Por ejemplo, la residencia de Mar-a-Lago, en La Florida, se utilizó en viajes vinculados con actividades del Partido Republicano. Lo que se cuestionó fue que la custodia fue alojada a precios tres veces más altos que los habituales, pero la defensa de Trump alegó que eso era lógico porque la presencia de un presidente inhabilita el uso de gran parte del complejo. La causa todavía está en marcha.
Sin ley en la Argentina
Página/12 consultó con ex funcionarios de la Casa Rosada quienes afirmaron que, como ocurre en Europa, no hay ley específica en la Argentina sobre el uso privado de bienes del estado. Sin embargo, entra en juego la malversación de fondos, un delito que se comete cuando un funcionario desvía los bienes públicos en beneficio propio.
La doble vara de la derecha y de la justicia alineada con el macrismo queda al descubierto cuando el exvicepresidente Amado Boudou fue acusado de dádivas porque viajó a Necoechea en un avión y un helicóptero privado para participar de un acto partidario. A Boudou incluso le prohibieron salir del país por ese expediente, en el que -según declaró- ni siquiera conocía a los empresarios dueños del avión y el helicóptero. La causa se inició en 2011 y se cerró en 2018, o sea lo mantuvieron procesado siete años.
También hubo un largo proceso contra Cristina Kirchner por los viajes que llamaron “para llevar diarios a Santa Cruz” y que en verdad implicaban cambios de custodias y, sobre todo, la concreción de horas de vuelo del avión presidencial y la tripulación que, caso contrario, perdían la habilitación. Es un expediente que sigue abierto, pese a que fue archivado más de una vez.
Lo cierto es que hoy en día ni los fiscales ni los habituales denunciadores seriales ni los medios que hacían tapas con aquellas denuncias contra CFK se preocupan por el tiempo y el dinero que Milei gasta para promocionarse a sí mismo en el plano internacional. Después de hacer campaña alrededor de los gastos de la política o, mejor dicho, de la casta política, el libertario se despachó con varios viajes, consignados en este diario por el periodista Matías Ferrari.
*Milei estuvo en Washington en febrero en la Conferencia Política de Acción Conservadora;
*En abril fue a recibir el inexistente reconocimiento de Embajador internacional de la Luz
*En mayo aterrizó en Los Angeles para el foro del Milken Institute, también vinculado a la derecha internacional.
La única denuncia que se conoce hasta ahora la presentó el dirigente de izquierda, Gabriel Solano.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/737781-viajes-privados-dinero-publico
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